Los indignos indignados y la violencia radical

Este pasado fin de semana confluyeron en Madrid en una gran manifestación todas las denominadas “marchas por la dignidad”, que desde diversos puntos de España se citaron en la capital de España para protestar por los “recortes salvajes”, clamar contra la subida de impuestos, denunciar los embargos y desahucios de viviendas, defender la sanidad y la educación públicas y, en fin, alzar la voz ante “la agresión violenta del capitalismo salvaje hacia la ciudadanía”. Cuestiones que despiertan de buena fe la simpatía de algunos segmentos de la población que más han sufrido y están sufriendo la crisis económica. Por ello, cerca de cuarenta mil personas se juntaron y recorrieron, al comienzo pacíficamente, el último tramo entre la plaza de Atocha y la plaza de Colón en un ambiente festivo, reivindicativo y, eso sí, con proliferación de banderas inconstitucionales republicanas, anarquistas y todo tipo de parafernalia antisistema.

Todas estas proclamas y reclamaciones, independientemente de que se esté o no de acuerdo con ellas, son en principio legítimas y defendibles por cauces legales y pacíficos en una democracia representativa tanto desde la calle como desde el Parlamento. Sin embargo, todas ellas palidecen ante la demagogia y el tufo radical que desde el inicio dichas “marchas por la dignidad” desprendían. Así, ya desde el primer momento en que fueron convocadas, hubo llamamientos de la ultraizquierda política y de los movimientos anstisistema a través de las redes sociales para “derrocar el orden político establecido” y remover violentamente desde el “poder real de la calle” el sistema democrático de partidos. Esto, desgraciadamente, es lo que algunos entienden por dignidad, y es también lo que cacarearon al unísono el acostumbrado coro mediático que les jalea invariablemente.

La realidad es que la dignidad humana nada tiene que ver con ninguna marcha que finalmente deriva en incendiar sedes del Partido Popular o intentar cercar el Parlamento español, depositario de la soberanía nacional de todos los españoles. Y en este caso particular, la Policía y la Delegación de Gobierno de Madrid estaban sobreaviso de lo que se preparaba: tenían claro que se desatarían el salvajismo y la violencia y que la guerrilla urbana en la que se han convertido radicales y antisistema desatarían el caos, romperían el mobiliario urbano madrileño, y destrozarían a su paso las cristaleras de establecimientos y entidades bancarias y provocar a las fuerzas antidisturbios.

Pero esta vez la realidad ha sido aún peor, y la violencia antisistema indignada –disfrazada de dignidad impostada– ha ido demasiado lejos, y el triste balance de más de cien heridos incluye a setenta policías, dos de ellos de carácter grave. Incluso algunos testigos afirman que el ensañamiento fue tal que solo la presencia del SAMUR evitó una tragedia mayor, puesto que algunos descerebrados cercaron a fuerzas antidisturbios llegando a acuchillarlos, a pegarles con adoquines en la cabeza y a patearlos en el suelo.

Esta situación debe tener un límite. No es de recibo que la violencia radical utilice sistemáticamente los cauces legales de una manifestación mayoritariamente pacífica para alterar el orden público y, utópicamente, si les fuera posible, acabar con el sistema político democrático que les permite manifestarse. No puede seguir consintiéndose la escalada de la violencia indignada y de la delincuencia organizada, que ya se viste de “kale borroka” en nuestras calles so pretexto de la dignidad o de lo que sea. O por acción, o por omisión, debe caer todo el peso de la ley sobre los organizadores de estas indignas marchas que permiten, cuando no promueven, estos gravísimos desórdenes públicos que rayan ya con el terrorismo callejero. Por el bien de todos, esta locura tiene que acabar o acabarse antes de que se produzca el primer muerto. Y para ello es necesario que fuerzas parlamentarias participantes como Izquierda Unida se desmarquen y condenen tajantemente esta violencia nihilista. De lo contrario, estarían asumiendo conscientemente su papel de tonto útil en la radicalidad violenta.

En todo caso, corresponde sólo al Estado democrático la legitimidad para el uso legal de la fuerza y para que caiga judicialmente el peso de la ley sobre los responsables primeros y últimos de estos desmanes violentos. Y es su deber ponerles freno y salvaguardar el orden público, la democracia y la paz de todos. La verdadera dignidad de la sociedad española está en juego.