La mejor defensa de la libertad de educación, ejercerla

España · Fernando de Haro
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11 abril 2008
Hace unos días Enrique Múgica, el Defensor del Pueblo, presentó un informe sobre violencia escolar que nos puede ayudar a pisar terreno al hablar de Educación para la Ciudadanía (EpC). El estudio comprendía el período 1999-2006 y había investigado sobre el maltrato entre iguales con una muestra de 3.000 alumnos de ESO, matriculados en 300 centros públicos, privados y concertados de todo el territorio nacional. La cosa mejora pero las cifras son escalofriantes: maltrato verbal en el 27 por ciento de los casos, agresión física en el 4 por ciento, motes ofensivos en el 27 por ciento. No es la crueldad de siempre, somos una sociedad cada vez más violenta y eso se refleja en los colegios. Ante estos hechos, decreto de mínimos que concreta la materia de EpC: "los valores universales y los derechos y deberes contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución constituyen el referente ético común". Una solución, además de casi totalitaria, condenada al fracaso porque pretende convertir la instrucción sobre los derechos humanos en una herramienta para fundamentar las relaciones humanas.

Los derechos humanos si son simples "categorías universales abstractas", cuando no hacen referencia a todo el capital social que los sustenta y les da historia, son impotentes para construir cualquier forma de convivencia. El niño que va a pegarle a su compañero de pupitre no detiene la mano porque recuerde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Deja de pegar, acepta, valora y respeta la diferencia y la dignidad del otro cuando ha sido educado en una experiencia -la de su casa, la de su religión- que le ha enseñado a comportarse de ese modo. Los derechos humanos adquieren fuerzan cuando está sustentados en historias precisas, en lo que algunos llaman "universales concretos". Es una pena que a Peces Barba, y a todos los profetas de la EpC, su soberbia de laicistas trasnochados les lleve a secundar en pleno siglo XXI a los que defendieron en el XIX que la democracia moderna tenía que mantenerse libre de las "intromisiones religiosas y metafísicas". El realismo político demandaría convocar a todas las culturas y tradiciones vivas que pudieran darle sustento al proyecto de una ciudadanía plural.

¿Qué sentido tiene pretender -como dice el decreto de mínimos- "fortalecer la autonomía de los alumnos y alumnas para que construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios" sin darles un referente concreto? ¿Qué éxito puede tener cuando lo que más valoran los jóvenes españoles (según la encuesta de la Fundación Santa María de 2005 y la última del CIS) es su estado de salud? ¿De qué puede servir el objetivo de "identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen"? ¿Qué utilidad puede tener esa afirmación genérica cuando desde hace diez años el racismo crece entre los adolescentes españoles de forma exponencial? Un estudio de 1998 de Tomás Calvo Buezas ya revelaba que un 31 por ciento de los adolescentes españoles estaban dispuestos a echar de España a los gitanos y un 26 por ciento, a los musulmanes. Nada indica que la situación haya cambiado.

Pero no basta con denunciar la pretensión inadmisible de un Estado torpe. La seriedad del momento exige no ser maniqueos. Los adolescentes violentos, con tendencia al racismo, incapaces de haberse formado una personalidad crítica y obsesionados por cosas propias de viejos, están en todos los colegios. También en los colegios escogidos por los padres que con generosidad luchan contra la EpC. Miopía de un Gobierno que responde con ideología a un auténtico maremoto de desvertebración social. Pero también debilidad de una sociedad que ha dejado de educar. Como afirmaba Bernanos en su artículo de marzo de 1941 sobre el divorcio, rescatado por Páginas Digital hace unos días, "la legislación no hace las costumbres, ella sólo puede protegerlas cuando están hechas". Es un problema, sobre todo, de costumbres no de leyes. De unas costumbres que no se arreglan a base de disciplina o de ponerse de pie cuando entra el profesor en clase.

Hay que reconocer que en nuestras escuelas y familias se ha dado tantas veces por supuesto lo que éramos que hemos perdido capacidad para transmitirlo y para responder a unos jóvenes que tienen como máximo ideal en la vida no estar enfermos. El laicismo de Zapatero rechaza los universales concretos de la tradición católica, liberal o incluso socialista, pero la batalla contra la EpC sólo será efectiva si se libra en el campo de la experiencia. Si es capaz de actualizar esas tradiciones y convertirlas en una auténtica educación popular que redescubra el significado de las relaciones entre las personas, el respeto concreto al deseo de verdad de justicia, el uso no parcial de la razón. Si es capaz de generar un movimiento entre la gente. La nueva asignatura ha puesto de manifiesto hasta qué punto es necesaria una renovación de la educación popular. No basta con la defensa de principios y valores, no basta ni siquiera con defender la libertad de educación, hay que ejercerla y llenarla de contenido.

 

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