Listas de espera y privatización de la sanidad

En este momento hay tanta gente esperando una operación no urgente como vecinos hay en toda la ciudad de Valencia (800.000). El tiempo medio para una intervención es ya de 122 días. Esa es la media porque cambia mucho por especialidades y por Comunidades Autónomas. Para lo que más hay que esperar es para una prótesis de rodilla, casi cinco meses. Para arreglar unas varices casi cuatro meses, para unas cataratas dos meses. Madrid (63 días), País Vasco (73) y Galicia son las Comunidades Autónomas que tienen menos lista de espera. El porcentaje de pacientes con los que se incumplen los plazos máximos ha aumentado sensiblemente en todas las especialidades

¿Hay solución? Hay dos tipos de soluciones. Una es que se opere más y la otra solución operar menos. Para operar más se pueden dar incentivos al personal sanitario, se puede cambiar la organización (por ejemplo abrir quirófanos a doble turno y fin de semana), se pueden concertar paquetes de cirugía con centros privados. Pero puede que haya operaciones que no sean del todo necesarias. Esto no es políticamente correcto decirlo.  Pero los expertos señalan que en las listas de espera hay intervenciones de bajo valor o que no están indicadas porque los riesgos superan a los beneficios clínicos. Un ejemplo es una operación de menisco. La operación de menisco no tiene mejores resultados que la rehabilitación. Hay quien propone que antes de programar operaciones haya una segunda valoración médica, hay quien propone ayudar a los pacientes para tomar decisiones convenientes. En el Reino Unido más de la mitad de los pacientes que esperaban para una cirugía de varices y de los que esperaban para una intervención de próstata, no necesitaban la intervención.

Otra de las eternas discusiones políticas sobre la sanidad es la denuncia de la privatización de la Sanidad. Es un argumento, sobre todo, de los partidos de izquierda. En un sistema como el nuestro, el Estado presta de manera universal los servicios de salud, educación, seguros de desempleo y Seguridad Social, entre otros. Para eso hay diferentes modelos. En Dinamarca, por ejemplo, donde los servicios sociales son competencia de los ayuntamientos hay proveedores privados. En Suecia han fomentado la prestación de servicios privados y la competencia entre proveedores con el fin de estimular la rentabilidad y la calidad. En Alemania, los servicios de cuidado para la dependencia se hacen casi en su totalidad a través de entidades privadas.

Las prestaciones sanitarias por parte de entidades privadas o de entidades sociales no significan que haya una privatización. Hay, eso sí una gestión privada. En los hospitales el modelo de gestión privado comenzó en la Comunidad Valenciana, en 1997. Se crea entonces el primer hospital público, Hospital de la Ribera, en régimen de concesión administrativa y genera el nacimiento del “Modelo Alzira”. 271 hospitales privados españoles tienen en este momento algún tipo de concierto con la sanidad pública.

El Gobierno ha impulsado una ley de equidad sanitaria, que está en el Congreso, con la que quiere limitar los conciertos. En España si eres de derechas defiendes los conciertos sanitarios y si eres de izquierdas defiendes la gestión pública de los hospitales. ¿Qué es mejor? Pues, como siempre, las respuestas son complejas. Las evaluaciones son escasas y poco sistemáticas. No hay datos homogéneos. ¿Pero qué funciona mejor? Depende. El éxito o fracaso de cada modelo depende de cómo se aplique y dónde se aplique. El entorno administrativo e institucional, la cultura de los centros sanitarios, las condiciones de los contratos y la supervisión son determinantes

Un concierto diseñado y gestionado adecuadamente puede constituir un beneficio para todas las partes y mejorar la provisión y calidad de los servicios de salud a su población. Pero los estudios que se han hecho reflejan que los hospitales funcionan mejor no si son de gestión pública o de gestión privada, sino si son de una gestión flexible. Hay buena y mala gestión en la gestión pública y en la gestión privada. La falta de personalidad jurídica penaliza la eficiencia de los hospitales públicos tradicionales.

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