Sentencia de Estrasburgo sobre Batasuna

Las evidencias arduas de la democracia

España · Fernando de Haro
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1 julio 2009
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la ilegalización de Batasuna supone un hito decisivo para comprender mejor nuestro pasado y para afrontar el futuro. La sentencia ratifica la ilegalización realizada en 2003  y asegura que esa decisión respondía a "una necesidad imperiosa, en una sociedad democrática, sobre todo, para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos del otro". Estrasburgo espanta uno de los fantasmas que más miedo ha dado en nuestra reciente democracia y deja claro, fuera de nuestras fronteras, por qué es inaceptable el independentismo vasco que no abandona las armas. 

Hasta la segunda legislatura de Aznar, junio de 2002, no se aprueba una norma como la Ley de Partidos Políticos. Hasta ese momento no se deja clara la incompatibilidad entre el asesinato y la actividad habitual de una formación que puede obtener, y obtiene de hecho, representación en las instituciones. La Ley de Partidos es rechazada por el PNV de Ibarretxe de forma teórica y de un modo sistemático en todos los comicios que se celebran a partir de ese momento. El nacionalismo argumenta que no son realmente democráticos y queda así retratado. Lo tardío de la fecha de la ley y de la posterior sentencia, casi 25 años después de la promulgación de la Constitución, pone de relieve el largo camino que ha hecho falta recorrer para que se impusiera una evidencia que ahora nos parece tan clara. 

No hace falta recordarlo, Batasuna estuvo en Parlamento Vasco, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo. Sostenía gobiernos, utilizaba los recursos públicos y difundía su propaganda ideológica mientras ETA mataba. Los asesinos y los políticos eran los mismos. Sufríamos esa aberración porque nos faltaba claridad sobre la naturaleza de ETA y sobre la necesidad de ponerle límites al pluralismo. La ilegalización de Batasuna es un caso claro de cómo la democracia tiene que reconocer unos fundamentos pre-políticos capaces de orientar y de juzgar las leyes. En este supuesto ese fundamento es sencillo: la tutela de la dignidad de la persona y de la vida supone un rechazo tan radical de cualquier forma de violencia que quien se sirve de ella o no la condena no puede obtener representación política.

Pero el caso de Batasuna pone también de manifiesto que esos fundamentos  pre-políticos se desarrollan de forma histórica. El modo en el que salimos del franquismo, el discurso nacionalista y muchos otros factores provocaron que la evidencia estuviera ensombrecida. Y ha hecho falta mucho sufrimiento, un profundo cambio cultural y liderazgo político para que brillara. Las evidencias últimas que fundamentan una democracia son arduas. Y no se conquistan de un modo definitivo. La prueba es que todavía en la primera legislatura hubo un proceso de negociación con ETA y, por la expectativa que esa negociación generaba, el Gobierno permitió que los herederos de Batasuna, Acción Nacionalista Vasca, concurrieran a las elecciones municipales. Otra prueba es que hay quien le recomienda a Zapatero que reabra el diálogo con un inexistente frente soberanista apartado de la violencia. De momento la claridad de criterio de Paxti López como lehendakari lo pone difícil.

Lo dicho, la sentencia de Estrasburgo nos dice mucho sobre nuestro pasado pero también sobre nuestro futuro.

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