´Lo que procede es disolver el Parlamento catalán´

El ciudadano de a pie, poco familiarizado con las cuestiones jurídicas, ve con asombro cómo continuamente se incumplen de manera sistemática los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en Cataluña. ¿Dónde está el problema? ¿Es un problema judicial o falta voluntad política?

Bueno, habría que puntualizar que los incumplimientos de resoluciones del Tribunal Constitucional no los monopoliza el gobierno de Cataluña. También otros gobiernos, incluido el central, incumplen resoluciones. En parte se debe a que las resoluciones son puramente declarativas o interpretativas, no contienen mandato explícito. Pero en otra parte, a la falta de ´lealtad federal” que se detecta entre los diversos jugadores del sistema autonómico, es decir, a la aceptación clara y franca de las reglas del juego que, entre otras cosas, incluyen la existencia de un árbitro inapelable, el Tribunal Constitucional. El gobierno catalán suele justificar sus incumplimientos en la voluntad del pueblo de Cataluña que ha aprobado una ley determinada, en la democracia entendida como pura suma mayoritaria de votos, o en apelaciones de este género. Son tanto como ignorar las reglas básicas del sistema, que implican que ninguna parte pueda saltárselas simplemente porque “su pueblo” se lo pida.

En este continuo desafío al Estado Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, ha anunciado la intención de desarrollar la secesión en esta legislatura para dar a luz a una República de Cataluña. ¿Qué instrumentos tiene el Estado, a nivel jurídico, para afrontar esta situación?

A mi juicio, habría llegado la hora de que el sistema político e institucional español afrontase la realidad en sus términos exactos. Cuando en un Parlamento autonómico se propone una resolución de independencia, como es el caso, tiene escasísimo sentido que el gobierno central se refugie en, o acuda a, los tribunales. Es obvio que la declaración viola la Constitución, eso lo entiende hasta un niño, y el Tribunal Constitucional no puede hacer sino constatarlo. ¡Pero si la declaración ya anuncia que no se reconoce validez o fuerza alguna a lo que diga el Tribunal Constitucional! La cuestión planteada no es una de Derecho, sino de hecho. Se está declarando la independencia de hecho, y ante ello el sistema político va a tener que recurrir, le guste o no, a los hechos, es decir, al ejercicio de la coacción o fuerza. Afrontar el problema en términos jurídicos o leguleyos, que es el marco de encuadramiento que propone el independentismo, es un error, es aceptar el juego en los términos que propone el contrario, para al final y a destiempo tener que recurrir a la coacción. Mejor pasarlo mal de una vez y al principio: lo que procede es disolver el Parlamento catalán, así de sencillo. Lo de menos es la vía jurídica que se busque, el artículo 155 (que no me parece pensado para un caso como el que tenemos) o directamente la declaración del estado de excepción. Los españoles tenemos una querencia cultural histórica por ser leguleyos, que en esta ocasión sirve de poco.

El hecho de tener un Gobierno prácticamente en funciones, ¿podría restar eficacia a la respuesta jurídica adecuada?

Es que lo que procede, a mi juicio, o lo que sería esperable en un país serio, es que se suspendieran las elecciones generales y se formase un gobierno de unidad nacional para ejercer la coacción legítima en Cataluña. Esa coacción tendría que legitimarse en una promesa: al final, recuperado el orden habrá un referéndum para que los catalanes opten por la solución que prefieran, secesionarse o no. El proceso está pensado de antemano por los independentistas para jugar en este momento y con un gobierno futuro probablemente débil, por eso hay que cambiar los términos. Naturalmente, como tengo los pies en el suelo y conozco la historia de este país, no pienso ni por un momento que nada de esto vaya a hacerse. Los partidos políticos españoles se dividirán, como siempre han hecho ante desafíos que les superan, y cada uno convertirá el problema catalán en carne para su candidatura. La unidad de España no es una idea con suficiente carga de legitimidad en la conciencia política española como para arrostrar un camino tan difícil.