Legislar contra la libertad y la pluralidad

Asistimos estos días a la desenfrenada carrera del Gobierno para aprobar cuanto antes su Proyecto de LOMLOE, también conocida como Ley Celaá. En medio de una seria crisis sanitaria, económica, política y social, este Gobierno, además de eludir la posibilidad de que el Consejo de Estado emitiera un informe sobre el Proyecto, ha rechazado e impedido la participación, diálogo y negociación con los agentes sociales y representantes de la comunidad educativa y lo está tramitando en un tiempo exprés.

Estamos ante una nueva Ley de Educación con una fuerte carga ideológica y partidista de un Gobierno bicéfalo en el que la cabeza pequeña controla el cerebro de la grande decidiendo por las dos. La LOMLOE no responde a los intereses del conjunto de la sociedad civil ni de la comunidad educativa; nace con un fuerte rechazo social y político, permanecerá mientras dure este Gobierno y va a ser objeto de una fuerte judicialización.

El texto merma derechos y libertades interpretando de una forma muy peculiar la Constitución y algunos Acuerdos Internacionales que el Estado español tiene ratificados. Un medio de comunicación nacional atribuía a Educación hace pocos días la siguiente expresión: “Todos sabemos que una parte (de la Ley) se declarará anticonstitucional pero es el peaje para sacar la ley”. ¡Tremendo! Se paga un peaje y es nada menos que ir contra la Constitución.

La LOMLOE planifica una reducción progresiva de la enseñanza concertada en favor de la pública asignando a la primera un papel absolutamente subsidiario.

Se potencia la enseñanza pública como único eje vertebrador del sistema y se promueve el incremento de plazas escolares públicas aunque no sean necesarias. El tándem PSOE-Unidas Podemos propone, por ejemplo, que “las administraciones incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de infantil (0-3 años) con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años”. Todo bien controlado desde el inicio de la escolarización y todo público.

Por otro lado, las administraciones no tendrán en cuenta la demanda de las familias cuando planifiquen la red de centros y la oferta de plazas escolares; no importa lo que éstas soliciten y quieran para sus hijos. A partir de ahora, “las administraciones promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros públicos y garantizarán el derecho de todos a la educación mediante la oferta de plazas públicas”.

Por lo tanto, las plazas de la enseñanza concertada no serán necesarias para garantizar el derecho a la educación porque ya nos han dicho que los hijos no pertenecen a los padres y que el derecho de elección no está recogido en el art. 27 de la Constitución.  

Es fácil conocer los datos de evolución de la natalidad en España. Llevamos años de una fuerte caída de nacimientos y parece que la proyección no anima a ser optimistas en este sentido.

Si cada vez hay menos niños, ¿por qué hay que incrementar plazas públicas que nadie necesita ni demanda? ¿A costa de quién se van a llenar esas plazas? Es evidente que el objetivo final del proceso es que sólo exista una red gratuita y ésta sea la red pública.

Los centros concertados seguirán existiendo mientras la administración no pueda cubrir toda la demanda escolar con plazas públicas, es decir mientras les seamos necesarios. A medida que haya plazas públicas vacantes se irán cerrando aulas en la concertada y no se renovarán los conciertos.

La inquina contra la pluralidad y contra la libertad lleva al Gobierno a eliminar los conciertos para la educación diferenciada, un modelo absolutamente legal respaldado por tratados internacionales, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones.

La LOMLOE propone la escolarización progresiva de personas con discapacidad en centros ordinarios, aunque las familias y profesionales especializados que trabajan en centros de educación especial están diciendo, muy claro y de forma razonada, que esta medida no favorece en nada a estos alumnos.    

La administración debe garantizar los recursos humanos y materiales necesarios a todos los centros para la mejor atención posible de estos alumnos. Las dos opciones son inclusivas y hay que facilitar que los padres puedan elegir la que consideren mejor para sus hijos.

Podemos seguir hablando sobre otras polémicas que requerirían un artículo específico cada una de ellas como son  el incumplimiento de los Acuerdos sobre la asignatura  de Religión, el hecho de que el castellano deje de ser lengua vehicular en el sistema educativo, la mayor flexibilidad en cuanto a la promoción y titulación, la posible nueva cesión de competencias del Estado en el currículo en favor de las comunidades autónomas aumentado la desvertebración del sistema y las diferencias territoriales, la asfixia económica a la que se sigue condenando a la enseñanza concertada dificultando mejoras laborales de sus profesionales y la viabilidad de muchos centros….

Si de verdad el Gobierno hubiera querido tranquilizar a la enseñanza concertada con esta Ley lo ha tenido muy fácil pero la realidad es que se está tramitando una legislación contra el sector, contra la libertad y la pluralidad.

¡Así, no!