La poliédrica realidad de la administración pública en España

España · Francisco Medina
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27 abril 2020
La enorme crisis en la que nos ha metido la pandemia del coronavirus no sólo ha afectado a la salud de las personas, también nos va a dejar una crisis económica de dimensiones desconocidas. Ante la incertidumbre y el miedo que nos despiertan, ya vienen anticipándose, como en otras ocasiones, legiones de economistas, profesores, expertos, sociólogos, juristas, think tanks, asociaciones, ciudadanos o partidos políticos, sean todos ellos de tendencias socialdemócratas, liberales, populistas, nacionalistas, comunistas o sin orientación ideológica alguna.

La enorme crisis en la que nos ha metido la pandemia del coronavirus no sólo ha afectado a la salud de las personas, también nos va a dejar una crisis económica de dimensiones desconocidas. Ante la incertidumbre y el miedo que nos despiertan, ya vienen anticipándose, como en otras ocasiones, legiones de economistas, profesores, expertos, sociólogos, juristas, think tanks, asociaciones, ciudadanos o partidos políticos, sean todos ellos de tendencias socialdemócratas, liberales, populistas, nacionalistas, comunistas o sin orientación ideológica alguna.

En España, en determinados ambientes académicos, empresariales o de las escuelas de negocios, vuelve a cobrar fuerza el mensaje de que hay que reducir el gasto público para salir del hoyo en el que estamos metidos. “No más Estado, no más Administración, no más funcionarios”. Es un mensaje que ha calado también en la política, en Twitter y entre la gente. La reciente creación de los nuevos 22 Ministerios no ha contribuido, precisamente, a pacificar la cuestión.

Sin embargo, la cuestión del tamaño del sector público resulta más compleja de lo que parece y el debate está trufado de ideología –a derecha y a izquierda–. Quizá aportar algunas cifras pueda ayudar a una visión más poliédrica.

Según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a julio de 2019, existen 2.595.575 empleados públicos en España –un 5% de la población total–, distribuidos de la siguiente forma: en la Administración General del Estado (incluyendo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de la Administración de Justicia), en torno a 515.000, menos del 20% del total. En el caso de las Administraciones autonómicas –incluyendo al personal docente e investigador y al personal de administración y servicios de las universidades transferidas–, el número de empleados públicos ronda los 1.500.000, constituyendo casi el 60% del total; y en la Administración Local (es decir, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares), el número de empleados es algo más de 580.000 –en torno al 23% del total–.

En suma, el primer elemento que nos revela lo poliédrico de la cuestión es la diversidad: empleados públicos no equivale en exclusiva a funcionarios de carrera, sino que engloba a personal laboral (sometido o no a régimen de convenio), el personal interino o el personal eventual.

La segunda nota a tener en cuenta: que es evidente que el mayor número de empleados públicos reside en las Comunidades Autónomas. Las que más empleados públicos tienen en nómina son: en primer lugar, Andalucía, con casi 295.000; Cataluña, en segundo lugar, con unos 205.000; la Comunidad de Madrid, rondando los 185.000; y la Comunidad Valenciana, con unos 145.000; seguidas por Castilla y León (con casi 95.000) Galicia (rondando en torno a los 94.000) o País Vasco (en torno a unos 75.000). Comunidades como Extremadura o Asturias se sitúan en un rango más bajo, por debajo de los 50.000.

Y si tenemos en cuenta el porcentaje de empleados públicos funcionarios por Administraciones, éstos representan, en la Administración General del Estado, el 82%; en tanto que, en la Administración autonómica, dicho porcentaje cae a un 56%; y en la Administración local, la cifra es aún menor, 33,15%.

En realidad, el panorama es mucho más complejo de lo que aquí se ha puesto. Son muchas las cuestiones que surgen: entre otras, el trasvase de funcionarios de la Administración del Estado –aunque no son mayoría– a otras Administraciones, lo que se llaman los servicios especiales, sea en Comunidades Autónomas o en Entidades Locales; o la tasa de reposición de efectivos cuando se van produciendo jubilaciones; el pase a la situación de excedencia; el hecho constatado de la desigualdad salarial a favor de las Administraciones autonómicas y, especialmente, a favor de Diputaciones, Ayuntamientos, Cabildos y Consejos Insulares; las transferencias de competencias y el número de empleados eventuales o interinos. Toda una paleta de colores que impide dar soluciones simples a tan compleja y delicada cuestión.

Por si no fuese suficiente, es interesante ver lo que dice la OCDE al respecto, acerca de nuestro tamaño de Administración. En su documento “Government at a Glance 2019”, ha señalado que el porcentaje de funcionarios en España (15,3%), en 2017, habiendo aumentado respecto de años anteriores, seguía siendo inferior al de la media en el conjunto de la OCDE (18%); eso sí, el porcentaje de inversión pública, en ese año, era del 2%, inferior a la media del conjunto de países, en ese año. Y si miramos la proporción del número de funcionarios de la Comisión Europea respecto del total de la población de la UE, el porcentaje es ínfimo –no llega al 1%–.

No se ama lo que no se conoce. El ámbito de las Administraciones Públicas resulta sumamente desconocido en la sociedad española –muy dada a tirar piedras contra nuestro propio tejado; especialmente, el de nuestras instituciones–. En realidad, cuando se invoca la necesidad de recorte de gasto público, habría que ser sumamente cuidadoso de que estamos ante una realidad que no es uniforme, sino poliédrica, como la de la sociedad civil de la que es reflejo.

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