Las complejidades de la crisis bancaria italiana

Recordemos que el pasado 23 de diciembre el Gobierno de Gentiloni, durante una reunión de urgencia, tuvo que aprobar un decreto para rescatar al banco de Siena, fundado en 1472. Los directivos de la entidad toscana buscaban en ese momento 2.068 millones para evitar el rescate y esperaba encontrarlos en fondos institucionales internacionales. Pero al final no los consiguió. De esta manera caía uno de los bancos más importantes de Italia, con presencia también en ciudades como Londres, Shanghai, Francfort y Nueva York. La realidad era que su altísimo nivel de morosidad y activos tóxicos hacían inviable la situación de un banco que, tras la consolidación de la fusión de Banco Popolare y Banca Popolare di Milano (con activos conjuntos de más de 170.000 millones) quedará relegado al cuarto puesto, muy por debajo de las dos primeras (Unicredit e Intesa San Paolo).

Lo cierto es que se trataba de un tema que en cualquier momento se podía producir, sobre todo después de ser el banco que peor calificación había obtenido en las pruebas de estrés de la banca de la zona euro realizadas en julio de 2016. Eso sí, hay que decir que por su tamaño no podía ser considerado como una entidad sistémica a nivel europeo, pero no por ello dejaba de ser toda una referencia en Italia, teniendo en cuenta que poseía, en el momento de su intervención, más de 5 millones de clientes, 25.000 empleados y 2.000 oficinas. En ese sentido, el Gobierno no precisó la cantidad de la cuota con la que participaría el Estado. Lo que sí parecía evidente era que el Ejecutivo de Gentiloni se jugaba mucho en esta operación, y así lo dejó claro el principal diario de izquierdas (La Repubblica) del país, que dijo: ´Fracasar en la salvación del Monte dei Paschi sería devastador para todo el sistema bancario, mientras que hacerlo bien podría dar la señal de que Italia sabe gobernar sus bancos y sus crisis´.

Sólo seis días después, comenzaban los enfrentamientos entre las diferentes instituciones. El BCE afirmó que el Monte dei Paschi necesitaba una inyección de 8.800 millones de euros para continuar su actividad. Además, el Presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, llamó a analizar minuciosamente el rescate para que este recayera sobre los accionistas y no sobre los contribuyentes. Lo dijo con una afirmación más que contundente: ´Los fondos públicos solo se contemplan como último recurso y bajo un listón muy alto´.

No tardaría en llegar la respuesta del Gobierno de Gentiloni, quien se quejó de la manera en que el BCE había comunicado el montante de la recapitalización. y es que Italia, de momento, seguía intentando arreglar el gravísimo problema financiero actuando por su cuenta, sin recurrir al dinero europeo y buscando soluciones puntuales para sus entidades débiles. Una manera de actuar que al final seguramente le llevará a necesitar cantidades asumibles que podría conseguir en el mercado de capitales gracias a las compras de deuda del BCE. La realidad es que el tema habrá de resolverse en el seno de las instituciones europeas, mezclando quitas de deuda, ayudas públicas y algún sistema de arbitraje. Pero habrá algo que ni el Gobierno ni los directivos de las entidades bancarias no podrán evitar: que los acreedores asuman sus pérdidas antes de que la entidad reciba la ayuda, para evitar las malas prácticas que han venido sucediendo, con el consiguiente malestar ciudadano. En ese sentido, no debe olvidarse que la directiva bancaria obliga, antes de recurrir al Estado, a absorber las pérdidas por parte de los accionistas; de los obligacionistas junior y sénior; y de los impositores de más de 100.000 euros, aunque cierto es también que siempre hay excepciones que permiten la intervención. Veremos cómo acaba todo esto.