Entrevista a Rafael Palomino, catedrático de Derecho Eclesiástico en la UCM

´La Iglesia no compite con el Estado´

Mundo · Elena Santa María
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15 diciembre 2015
´A mi modo de ver, estos tres partidos se disputan ferozmente en estas elecciones los votantes del mismo caladero. Y por eso lanzan en sus programas políticos ideas de corte laicista: porque se supone que, por tradición, hay votantes de izquierda partidarios del laicismo. Francamente, a mí las soflamas laicistas de los programas electorales o de los discursos me parecen una socorrida arma arrojadiza para caldear el ambiente en momentos en los que faltan ideas avanzadas y originales que realmente marquen la diferencia´.

PSOE, Podemos e Izquierda Unida han propuesto reformar la Constitución para iniciar la construcción de un Estado laico. ¿Qué implicaría para España convertirse en un Estado laico?

Fíjese que me pregunta por la propuesta política de tres partidos de izquierda; a mi modo de ver, estos tres partidos se disputan ferozmente en estas elecciones los votantes del mismo caladero. Y por eso lanzan en sus programas políticos ideas de corte laicista: porque se supone que, por tradición, hay votantes de izquierda partidarios del laicismo. Francamente, a mí las soflamas laicistas de los programas electorales o de los discursos me parecen una socorrida arma arrojadiza para caldear el ambiente en momentos en los que faltan ideas avanzadas y originales que realmente marquen la diferencia.

Pero vayamos a la dimensión jurídica del asunto. ´Convertir´ España en un Estado laico, si realmente se quiere hacer en serio, pasa por la reforma de los artículos 1.1. y 16.3 de la Constitución. En boca de los políticos, o en el papel que soporta un programa electoral, esto parece sencillísimo. Pero la propia Constitución requiere que, para reformar esos artículos, se proceda a la aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, se disuelvan inmediatamente las Cortes, se elijan nuevos diputados y senadores, las Cortes elegidas ratifiquen la decisión y estudien el nuevo texto constitucional y lo aprueben por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Y hecho todo esto, el nuevo texto debe ser sometido a referéndum para su ratificación. ¿Complejo, verdad? Ahora añada que, para toda esta operación, los partidos cuentan sólo con 4 años. Y que no está claro que, en la mentalidad cortoplacista de los políticos, los que obtuvieran escaño el 20 de diciembre estén dispuestos a dejar de calentar asiento (por la disolución de las Cortes) y de cobrar sueldo, para someterse de nuevo (con un resultado incierto) a nuevas elecciones.

Esta propuesta pasa por derogar los Acuerdos con la Santa Sede firmados a finales de los 70. ¿Qué supone la derogación de dichos acuerdos?

Para contestar a su pregunta voy a diferenciar el ámbito de la opinión pública internacional y del derecho interno español.

Respecto de la opinión pública internacional, la denuncia de los Acuerdos haría de España el hazmerreír mundial. Nadie, repito, nadie denuncia acuerdos con la Santa Sede. A los ojos del mundo, la denuncia sería como la pataleta de niños-grandes que no se han enterado bien de qué va el mundo civilizado. Cuando el Tribunal Constitucional de Colombia entendió que parte del Concordato era contrario a la Constitución, el ejecutivo colombiano prefirió dejar la cuestión en un limbo jurídico antes que denunciar el Concordato. Ni la laica Francia denuncia la veintena de acuerdos parciales que tiene firmados con la Santa Sede. Y es que en Francia, siendo como es una República laica, impera más el sentido común que en los programas electorales de algunos partidos españoles.

Y respecto al ámbito del derecho interno español, según un reciente estudio realizado por el profesor Joaquín Mantecón, que se ha situado en el hipotético escenario de la denuncia de los Acuerdos, el Estado español estaría incumpliendo el deber de cooperación al que está obligado por el texto constitucional, complicaría el sistema de reconocimiento de personalidad jurídica de algunas nuevas entidades eclesiásticas y del matrimonio de los católicos, dificultaría gravemente el sostenimiento del patrimonio cultural religioso y, en general, se vería abocado a un esfuerzo legislativo y reglamentario enorme (con el consiguiente dispendio de energías del Parlamento y del Ejecutivo, y de dinero del contribuyente) con el fin de dar solución por vía de legislación unilateral a lo que hoy está funcionando bien por vía de acuerdos. En definitiva, otro despropósito que prioriza los caprichos ideológicos o electoralistas sobre el sentido común.

Otros partidos como Ciudadanos reconocen la importancia del fenómeno religioso y proponen desde la laicidad crear una asignatura de Historia de las religiones. ¿Qué papel tiene y cuál debe tener la religión en la vida pública?

A Ciudadanos, en materia de política religiosa, parece que le gusta nadar y guardar la ropa. La propuesta, de nuevo en el papel o vociferando en un mitin, suena bien, es simpática, concuerda con lo que muchos organismos internacionales aconsejan a los Estados miembros, podría dejar contentos a todos… Sin embargo esconde una cierta ignorancia acerca de la situación real. Y es que asignatura de Historia de las religiones ya ha existido y existe en el currículum escolar, individualizada o bien mediante docencia transversal. Y además una asignatura obligatoria acerca de las religiones, en general, no está exenta de problemas jurídicos prácticos. Por ejemplo, si lo que hace es fomentar el relativismo religioso, eso es adoctrinar. Y ahí están las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para demostrar que la puesta en práctica de asignaturas aparentemente neutrales acerca de la historia de las religiones no es un asunto fácil de poner en práctica.

El papel de las religiones en la vida pública es una cuestión que, afortunadamente, empieza a ser rescatada por los estudios de ciencias políticas y sociología internacionales más punteros. Pero este tema nos llevaría muy lejos. Lo dejamos para otra entrevista, si le parece.

De realizarse dichos cambios, ¿cómo afectarían a la sociedad española? ¿Y a la Iglesia?

Todos los cambios hacia el laicismo afectarán a las minorías religiosas, créame. En el fondo, la pretendida ´posición privilegiada´ de la Iglesia católica en España ha abierto el camino para la normalización de las relaciones del Estado con las minorías religiosas, que hoy en día ya recorren sus propios caminos de colaboración con el Estado. El modelo de cooperación español ha inspirado la mejora de la libertad religiosa en muchos países. Nuestro sistema es estudiado con interés y reconocimiento por tratadistas internacionales. Sería una pena que el sistema construido durante años (¡mejorable y perfectible, por supuesto!) se viniera abajo por el oportunismo político, que tanto ha afectado ya a la educación, a la vida del no nacido, a la familia…

Respeto de la Iglesia católica: mire, la Iglesia tiene veintiún siglos. Un recorrido rápido por su historia demuestra que la Iglesia ha ido navegando entre tormentas y dificultades sin cuento. Podrán cambiar las condiciones de su misión en un momento dado, pero quien piense que por cambiar una Constitución o suprimir unas ayudas económicas va a hacer desaparecer la Iglesia católica o va a hacer mejor al Estado, se equivoca. La Iglesia no va a dejar de cumplir su misión, porque sus objetivos no son competir con el Estado, “está a otro tema”, se diría popularmente. Me quedo, para terminar, con unas ideas de Joseph Ratzinger: ´Cuando los hombres no tienen otra cosa que esperar lo que les ofrece este mundo, cuando deben y tienen que exigírselo todo al Estado, se destruyen a sí mismos y destruyen el Estado. Si no queremos caer de nuevo en las garras del totalitarismo, tenemos que mirar más allá del Estado, que es una parte, no el todo. La esperanza en el cielo no está en contra de la fidelidad a la tierra: es esperanza también para la tierra. Esperando lo más excelso y definitivo, los cristianos debemos y tenemos que llevar esperanza también a lo provisional, al Estado en el mundo´.

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