`La universidad también necesita subsidiariedad`

Nicolás Jouve analiza para Páginas Digital el libro publicado por este periódico de cara a las próximas elecciones, bajo el título “Autonomía(s) para la sociedad”.

¿Qué le ha parecido el enfoque del libro?

Estoy plenamente de acuerdo con el enfoque general del libro empezando por la necesidad de defender el pacto constitucional alcanzado en los años setenta, frente al auge del populismo que se abre camino en el escenario social y político español. Convengo igualmente en la orientación que se plantea de promover una auténtica política basada en el principio de subsidiariedad, que frente al “Estado de bienestar” defienda una “sociedad del Bienestar”, que no permita que el Estado monopolice derechos de los ciudadanos, que respete la libertad, la responsabilidad y la autonomía moral de cada persona, que ponga en primer plano a la familia, auténtica célula básica de la sociedad, que reconozca el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que ellos deseen y evite el paternalismo y la imposición de ideologías contrarias a la protección de la vida, la familia y la propiedad privada. El muestrario de temas tratados en el libro, la reforma electoral, la libertad de educación, la defensa de la vida y de la familia, la universidad, la sanidad, la racionalización de los impuestos y de la economía, me parecen los adecuados para pulsar el panorama político español actual, ante una serie de elecciones decisivas para el inmediato futuro de nuestro país.

Se asegura en el texto que tendrán que ser los gobiernos autonómicos los que, en el ejercicio de sus competencias en la materia, deberán impulsar esas políticas, incentivando y obligando a las instituciones académicas a renovar sus estructuras y su gestión. ¿Cuáles deberían de ser esos cambios?

A los acertados problemas que plantea el profesor Mikel Buesa del actual panorama universitario español, por el exceso de centros universitarios, la disminución de alumnos, el envejecimiento de las plantillas de profesores titulares y catedráticos y las dificultades de adaptación de nuestras enseñanzas al denominado plan de Bolonia, se añade el drástico descenso de los recursos económicos a que se han visto abocadas las universidades en cierta medida motivadas por el descenso de las matrículas y la reducción de recursos para docencia e investigación. Ante este panorama hay varias líneas de actuación para regenerar el actual panorama universitario español que atañen no solo a las propias universidades sino también a los gobiernos autonómicos.

Empezando por estos, ante la necesidad de mantener políticas de austeridad y de control de gasto, es necesario abordar un nuevo modelo de financiación para los centros de educación superior, que se base en criterios no solo de cantidad de alumnos sino en la calidad de la docencia y la investigación que en ellos se desarrolle. Es necesario también que los gobiernos autonómicos impulsen políticas de alianza para establecer vínculos de colaboración y fomentar el establecimiento de institutos de investigación, másteres y programas docentes interuniversitarios que faciliten el intercambio de alumnos y aprovechen las fortalezas de los diferentes centros, especialmente en la esfera internacional.

Respecto a lo que compete al gobierno de las universidades en materia de estructuras y gestión, hay que exigir en primer lugar a los que la gobiernan una actitud ética, de respeto a la pluralidad de ideas de los miembros de la comunidad universitaria y de austeridad en la gestión. Se deben reforzar las exigencias del carácter formativo de las titulaciones de la universidad de cara a su utilidad pública, racionalizando y reduciendo si fuese necesario la oferta de los grados y másteres que se impartan de acuerdo con la demanda social. Hay que fomentar la oferta de asignaturas transversales para contribuir a una formación más integral de los alumnos. Se debe revisar la rentabilidad docente elevando las exigencias de calidad a los profesores y las reglas de permanencia de los estudiantes en los centros. Hay que promover la adquisición de fuentes de financiación no solo públicas sino privadas para mejorar la docencia y la investigación de aquellas áreas de mayor demanda social y productividad científica.

¿Echa en falta una mayor proactividad en materia de política científica?

El asunto de la investigación científica es vital para el desarrollo económico y cultural del país y requiere una atención especial por parte de los gobiernos en los dos elementos de que depende: ideas y financiación. Si bien existen en España equipos excelentes de investigación que han sido el fruto de un gran esfuerzo de muchos años y de muchos investigadores que se ha formado en otros países, no puede decirse lo mismo de la financiación para el desarrollo de la investigación e internacionalización. Se ha reducido la aportación general económica pública de los planes de investigación, sin que se detecte una política clara decidida a establecer planes estratégicos en los sectores de mayor repercusión económica y social, necesarios para el desarrollo de nuestro país. La situación de muchos grupos de investigación del CSIC, INIA, hospitales, las propias universidades, etc., es dramática en muchos casos, viendo mermadas su capacidad de mantener una actividad investigadora mínimamente competitiva en materia de producción de publicaciones, patentes, dirección de tesis doctorales, etc.

¿Qué otras medidas de las que se proponen aplicaría para lograr la subsidiariedad en la vida universitaria?

La Universidad debe facilitar el sustrato necesario para incentivar la docencia e investigación, programando cursos y actividades de grado y posgrado, y fomentando la especialización y formación de la comunidad universitaria en los diferentes ámbitos culturales, educativos, científicos, técnicos o sanitarios, de acuerdo con criterios de utilidad pública, para atender las necesidades del entorno en que se encuentran. Cada universidad y dentro de ella, cada unidad docente e investigadora debe plantearse sus objetivos con criterios de servicio público dentro de su contribución al desarrollo cultural y económico de la región en que se encuentre, sin perder de vista horizontes más amplios de carácter nacional e internacional. Es necesario dejar que se desarrollen los grupos de investigación que acrediten un nivel satisfactorio de producción científica, facilitándoles las infraestructuras y recursos necesarios para impulsar sus resultados de investigación, fomentar la realización de tesis doctorales, desarrollar patentes, potenciar la investigación clínica en los hospitales universitarios e incentivar la creación de empresas de base tecnológica. En ello deben jugar un papel importante las oficinas de transferencia de los resultados que, respetando las iniciativas de los equipos de investigación, fomenten la captación de recursos externos para investigación e innovación, con empresas del entorno, centros de salud, centros de investigación aplicada, etc.