La LOMCE, ¿otra «Ley fantasma»?

Así, «Ley fantasma», definió Alicia Delibes la nonata Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). En efecto, al primer gobierno socialista de Rodríguez Zapatero no le tembló el pulso para frenar, torticeramente («Contra derecho, razón o justicia», vid. DRAE), la aplicación de una norma que sólo en su segunda legislatura fue capaz de sacar adelante el Partido Popular.

Dada la ya tradicional actitud timorata de los populares en las cuestiones verdaderamente esenciales para el futuro de nuestra sociedad, es posible que con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) nos encontremos ante un nuevo caso de ‘ley fantasma’, tanto en la forma como en el contenido. En la forma, dado que los socialistas ya han anunciado que la derogarán al día siguiente de volver al gobierno. Y esto con el aplauso de todos aquellos que se creen con el monopolio de la verdad y de la razón en este tipo de cuestiones: la inmensa mayoría de los sindicatos de profesores y alumnos, parte de las asociaciones de padres, la totalidad de la progresía mediática y casi todos los partidos políticos. En el contenido, porque, de momento, la LOMCE no es mucho más que una LOE travestida («Disfrazado o encubierto con un traje que hace que se desconozca al sujeto que lo usa», vid., de nuevo, DRAE).

El pasado dieciséis de julio se realizó en el Congreso de los Diputados, aunque físicamente fue en el Palacio del Senado, el debate de totalidad de la LOMCE, elevada ya a la categoría de Proyecto de Ley Orgánica. Se habían presentado nada menos que once enmiendas a la totalidad –lo acabamos de decir, «casi todos los partidos políticos»-. Es verdad que, conocido el proverbial amor al trabajo y dedicación de algunos de nuestros representantes políticos, en la mayoría de los casos la enmienda se limitaba a un “me opongo porque sí”, desarrollado en poco más de un folio.

En la votación final conjunta fueron rechazadas las once enmiendas por ciento setenta y nueve votos frente a ciento cuarenta y nueve: ventajas de la mayoría absoluta. Mayoría absoluta que, por cierto, podría ser utilizada por el Partido Popular con la misma legitimidad para las otras cuestiones verdaderamente esenciales para el futuro de nuestra sociedad, las relativas a la protección de la familia y la maternidad o a la defensa de la vida humana. Estas son, nunca mejor dicho, las auténticas cuestiones vitales para nuestro futuro. Teniendo mayoría absoluta en el Congreso, resulta incomprensible, y exasperante, que el Gobierno de España aún no haya derogado la ley que permite el aborto absolutamente libre, y que cada día cuesta más de trescientas veinte vidas humanas, o que tampoco se haya hecho nada efectivo en materia de protección de la familia.

Volviendo a la cuestión de la educación, después de este conveniente excurso, podríamos utilizar, pero dándole la vuelta, el mismo argumento que utilizó el ministro Wert al inicio de su intervención para presentar el Proyecto desde la tribuna parlamentaria: en nuestros días, Adam Smith podría escribir un ensayo sobre la naturaleza y causas de la decadencia de la naciones señalando la mala educación como primera de ellas. Mala educación, dicho sea de paso, incluyendo todos los sentidos posibles de la expresión.

A estas alturas del proceso, no parece necesaria mucha justificación para coincidir en que padecemos el peor sistema educativo de ‘nuestro entorno’. Quien aún sea capaz de negarlo, y los hubo en el Parlamento y los hay en nuestra sociedad, no tiene más que acudir a la exposición de motivos del Proyecto de Ley Orgánica, al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, a las hemerotecas y a la abundante literatura técnico-académica publicada en los últimos veinticinco años en España.

La reforma propuesta por los populares se queda corta, como ya hemos denunciado en multitud de ocasiones. Es una reforma política, técnica y socialmente corta.

Políticamente porque, como se vio en el debate del pasado día dieciséis y ya se había manifestado antes, el Partido Popular no va a conseguir ningún apoyo de todos aquellos grupos o partidos que no quieren, por intereses meramente ideológicos, que se modifique nada. El nefasto complejo LODE-LOGSE-LOE es intocable. Si no fuera por el feroz laicismo militante de muchos de sus defensores, podríamos decir que es ‘sacrosanto’. No haber tenido la valentía política de hacer una nueva ley no le va a reportar a los populares ningún apoyo extra: los sectarios son así. «Roma no paga traidores», y los progresistas niegan el pan y la sal a quien se atreve a cuestionar, siquiera sea mínimamente, su monopolio ‘ético’.

Técnicamente corta porque esta reforma mantiene en pie gran parte del sistema y principios pedagógicos que tan malos resultados han dado. De hecho, la reforma alcanza a poco más de un tercio del texto de la vigente LOE, sosteniendo la actual arquitectura. Seguimos parcheando una mala ley, que ha generado un mal sistema con pésimas consecuencias. Esta educación mala no está lejos de la actual situación de crisis y decadencia de nuestra nación. Si se manipulan los principios, se olvidan los valores, se tergiversa la historia, se abandonan las Humanidades, se iguala a los alumnos a la baja, se introduce el adoctrinamiento, se elimina la libertad y se condena el esfuerzo personal, ¿cómo podrían darse buenos resultados?

Socialmente corta decíamos también. En efecto, en el actual texto la libertad –de las familias, de la iniciativa social- sigue sofocada bajo la presión agobiante de la programación de las Administraciones Públicas. Además, nada hace presagiar que vayamos a dejar de seguir enterrando millones de euros en un sistema que da tan magros resultados. Gastamos mucho más por alumno que la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea, pagamos mejor a los profesores y maestros y subvencionamos generosamente a sus sindicatos. Desgraciadamente, no parece que haya propósito de la enmienda tampoco en esto.

Señor Rajoy, señor Wert, señores diputados del Partido Popular, aún están a tiempo de hacer que el trámite parlamentario de este Proyecto de Ley Orgánica tenga más de ‘parlamentario’ que de ‘trámite’. Aprovechen para mejorar su norma escuchando a la sociedad civil, a las familias –depositarios del derecho a la educación-, a los promotores y titulares de los centros. Acaban de comprobar, si aún cabía alguna duda, que no pueden esperar nada del resto de partidos políticos ni de los sindicatos de profesores y de alumnos.

Sean consecuentes y tómense en serio sus propias palabras: «Señorías, no podemos pretender que los resultados cambien manteniendo el mismo marco normativo, haciendo lo mismo». Estaremos a su lado, y si hace falta delante, los que de verdad queremos salir de este marasmo («Suspensión, paralización, inmovilidad, en lo moral o en lo físico», vid., otra vez, DRAE).