Laicidad a la mexicana

Las fracciones del PRI, PRD, PVEM, PT, Panal y Convergencia se pronunciaron por la reforma, argumentando que es el límite a invasiones del clero al ámbito público, que compete sólo al Estado.

César Augusto Santiago (PRI) dijo que la reforma no es para atar religiones ni para evitar que se ejerciten los derechos de los creyentes, sino para evitar tentaciones de Estados confesionales. Y Feliciano Rosendo Marín (PRD) ubicó la laicidad como un principio rector del Estado, necesario para que la población discuta sin influencia de autoridades religiosas asuntos como el aborto y la preferencia sexual.

Mientras el PAN trató de introducir un párrafo aclarando que el Estado laico moderno no puede cerrar los ojos ante el fenómeno religioso, por lo que la separación entre Iglesia y Estado debe darse en el marco del pleno respeto a las libertades de los creyentes, en particular a su libertad de expresión, moción que fue rechazada por los demás partidos.

El argumento es que las iglesias y las organizaciones civiles afines a ellas, al dar su punto de vista sobre estos temas -por cierto estrechamente ligados a su ministerio- se están "entrometiendo en asuntos que sólo competen al Estado", como acusaron hace unos meses los directivos de la Academia Mexicana de Ciencias en un desplegado, en el que argumentaban que las reformas en 18 entidades federativas a favor de que el Estado proteja la vida humana desde el momento de la concepción constituyen una flagrante "violación al Estado laico", y proponían como solución "que se legisle explícitamente a favor de la laicidad del Estado".

Es decir, que no se permita a las iglesias y organizaciones afines opinar sobre ciertos temas de interés público, que ellos consideran reservados exclusivamente al Estado o a ciertas organizaciones "progresistas".

¿Callar a las iglesias?

Un pueblo como el mexicano, cuya identidad nacional fue forjada en siglos de evangelización cristiana, tiene sus referentes éticos profundamente arraigados en esta tradición, por lo que resulta inevitable que juzgue y valore los diversos aspectos de su vida en base a valores cristianos, especialmente si se trata de cuestiones relativas a cosas tan íntimas y tan valiosas para él como la familia, el matrimonio, su vida amorosa-sexual y la crianza y educación de sus hijos.

Por tal motivo a nadie debe extrañar que la Iglesia católica y las diversas denominaciones cristianas, así como otras grandes religiones con presencia significativa en México, expresen públicamente su opinión sobre temas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio y la adopción de niños por las parejas homosexuales. Opinión fundada, por cierto, no en dogmas religiosos sino en argumentos y estudios en los campos educativo, médico, psicológico y bioético.

Estas iglesias y las organizaciones civiles afines a ellas o que se identifican con sus valores son una parte muy importante de la sociedad civil, que tiene tanto derecho como cualquier otro sector ideológico o tradición cultural a expresar públicamente sus puntos de vista sobre estos temas tan vitales, y sobre cualquier otro tema de interés público.

No hay tal cosa como temas "reservados exclusivamente para el Estado", como algunos defensores de un laicismo mal entendido pretenden. Ni mucho menos temas en los que sólo una parte de la sociedad civil pueda opinar, como serían los grupos gay, feministas o "progres", pero no los que ellos consideran conservadores y reaccionarios.

En una democracia TODOS los ciudadanos -católicos o no, de izquierda o derecha, liberales o conservadores, religiosos o laicos, gays o straights– tenemos exactamente el mismo derecho a opinar. Y nadie, so pretexto de defender un "Estado Laico" (muy mal entendido), puede impedir que las iglesias y sus organizaciones afines se expresen públicamente sobre ciertos temas.

Tampoco hay forma en una democracia como la nuestra de que las iglesias, aunque así lo quisieran, impongan sus creencias en la vida pública. Una cosa es que convenzan a la mayoría de la población y ésta se exprese en una mayoría legislativa, como debe ser en toda democracia. De la misma forma en que los principios ideológicos de cualquier otra organización pueden crear una mayoría legislativa a favor de cierta agenda social o política. A ese juego de libre competencia de ideas y propuestas se le llama democracia, sistema al que nuestro país ha ingresado de manera irreversible, por más que algunos políticos forjados en el autoritarismo político e ideológico no se hayan aún percatado plenamente.

El papel de un Estado laico en la época moderna no consiste en impedir que se manifiesten los valores religiosos en los diferentes ámbitos de la vida pública -tarea por demás absolutamente imposible- sino, por el contrario, en garantizar plena libertad para que todas las religiones y todas las posturas ideológicas y filosóficas puedan expresarse sin cortapisas en el libre juego democrático.

Y en las democracias más avanzadas se reconoce cada vez más el papel que juegan las religiones en la formación de ciudadanos morales, positivos y con amor a la verdad, sin los cuales no es posible ni la democracia ni el buen gobierno.

Lo más insensato de una interpretación del laicismo como posición anti-religiosa es que resulta notoriamente contraproducente para sus partidarios. Lo único que logran al tratar de impedir que las iglesias se expresen libremente -como lo han hecho al interponer demandas judiciales contra clérigos por opinar sobre ciertos temas- es estimular una mucho mayor participación de estas iglesias y organizaciones civiles afines, produciendo un efecto diametralmente opuesto al que buscan.