La mayoría, y sólo la mayoría

España · Fernando de Haro
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6 julio 2010
El fallo sobre el Estatuto de Cataluña y los recursos contra la ley del aborto le han dado al Tribunal Constitucional en los últimos días un protagonismo sugerente. Por una vez el debate no se ha centrado en el color de los magistrados, en la idoneidad de los aspirantes o en una deliberación retransmitida mientras se celebra el pleno. Lo que ha estado en el centro de la polémica ha sido precisamente el papel mismo del Tribunal Constitucional.

Eso ha entornado, al menos durante algunas horas, la ventana para que aparezca la pregunta sobre qué limites tiene la mayoría parlamentaria. El recurso presentado por el PP reclamaba la adopción de medidas cautelares por parte del Tribunal: la suspensión de la ley del aborto antes de su entrada en vigor para evitar los daños excepcionales que causaba. Era la primera vez que se reclamaba algo así. El Constitucional no sólo admitió a trámite el recurso sino que abrió un período de alegaciones para que el Gobierno y el Congreso pudieran pronunciarse. También esto era nuevo.

Las del Gobierno, formuladas por la abogacía del Estado, aseguran que no se puede suspender la ley porque eso sería tanto como darle al Tribunal Constitucional la potestad, que no tiene, de superar la "presunción de legitimidad que tiene el Parlamento". Expertos constitucionalistas señalan que es un argumento contundente y que sólo la excepcionalidad del bien jurídico que se quiere proteger, la vida, permitiría sostener lo contrario. Lo interesante es que se plantea la cuestión de los límites de la legitimidad de lo aprobado por el Congreso y de cuándo se puede presuponer esa legitimidad. En realidad el Tribunal Constitucional, definido por Kelsen como un legislador negativo, tiene como una de sus principales funciones poner límites a las mayorías para que sometan a los principios y derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna. La historia del siglo XX nos ha ilustrado hasta la saciedad sobre la necesidad de esos límites.

Por eso han sido significativos dos pronunciamientos de Zapatero que se han producido el domingo y el lunes. Zapatero llegó a la Moncloa hace ocho años con la intención de hacer "política bonita", de superar la época bronca de Aznar. Más allá de las sonrisas y de las gestos,  la política es más o menos fea según cómo usa las mayorías que consigue formar. En este caso, a base de geometría variable. El presidente del Gobierno comparecía a comienzos de semana en Moncloa y le echaba en cara al PP que las batallas que perdía en el Congreso las intente ganar en el Tribunal Constitucional. Añadía: "las posiciones de fondo de los principios políticos son las que marca la mayoría parlamentaria". Añadía, eso sí, "dentro de la Constitución". Pero el límite constitucional quedaba como un florero decorativo después de haberle quitado al principal partido de la oposición la legitimidad para recurrir y haber afirmado categóricamente que lo que cuenta, lo único, es la mayoría parlamentaria. El argumento lo había repetido un día antes en su artículo de La Vanguardia, en el que también ponía la mayoría parlamentaria por encima del Constitucional. Anunciaba que iba a superar los límites que ha puesto el Tribunal al Estatut "por el cauce constitucionalmente procedente".

Un tercer supuesto ilustra esta mentalidad política que le concede todo a la mayoría. La objeción de conciencia es el último recurso que el Estado de Derecho arbitra para las situaciones de conflicto. Si la mayoría ha tomado una decisión que el Constitucional ha avalado, no se puede forzar a un ciudadano a actuar contra su conciencia. La ley del aborto es especialmente restrictiva en este tema porque sólo se le permite recurrir a ella a los médicos que intervienen directamente en la interrupción del embarazo.  Se remite su concreción a un reglamento que no ha sido desarrollado.

Ramón Luis Valcárcel, el presidente de Murcia, se ha equivocado al asegurar que la ley no rige. No se ha equivocado el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, cuando ha afirmado ha afirmado que la Comunidad de Madrid  "no va a obligar a nadie a hacer un aborto". Le consideran un insumiso. A estos límites hay que llegar cuando la política está basada en la mayoría y sólo en la mayoría.

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