Entrevista a Claudio Avruj

Llega el ´turno´ de los derechos humanos

Mundo · Arturo Illia
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14 marzo 2016
Mientras que en otros países latinoamericanos las heridas de las dictaduras de los años setenta se han ido resolviendo en la sociedad mediante un diálogo a veces duro pero que ha llevado a una revisión histórica para no olvidar esa triste década con el fin de que no se repita, en Argentina el problema sigue abierto y doliendo. En el mes de diciembre, poco antes de las elecciones, un editorial del periódico La Nación pedía una justicia adecuada a las leyes para los militares responsables de la dictadura genocida aún encarcelados, un hecho que provocó una rebelión interna en la redacción del propio diario, y hace poco más de un mes el director del teatro Colón, uno de los centros mundiales de la ópera, y uno de los responsables de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Loperfido, calificó de falsa la cifra de 30.000 desaparecidos en aquellos años, provocando una tempestad mediática considerable.

Mientras que en otros países latinoamericanos las heridas de las dictaduras de los años setenta se han ido resolviendo en la sociedad mediante un diálogo a veces duro pero que ha llevado a una revisión histórica para no olvidar esa triste década con el fin de que no se repita, en Argentina el problema sigue abierto y doliendo. En el mes de diciembre, poco antes de las elecciones, un editorial del periódico La Nación pedía una justicia adecuada a las leyes para los militares responsables de la dictadura genocida aún encarcelados, un hecho que provocó una rebelión interna en la redacción del propio diario, y hace poco más de un mes el director del teatro Colón, uno de los centros mundiales de la ópera, y uno de los responsables de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Loperfido, calificó de falsa la cifra de 30.000 desaparecidos en aquellos años, provocando una tempestad mediática considerable.

Para aclararnos, la cifra se ha cuestionado más veces a lo largo de estos años, pasando de los 9.000 casos registrados en el proceso de la Conadep (que se hizo famoso por la frase “Nunca más”) a los 7.984 declarados por Graciela Fernández Meijlde, madre de un desaparecido ex ministro, eje de una investigación que encontró un episodio significativo en la película “El diálogo”, de Pablo Racioppi, donde se encuentra con el ex terrorista Montonero Ricardo Leis, autor de varios libros que han servicio de base para una revisión histórica de aquel triste periodo, realizada por muchos miembros de organizaciones terroristas que han reconocido errores en una década muy alejada de las epopeyas legendarias que se han propagado durante estos años, donde el punto común con una dictadura genocida es el demonio de la violencia. Sobre esta problemática, hablamos con el secretario del Ministerio para los derechos humanos, Claudio Avruj.

¿Qué política de derechos humanos se quiere desarrollar después del resultado electoral de diciembre?

En general se trata de un paradigma de diálogo y construcción conjunta en la sociedad. Este concepto incluye un cambio en la política de los derechos humanos donde afirmamos que son un patrimonio de la gente, no un símbolo del gobierno de turno, teniendo el Estado la función de protegerlos y promoverlos. Nuestra visión del problema se articula en cuatro puntos: la convivencia, el diálogo, el encuentro y el pluralismo. Además, para nosotros, la memoria, la verdad y la educación constituyen algo imprescindible y deben ser una política de Estado más allá de los gobiernos. Estamos de acuerdo con la resolución 2030 de Naciones Unidas aprobada en noviembre, que impone a los Estados que se promuevan políticas asertivas en temas como el medio ambiente, la empresa, la violencia y los derechos humanos, violencia institucional, inclusión, todo ello relacionado con los derechos humanos. Además, vemos un papel primario en tres puntos fundamentales de este gobierno: pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y unidad nacional.

¿Cómo ve lo que sucedió en los años 70?

El dato más objetivo reside en el hecho de que Argentina vivió una dictadura y un terrorismo de Estado como nunca en su historia. Todos somos conscientes de que el país entró en una espiral de violencia inusitada y que el Estado, que debía emprender acciones para pacificar la sociedad, eligió el peor camino. A partir de ahí, es necesario que se lleven a término los procesos y las condenas para los presos de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos. La justicia tiene el poder de tranquilizar a la sociedad, y su ausencia exacerba los ánimos. También hay que trabajar en la educación por las consecuencias del golpe de Estado de 1976, que significó la pérdida de derechos humanos y libertades, de la Constitución, y el aislamiento del país. Respecto al gobierno anterior, no somos dueños de un discurso hegemónico y no estamos en contra de nadie, porque eso significaría continuar en la división, y somos optimistas sobre el hecho de que la unión de los argentinos es posible mediante el diálogo.

¿Cómo van a abordar la herida que perdura en la sociedad a propósito de este tema?

Creo que en estos años de democracia se han cometido errores estratégicos que han provocado esta fractura. Los indultos del gobierno de Menem causaron daños, como la apropiación de la bandera de los derechos humanos por parte del gobierno anterior para legitimar sus acciones. Se trata de factores que nos han impedido proceder hacia un encuentro natural con la gente. Soy un defensor de los programas de educación en la memoria, que me parecen la clave para resolver el problema, poniéndose en la situación más objetiva posible a la hora de juzgar. Abriendo espacio a los expertos y promoviendo estudios y libros sobre este tema. La literatura es realmente conspicua y su difusión puede ayudar concretamente a humanizar la historia y llevarla a ser objeto de un análisis crítico. El Estado debe ser un mediador de todo esto y no un instrumento que toma posiciones de parte, alimentando así fanatismos. Trabajamos para difundir esta política en las escuelas y en los diversos sectores de la sociedad, en colaboración con las instituciones.

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