La Justicia desaparece

Mundo · Óscar Ortiz Antelo, ex presidente del Senado Nacional (Bolivia)
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15 julio 2010
La toma de las Cortes Superiores de Distrito constituye un paso definitivo en el proceso de concentración total del poder que se está desarrollando en Bolivia. El sometimiento de la justicia al Ejecutivo, mediante el procesamiento de los altos magistrados y el nombramiento de interinos para reemplazarlos, ha constituido el mecanismo por el cual la justicia independiente ha desaparecido.

La intensidad de la confrontación política en lo que nos hace vivir el socialismo del siglo XXI nos hace perder la perspectiva con relación a la profundidad del proceso totalitario que se procura instalar en los países cuyos gobiernos se adscriben al liderazgo de Hugo Chávez. La toma de la justicia es esencial en este proceso, pues es el mejor instrumento para perseguir y anular a los adversarios políticos, con un manto de legalidad y democracia que permite que la comunidad internacional siga tratando a estos gobiernos como democráticos.

Veamos lo que ha pasado en el año 2010. Al lograr la reelección el presidente Evo Morales y obtener mayoría en ambas Cámaras, el oficialismo determina que la primera ley que aprobaría la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reemplazó al Congreso Nacional, sería la llamada Ley Corta, por la cual se le transfería al presidente del Estado Nacional la posibilidad de nombrar por decreto supremo a los cargos vacantes de los Altos Magistrados de la Nación.

De esta forma, se designó interinamente y por dedazo presidencial a la mayoría de la Corte Suprema, a la totalidad del Tribunal Constitucional, a la totalidad del Consejo de la Magistratura, al Fiscal General de la República y a la totalidad de los Fiscales de Distrito. Además, se determinó que el Tribunal Constitucional tendría carácter liquidador y sólo podría resolver las causas pendientes hasta febrero de 2009, con lo cual los ciudadanos bolivianos continuamos privados de contar con una instancia ante la cual recurrir cuando se vulneran nuestros derechos y garantías constitucionales, situación que ya sufrimos desde 2007.

El siguiente paso se dio en los últimos treinta días. El Consejo de la Magistratura suspendió a una gran cantidad de vocales de las Cortes de Justicia de Distrito, argumentando que no habían cumplido con un examen para continuar en sus cargos. Obviamente, se hizo caso omiso de que este requisito no existía en la norma vigente en el momento en el cual fueron nombrados.

De más está decir que esta situación convierte a los procesos judiciales en un mero trámite, en el que los ciudadanos tenemos la sensación de que las sentencias se redactan en el Ministerio de Gobierno y no en los tribunales. La retroactitividad de la ley es uno de los instrumentos más valiosos para los proyectos totalitarios.

Por ello, no nos debe extrañar de que el vicepresidente del Estado haya declarado que meterá presos a los líderes que impulsaron los referéndum por las autonomías departamentales. Esto es sentencia sin juicio previo pero para qué guardar las formas si así funcionan las cosas.

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