`La sociedad catalana responde al intervencionismo y laicismo del tripartito`

Tras dos legislaturas del tripartito, usted ha criticado abiertamente algunas de las iniciativas culturales más polémicas del Ejecutivo catalán. Entre ellas, usted se opuso al Proyecto de Ley sobre los centros de culto o de reunión con fines religiosos de la Generalitat. ¿A qué obedecía su rechazo? ¿Cuál ha sido la tendencia expresada por el Govern hacia el hecho religioso?

Entendía y continúo entendiendo que una ley sobre centros de culto o reunión con fines religiosos es innecesaria, que contamos con una muy buena ley de libertad religiosa (la de 5 de julio de 1980), que cualquier desarrollo del derecho a la libertad religiosa (y una de sus manifestaciones es la celebración del culto y el derecho de reunirse para ello) debe hacerse por ley orgánica. También que esta "actividad" no puede someterse al régimen de licencia, sin perjuicio de la necesidad ordinaria de las licencias urbanísticas, y de la existencia y verificación de las medidas de seguridad e higiene adecuadas.

Como en otros supuestos, el anteproyecto era un absoluto disparate político y jurídico que paulatinamente se fue enmendado en la fase prelegislativa y legislativa. No obstante, continúo entendiendo que es innecesaria y que genera una gran inseguridad jurídica al remitir buena parte de la regulación al posterior desarrollo reglamentario.

Aunque dentro del propio gobierno tripartito pueden encontrarse importantes matices, prevalece en sus miembros el laicismo activo y la consideración de que el hecho religioso debe recluirse al ámbito puramente privado. Más recientemente, sin asumir la valoración positiva que de este hecho realiza el artículo 16 de la Constitución, se va admitiendo timidamente el hecho sociológico de que la Iglesia Católica cuenta con un arraigo y una implantación de la que carecen otras confesiones.

El Parlament ha aprobado en esta legislatura La Ley Catalana de Educación, a la que usted también ha mostrado su rechazo. ¿Por qué? ¿Qué destacaría de la posición del gobierno catalán hacia la libertad de enseñanza? ¿Qué mejoras deberían introducirse en el ámbito educativo?

Mi posición fue la de rechazo frontal a un Anteproyecto de la Ley Catalana de Educación que atacaba frontalmente a la libertad de enseñanza y de elección de centro; que insultaba a los católicos negando carácter científico a cualquier enseñanza que no fuera laica; y que vulneraba claramente no sólo la Ley Orgánica de Educación y el propio Pacte Nacional per l'Educació, sino también el artículo 21 del Estatuto. El anteproyecto recibió más de 200.000 alegaciones en contra de padres y madres de alumnos.

En el paso de anteproyecto de ley a proyecto el texto mejoró sustancialmente, y en la tramitación parlamentaria se benefició de otras mejoras. Ante el texto final fui partidario de la abstención por entender que no sólo se debía obtener un texto legislativo que permitiese en su día a Convergència i Unió realizar una política educativa que garantizase el derecho de todos a la educación, la libertad de enseñanza y la efectiva libertad de centro, sino que el texto debería impedir vulneraciones de derechos y libertades por parte del tripartito.

El primer gobierno tripartito, mientras el Departament estuvo en manos de Esquerra Republicana de Catalunya, mantuvo una beligerancia en contra de la libertad de enseñanza y de los derechos de los padres y madres rayana en lo delictivo. Lo que le supuso importantes reveses judiciales.

La situación ha mejorado (lo que no era muy difícil) con el segundo tripartito, aunque lo cierto es que el Gobierno de la Generalitat presenta enormes resistencias a la ampliación del régimen de conciertos y en el reciente Decreto Ley de medidas para la reducción del déficit de la Generalitat ha acordado la reducción del salario de los profesores de los centros concertados cuyo pago realiza por delegación. Es cierto que se han reducido las retribuciones de los profesores de los centros públicos, pero debe tenerse en cuenta que los profesores de los centros concertados venían cobrando menos e impartiendo más horas de clase que aquéllos.

Por un lado, los titulares de los centros concertados catalanes se han visto obligados a impugnar el Decreto que regula los programas de cualificación profesional inicial, que vulnera claramente la libertad de enseñanza, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido por ello, cautelarmente, la vigencia de uno de sus artículos.

Las mejoras a introducir en el ámbito educativo son de dos tipos: de un lado la plena garantía de los derechos constitucionales. Los padres deben poder elegir el tipo de educación de sus hijos sin tener que pagar un "peaje" por ello. La asignatura de educación para la ciudadanía debería ser depurada de todos sus elementos de adoctrinamiento (especialmente de los inspirados en la ideología de género y el feminismo radical) y respetar la libertad de conciencia de las familias, etc. Por otro lado, debe volverse a la cultura del esfuerzo, combatir el fracaso escolar y hacer una apuesta decidida por la calidad de la educación, lo que no siempre implica destinar muchísimos más recursos.

En su día usted se opuso al intervencionismo del poder público que destilaba la redacción del Estatuto de Cataluña. ¿Ha sido efectivo ese intervencionismo en este tiempo? ¿Qué elementos destacaría de él?

Siendo favorable al conjunto del Estatuto, he manifestado discrepancias con algunos aspectos del Título Primero (Derechos, deberes y principios rectores), y con el exceso de intervencionismo de los poderes públicos que destila.

Es cierto que la pretensión de extender las competencias autonómicas al máximo de ámbitos posibles, y de aprovechar para ello cualquier resquicio que pudieran dejar las competencias estatales, ha dado lugar a un minucioso detalle de las competencias y potestades de la Generalitat. Pero tampoco es menos cierto que esa comprensible pretensión fue aprovechada por la mayoría de las denominadas "izquierdas" para trasladar al Estatuto un modelo político intervencionista, incluso excesivo para épocas posteriores al crack del 2008. Una prueba de ello son los 223 artículos del Estatuto.

Se ha puesto como ejemplo de esta voluntad intervencionista la obligación de los padres de informar a los niños adoptados que lo son, exactamente a los 12 años. Sin tener en cuenta la personalidad o el específico desarrollo psicológico del niño.

¿Qué papel está jugando la sociedad civil ante la merma de libertades que se ha introducido en este período?

La sociedad civil catalana se ha ido organizando y generando sus propios anticuerpos para resistir y hacer frente a estas políticas. Combatiéndolas en el ámbito social, político y judicial. Buena prueba de ello son las más de 200.000 alegaciones de padres y madres de alumnos que recibió el Anteproyecto de Ley Catalana de Educación. O el surgimiento y desarrollo de asociaciones como E-Cristians, las integrantes del Pacte per la Vida i la Dignitat, etc.

Esta sociedad civil catalana cuenta con éxitos como el "caso Morín" (en virtud de una querella de E-Cristians), y la anulación de numerosas disposiciones y resoluciones del Govern contrarias a los derechos educativos.

¿Qué posición específica ha desarrollado el Govern en relación al derecho a la vida? ¿Cuál ha sido la actitud del Ejecutivo catalán ante las protestas de quienes, como usted, ha criticado la ley del aborto? ¿Cuál ha sido la posición de la Consejería de Sanidad en relación a las clínicas abortistas?

El Govern de la Generalitat -de hecho, como casi todos los gobiernos autonómicos- ha venido cerrando los ojos ante el fraude estructural y sistemático de que ha sido objeto la Ley del Aborto de 1985. No ha tenido ningún interés en inspeccionar las clínicas abortistas para verificar si su comportamiento se ajustaba a los dictados de la Ley. Prueba de ello ha sido el "caso Morín", que después de diversas denuncias ante el Departament de Sanitat y el propio Colegio de Médicos de Barcelona que se cruzaron de brazos, está siendo depurado por la justicia penal.

No sólo eso, el Departament de Sanitat estuvo consintiendo que el Dr. Morín practicase abortos estando afectado de Sida, y se ha negado a informar de esta circunstancia a sus "pacientes" españolas, a diferencia de lo que ha hecho la sanidad francesa.

En general, la posición del Govern de la Generalitat frente al aborto parte del principio que se expresa en el artículo 41.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, es una cuestión que debe dejarse a "la libre decisión de la mujer". Contra ésta, la vida del todavía no nacido carece de valor e interés.