Entrevista a Alberto de la Hera, vicepresidente de la International Religious Liberty Association

´La supresión de los crucifijos vulnera la Constitución. Podría celebrarse un referéndum´

Cultura · PaginasDigital
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3 diciembre 2009
Alberto de la Hera, el que fuera director de Asuntos Religiosos en los años 90, valora la guerra de los crucifijos iniciada por el grupo socialista.

¿Cómo valora que pueda incluirse una prohibición de los crucifijos en la próxima ley de libertad religiosa?

En España tenemos una buena ley de libertad religiosa que se aprobó sin ningún voto en contra. Una ley que ha cumplido de un modo excelente su función desde el año 80 y que ha desarrollado bien lo que dice la Constitución. No es una ley perfecta, tiene pequeños defectos. Pero cuando se anuncia una nueva ley de libertad religiosa no es para solucionar esos defectos. Esos detalles no le preocupan al Gobierno. Lo que quiere el Gobierno es hacer una ley de "laicización" de la sociedad española. Lo que le molesta al Gobierno son los símbolos religiosos, los juramentos o que el concepto de entidad religiosa sea un concepto preciso.

Pero si se prohíben los crucifijos en los centros escolares…

En los privados no se pueden prohibir, en los concertados sí, con la amenaza de retirar el concierto.

La proposición no de ley dice "en los centros escolares". Si esa prohibición se lleva a cabo, como ha dicho el ministro de Justicia Caamaño, ¿se conculca la Constitución?

El artículo 16.3 de la Constitución dice que el Estado es aconfesional y que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española". La sociedad española no es contraria a que se expresen los sentimientos religiosos. En España no se hace problema porque las chicas musulmanas lleven el velo como sí hacen en Francia. Aquí llevan el velo por la calle tranquilamente, nadie protesta por ello. Nadie protesta porque una mezquita, una sinagoga o un templo budista muestren su simbología. Los crucifijos forman parte de la tradición española. La mayor parte de la sociedad española, de un modo u otro, es católica.

¿Por qué la medida puede ser inconstitucional?

Porque la Constitución es clara al decir que se tienen que tener en cuenta las creencias de los españoles. Es un mandato. Se determina constitucionalmente que hay que colaborar con las confesiones, con mención expresa a la Iglesia católica, como consecuencia del respeto a las creencias. Si se quiere saber cuáles son esas creencias, que se celebre un referéndum. Pero hay datos sociológicos suficientes para saber cuáles son los sentimientos de los españoles. Se incumpliría un mandato constitucional.

Usted ha querido subrayar en alguno de sus artículos que la libertad religiosa y la libertad de conciencia son diferentes. ¿Por qué?

La libertad de conciencia se refiere al juicio moral que hago sobre una actuación. La libertad de conciencia es la libertad de actuar con mis convicciones. La libertad religiosa es la libertad de optar por una religión, por sus símbolos, por sus manifestaciones públicas, por su difusión.

¿Y por qué el Gobierno quiere identificar la libertad de conciencia con la libertad religiosa?

Lo que pretende el Gobierno es suprimir la libertad religiosa y dirigir las conciencias. A través de la educación se puede dirigir las conciencias, son más manipulables que la religión. El hombre necesita definir qué es el bien y el mal. Se puede intentar definir por el consenso, por el Estado o por la religión. Con el consenso es muy difícil. El Estado pretende apropiarse de esa definición y esa pretensión es la que ha generado los totalitarismos. El Estado pretende apartar lo religioso de la vida pública para definir el bien y el mal.

Extracto de una entrevista realizada en el programa La Lupa de las Noticias de Popular TV

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