La reforma Ruiz Gallardón

Causa asombró el conjunto de reacciones suscitadas tras la aprobación y publicación del anteproyecto de «Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada» presentado por el Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón y aprobado en Consejo de Ministros del 20 de Diciembre de 2013. No sé qué es más sorprendente, si de quien provienen las críticas, de la ausencia de sus argumentos o de las formas utilizadas por quienes las ejercen. Analicemos cada uno de estos aspectos.

Lo primero que resulta asombroso es la procedencia de los ataques a la reforma, y aquí hay que señalar dos tipos de actores políticos… y reitero lo de ´políticos´, pues quienes han expresado su oposición se reparten entre los miembros del principal partido de la oposición, y de algunos dirigentes de los partidos que pretenden acceder a un mayor protagonismo del que hasta ahora les han concedido las urnas, y algunos dirigentes del propio partido del gobierno (?). Tal vez, lo menos sorprendente sea la postura de los responsables del primer partido de la oposición, pues esa es su misión y suya es la Ley que tras el trámite parlamentario quedará previsiblemente derogada. Pero el hecho es que la esperada reforma de esta Ley, que afecta a la vida humana, estaba en el programa electoral del PP, en los mismos términos con que ha sido defendido desde el principio por Ruiz Gallardón y queda expresada en el anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros, en contraste con lo ocurrido con la Ley Aído, ausente en el programa con el que gobernó el PSOE y cuyo trámite democrático se caracterizó por su acelerada gestión y la ausencia de escucha a quienes no fuesen destacados defensores de la corriente feminista o abanderados de la ideología de género que la sustenta. ¿Qué clase de democracia es la que deslegitima el derecho a defender una reforma legislativa por un partido que recibió un respaldo mayoritario, en cuya propuesta se incluía esta reforma legislativa? Creo que nadie discutiría que este es probablemente uno de los pocos temas en los que el PP cumple su promesa electoral, aunque sea con un considerable retraso respecto a lo que muchos de sus votantes hubieran deseado.

Sorprende poco la reacción de los restantes partidos, pues ven en la crítica al gobierno actual un modo de desgaste y un posible trasvase de votos hacia sus escuálidas formaciones, aún a costa de desvelar su auténtica forma de pensar en materia de moralidad, celosamente silenciada hasta ahora, pero en cuyos cálculos han debido juzgar, por puro oportunismo político, que es más provechoso ponerse al rebufo del frente abierto por el PSOE, que desvelar su forma de pensar en un tema tan sensible como es la defensa de la vida.

Respecto a los dirigentes del PP que han manifestado discrepancias con la reforma de Ruiz Gallardón, los Cifuentes, Feijoo, Morago y los que vengan detrás, solo cabe decir que al señalar su discrepancia parecen haber olvidado que iban en las misma listas del partido que proponía esta reforma en su programa, lo que les deja en muy mal lugar ante sus electores que harán bien en tomar buena nota ante los próximas citas electorales. Es una muestra de la falta de principios morales de que parece adolecer un porcentaje indeterminado de los diputados del partido en el poder

Decía Miguel Delibes en un artículo titulado Aborto libre y progresismo publicado en ABC en Diciembre de 2007  que: «en nuestro tiempo es casi inconcebible un progresista antiabortista. Antaño, el progresismo respondía a un esquema muy simple: apoyar al débil, pacifismo y no violencia» [1]. Y esto entra en contraposición con la principal de las manifestaciones que esgrimen los defensores de la permanencia de la Ley Aído. Para estos, quien defiende la vida del concebido no nacido es un ultraderechista, retrógrado, fascista y la vergüenza de España. Toda una serie de descalificaciones que demuestran la laguna de argumentos de quienes huérfanos de principios éticos se agarran a la ideología de género como signo de identidad.

Incluso, ante la defensa del proyecto del ministro Ruiz Gallardón, desde la oposición se responde que la reforma puede ser “todo, menos equilibrada”, y si se la califica de “progresista”, como ha hecho Ruiz Gallardón, se discute y se dice que “me lo haría mirar”. Dentro del relativismo moral que caracteriza esta oposición creo que sería bueno que fuesen ellos quienes revisaran sus conceptos de lo “progre” y lo “retro”, que no puede corresponderse con el aborto y la defensa de la vida, respectivamente, sino al revés. En el mismo artículo comentado anteriormente, continuaba Miguel Delibes señalando que: «El ideario progresista estaba claro y resultaba bastante sugestivo seguirlo. La vida era lo primero, lo que procedía era procurar mejorar su calidad para los desheredados e indefensos. No se pensó que la vida del feto estaba más desprotegida que la del obrero o la del negro, quizá porque el embrión carecía de voz y voto, y políticamente era irrelevante. Entonces se empezó a ceder en unos principios que parecían inmutables: la protección del débil y la no violencia. Contra el embrión, una vida desamparada e inerme, podía atentarse impunemente» ¿Es esto realmente progresista?

Las dos grandes mentiras que han tratado de justificar el aborto tienen por fin ocultar la humanidad del embrión y del feto, de los que se dice que no son más que un amasijo de células o que forman parte del cuerpo de la madre. Pues no, ni lo uno ni lo otro. Hace años que la ciencia demostró que en los organismos superiores con reproducción sexual, tras la fecundación, hay una nueva vida, que el cigoto es la primera realidad corporal humana, y que el embrión y el feto son las primeras etapas de su desarrollo, una vida independiente de la madre en su singularidad genética y un desarrollo que transcurre en continuidad. Falsear o renunciar a los datos de la ciencia es renunciar al conocimiento, y si se renuncia al conocimiento, lo único que queda es ideología.

Del mismo modo, el filósofo Julián Marias defendía la indisponibilidad de la vida humana de la siguiente manera: «Nadie puede disponer de vida humana alguna. Tampoco existe poder que tenga potestad para privar de la vida a otro, ni para dar el derecho a alguien de matar a un tercero». Marías consideraba  que «la limitación primaria y más evidente de todo poder que pretenda ser legítimo es la que se refiere a la vida misma». Por supuesto Julián Marias incluía al feto en la vida que ha de defenderse frente a quienes creen que el no nacido es una parte del cuerpo de la mujer embarazada, lo que calificó de «insigne falsedad, porque no es parte: está alojado en ella, mejor aún, implantado en ella (en ella, y no meramente en su cuerpo)».

Dicho lo anterior, de momento y a la espera de los avatares que surjan en el largo proceso con el que se enfrentará en sede parlamentaria, el anteproyecto de «Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada», cabe considerarlo como un paso adelante. Pero solo eso, un paso adelante, pues la mejor Ley del Aborto es una ley de Aborto cero.

El anteproyecto, en consonancia con lo antedicho, toma como principio la defensa de la vida en conformidad con el artículo 15 de la Constitución Española, que establece que «todos tienen derecho a la vida». Un derecho, señalado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. La reforma ahora planteada se basa en que la vida humana constituye el derecho fundamental, esencial y troncal, sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. El aborto no es un derecho de la mujer, pues no puede anteponerse el derecho a acabar con la vida del feto a otros derechos de menor entidad. Basta por ver, hasta donde se llegará  La propia redacción del anteproyecto suscita algunas dudas por cuanto se llega a afirmar que «la protección de la vida del nasciturus no tiene un carácter absoluto y debe ser dispensada dentro de los límites impuestos por la existencia de otros derechos y bienes asimismo reconocidos por la Constitución». Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. De momento, parece satisfactoria la firmeza del Ministro Ruiz Gallardón y su afirmación de que todos los miembros del partido están obligados a cumplir el contrato que firmaron con los ciudadanos cuando aceptaron el programa electoral, en el que figuraba el compromiso de reformar la actual ley.

[1] Delibes, M. «Aborto libre y progresismo», publicado en ABC.es el 20 de Diciembre de 2007.

[2] Marías, J. «Una visión antropológica del aborto». Cuenta y razón. ISSN 0211-1381, Nº 10, 1983