La reforma fiscal en marcha: unas reflexiones para el debate

Un nuevo tema ha llegado a las mesas de debate de radio, televisión e incluso ha entrado en el cuarto de estar de los hogares españoles –la reforma fiscal–. Desde que empezó la crisis las familias soportan con auténtica dignidad continuas subidas de impuestos, que les obligan a contraer su gasto y ajustarse el cinturón. Todo sea por ayudar a terminar con el terrible déficit público alcanzado por el sector público.

Estamos ante un tema con un fuerte componente técnico, el diseño de impuestos, pero del que todos nos sentimos obligados a posicionarnos. Sin embargo no debería ser un debate ideológico, porque una verdadera democracia exige que los ciudadanos estén formados y tengan información suficiente, más allá de la ideología, que les ayude a posicionarse frente a las acciones de los políticos.

El informe elaborado por los expertos recoge numerosas medidas que, en su opinión, podrían ser implementadas en la futura reforma de nuestro sistema fiscal, que resulta imposible valorar en este artículo. Sólo me referiré aquí a cinco temas que son los que más han calado en la sociedad y se repiten en todos los debates públicos. Se trata sólo de unas reflexiones generales, y como tales deben leerse, que exigirían un estudio muy detallado y muchos matices, para poder valorar en profundidad las verdaderas consecuencias de poner en marcha ciertas medidas recogidas en el informe.

Primero, subir el IVA, en cualquiera de sus modalidades (tipos) no es, en mi opinión, lo más acertado en este momento. Se trata de un impuesto sobre el consumo y por tanto regresivo. Esto implica que afectará negativamente al consumo, y por tanto, inevitablemente, al crecimiento económico, e igualmente podría tener efectos negativos sobre la distribución de la renta. No estamos ante un debate de ricos y pobres, no se debe hacer demagogia con esta cuestión. Estamos ante una decisión estrictamente de política fiscal que si nos equivocamos puede tirar por la borda los pequeños brotes verdes que están empezando a nacer en nuestra economía. Sólo el aumento en el consumo de las familias puede ayudar a seguir reactivando la economía, lo que debería tenerse en cuenta en la reforma fiscal.

Segundo, la presión fiscal es el total de recaudación en relación al PIB. Es decir que cuando se argumenta que con esta reforma las familias verán disminuir su presión fiscal, ¿qué significa? La respuesta no es fácil, porque lo que interesa a las familias es saber como afectará al esfuerzo fiscal que van a soportar, que deberá ser calculado en su totalidad, es decir, teniendo en cuenta todos los impuestos que ellas soportan. Por tanto si subimos el IVA, y bajemos los tipos máximos del IRPF o aumentemos el mínimo exento por ejemplo, de esta rebaja fiscal sólo se beneficiarán algunas familias –las que tributan y están en determinados tramos de renta– mientras que con la subida del IVA todas las familias deberán hacer un mayor esfuerzo fiscal y tributarán más. Si además subimos otros tributos –sucesiones y donaciones, por ejemplo– habrá que calcular el impacto total sobre el esfuerzo fiscal de dicha reforma.

Tercero, en relación a la imputación de rentas de la vivienda habitual, no parece tampoco una medida muy adecuada, especialmente en este momento. Una razón que podemos dar es, entre otras, que más del 80% de los españoles tienen su vivienda habitual en propiedad. Y ni siquiera potencialmente deberíamos considerarla, en términos fiscales, como una fuente de ingresos, que es la razón para imputar rentas no percibidas. Estamos refiriéndonos a la vivienda en la que se reside, y aunque sea un bien de inversión también es un bien de consumo. Si el uso de vivienda habitual lo consideramos como objeto de gravamen, podríamos caer en la locura de gravar también, no sólo la compra de los bienes a través del IVA, sino también el consumo continuado de los mismos.

Cuarta, la retroactividad en deducción por vivienda habitual no parece que sea una buena medida porque estaríamos introduciendo un elemento de inseguridad en la toma de decisiones de los individuos y una desconfianza hacia el legislador en materia fiscal que podría ser grave. Incluso de dicha desconfianza podría derivarse una mayor propensión al fraude.

Quinto, aumentar el impuesto sobre sucesiones sería volver a lo que teníamos antes que no es sino una doble tributación porque por los bienes que yo transmito ya tributé en su momento, ¿por qué tengo que volver a tributar por ello?

Estamos en una coyuntura en que las contradicciones son evidentes. Pocos ponen en duda que el principal objetivo debe ser lograr el equilibrio presupuestario, pero éste exige actuaciones tanto por el lado de los ingresos como de los gastos. Un aumento continuado de impuestos o la búsqueda de nuevos nichos para obtener ingresos públicos, que al final siempre soportan los contribuyentes, no es la solución. Las familias españolas ya han hecho suficiente esfuerzo y han colaborado en la disminución del déficit. Ahora deberían venir nuevas acciones centradas en el ajuste de ciertos gastos públicos, que no corresponden a partidas propias del estado de bienestar, a la vez que se reforman los impuestos para hacerlos –técnicamente– más equitativos y con estructuras más eficientes. Si se dan las dos características, seguro que también serán más recaudatorios.

Por último no nos olvidemos de introducir en la reforma mejoras en el control del fraude fiscal. La Administración tributaria, la pura gestión, también necesita una importante reforma. No parecería razonable que seamos los ciudadanos también los que tengamos que ocuparnos de denunciar a nuestros vecinos, amigos, o incluso parientes, para acabar con el fraude fiscal. La Administración Pública española siempre ha sido una de las mejores del mundo, no dejemos que esto se pierda. Utilicemos sus recursos para lograr aumentar la recaudación actuando sobre aquellos que no son solidarios y piensan que como el dinero público no es de nadie ¡se lo pueden llevar!