La ocupación de las empresas privadas

Mundo · A.C. Democracia y Desarrollo
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9 marzo 2009
Como inicio de una escalada intervencionista, Chávez, en el Aló Presidente del pasado 1 de marzo, manifestó: sí, las empresas "se niegan a producir y a empaquetar el arroz para el consumo del plato venezolano. Y se han negado una y cien veces. ¡Me cansé! Y le dije a Elías Jaua (ministro de Agricultura): intervéngalos y si se ponen cómicos (si resisten) los expropiamos y les pagamos con papeles". Una vez recibida la orden, sin que mediara proceso judicial alguno, efectivos militares y funcionarios gubernamentales procedieron a ocupar una planta procesadora de arroz, propiedad de Alimentos Polar, en la ciudad de Calabozo, estado Guárico, y otra de Alimentos Mary, en Turén, estado Portuguesa. Lo que no dijo Chávez fue que el Gobierno tiene bajo su control alrededor del 50% del arroz que se consume en el país, mientras que la Polar, principal industria privada de alimentos, no controla más del 6%.

Tal como señala el diario ABC, de Madrid, "ninguna de las empresas expropiadas, confiscadas o tomadas del sector privado por el Gobierno chavista ha dado resultados productivos y rentables. Su mal desempeño e ineficiencia está a la vista de todos. Muy tardíamente los trabajadores se dan cuenta de que pierden sus puestos y su libertad para elegir en las empresas privadas que han pasado obligatoriamente a ser socialistas, dicen los sindicatos no oficialistas". Mientras tanto, representantes de partidos de la oposición han calificado como "arbitraria y desproporcionada" la ocupación por parte del Gobierno de Hugo Chávez de plantas privadas empaquetadoras de arroz. Pero como si esto fuese poco, también se procedió a ocupar el balneario privado de uso público, Marina Grande, ubicado a menos de 30 kilómetros de Caracas, so pretexto de que se estaban cobrando tarifas excesivas por el uso de sus instalaciones; así como fincas en el interior del país.

Luego de estas ocupaciones, representantes de la patronal Fedecámaras, al igual que profesionales, industriales, comerciantes, ganaderos, agricultores y estudiantes, han encendido señales de alarma ante lo que se califica como actos del régimen, que pretenden obligar a la agroindustria a producir a pérdida el arroz regulado, para después sacar el cereal acopiado y engañar a la población diciendo que con la medida se logró restablecer el suministro, según declaró José Manuel González, presidente de la central patronal. Por su parte, el líder estudiantil Ricardo Sánchez mostró su desacuerdo con la intervención de las plantas de arroz y anunció que iniciarían una serie de acciones.

Adicionalmente, el Banco Provincial, cuyo accionista mayoritario es el banco español BBVA, se encuentra amenazado de ser paralizado por una huelga si se niega a discutir un contrato colectivo con el Sindicato Bolivariano, que agrupa a 256 trabajadores de dicha institución. Los representantes del banco solicitan la realización de un referendo, alegando que el otro sindicato, que no es oficialista, representa a más de 3.000 de sus trabajadores.   

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