La función pública: el ´eterno´ problema

Se sabía que se iban a tomar las medidas que este miércoles ha anunciado Mariano Rajoy en el Congreso, por mucha sorpresa que haya causado en los funcionarios: porque una de las ventajas que tenemos es que contamos con canales de "información y soplo": sindicatos y asociaciones de funcionarios; sobretodo, quienes tienen acceso a los borradores de normas que emanan de la Secretaría de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas, que, rápidamente, se difunden por todos los Ministerios. La reducción de los moscosos ya se venía contemplando y la supresión de la paga de Navidad era un rumor, aunque no deja de ser un buen recorte; especialmente, para los cuerpos de auxiliares y ordenanzas. Habrá que ver si se lleva a cabo esta compensación en forma de planes de pensiones para el 2015. 

Por el contrario, algunas de las medidas como el incremento de la jornada laboral no son ninguna novedad. En la práctica, los funcionarios que tienen la llamada "especial dedicación", (que consiste en ir 2 tardes a la semana hasta las 17.00) ya la estaban realizando y el aumento de los que tienen este horario a 40 horas no va a suponer un incremento de la productividad, retribuida per se por el mero hecho de estar en el puesto de trabajo. La positiva medida de la reducción de liberados sindicales sí podría, en cambio, traer aire fresco. Ante las nuevas medidas, sindicatos de funcionarios como CSIF, CC.OO, UGT. USO, ya se han puesto en pie de guerra.  Se avecina una fuerte batalla entre el Gobierno y los funcionarios, que hemos tomado partido por una mayor dignidad de la Función Pública y del servicio al ciudadano. Habrá que decir algo sobre esto.

A todo esto, ¿qué decimos los funcionarios? Buena pregunta. No es difícil, para quien trabaje en la Función Pública, imaginarse el ambiente de enojo y frustración que viven 3.100.000 empleados públicos (funcionarios, laborales, interinos). Si uno tiene trabajo que hacer, y no tiene un despacho propio, le va a ser muy difícil continuar con lo que tiene entre manos. El asunto ya ha hecho formar corrillos en los que todo el mundo opina y asume que es víctima de una conspiración para acabar con el empleo público y con el valor de su trabajo. Pasan los minutos y las horas, y la indignación se convierte en un dogma incuestionable: los sindicatos recuerdan cómo la proliferación de empresas públicas es responsabilidad de los políticos, no de los funcionarios. Y, en esto, no se equivocan: España tiene 170 embajadas en el extranjero, televisiones autonómicas y locales con un déficit abrumador y empresas públicas gestionando estaciones de esquí y colegios, algo que puede hacer perfectamente una empresa privada. Una vez que el momento de ofuscación pasa, la gente vuelve al puesto de trabajo y aquí no ha pasado nada.

Tenemos también otro factor dentro de la Función Pública: el corporativismo funcionarial, encarnado hoy en las asociaciones de funcionarios como FEDECA (Federación de Escalas y Cuerpos de la Administración), integrada por Cuerpos y Escalas Superiores, Técnicos de la Administración; que han surgido como aspirantes a organizaciones sindicales "de directivos" y que presentan como reivindicación el haber presionado  por un mayor reconocimiento de los funcionarios. Entre otras cosas, han criticado las medidas de absentismo laboral implantadas en la Función Pública (como el hecho de modificar las retribuciones en los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal) y, de continuo, nos recuerdan la dignidad que tenemos como servidores públicos y nuestra llegada a la Administración en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad frente a lo deshonesto de la clase política.

Las últimas medidas adoptadas por Rajoy no me dejan indiferente, ni pueden dejar indiferente a nadie con sentido común: se trata de un recorte serio a los funcionarios, el segundo después de la bajada del 5% en nuestras retribuciones. Y creo que no van a atajar el problema, porque no se está abordando la raíz. Pero es un hecho ante el que todos nosotros tenemos que hacer cuentas de verdad y acudir a la raíz del problema de una vez por todas. Y creo que ya es hora de hacernos una severa autocrítica, porque, a mi juicio, la opinión pública (en general) no está en contra de los funcionarios.  Falta un examen de conciencia entre nosotros y abandonar esta imagen de victimismo y de autosuficiencia que, inconscientemente, nos hemos inculcado por el mero hecho de sacarnos una oposición, con toda la seguridad que ello da (al menos, hasta ahora). Y no hay que olvidar que muchos de los  compañeros que están protestando ante esto entraron en la Administración por la puerta de atrás (es decir, por el tan famoso sistema del "enchufe").

Sabemos cómo se las gastan los sindicatos, con su tan cacareada ideología del "amor y culto a lo público". Pero, en esta ocasión, pondré en tela de juicio las defensas a ultranza de la Función Pública que FEDECA ha hecho en los últimos tiempos cuando habla de "que los empleados públicos hemos alcanzado, sin excepción, el puesto de trabajo bajo un procedimiento basado exclusivamente en los principios de publicidad, mérito y capacidad para seleccionar a los mejores candidatos". La verdad es que, en el tiempo que llevo trabajando en un Organismo del Ministerio del Interior, desde que aprobé la oposición al Cuerpo específico al que estoy adscrito, no he dejado de ver continuos mentís a estas proclamaciones retóricas, propias de diputados liberales de las Cortes de Cádiz de 1815: el año que yo aprobé, entraron varias personas con familia en el Ministerio (cosa más extendida de lo que parece) y que, al año, ya estaban al frente de Áreas de responsabilidad; es conocida la "libre designación" encubierta en algunos puestos ofertados en concursos de traslados cuando se quiere traer a un recomendado.  Algunos de los recomendados han llegado a ser Subdirectores Generales (y muchos son miembros de la susodicha FEDECA). Es una constante también el torpedeo del trabajo de quienes quieren hacer las cosas bien, y no cuentan con la aprobación de los jefes, y la complicidad de ciertos compañeros con los jefes-porque interesa, por encima de todo, caer bien para ascender-. El politiqueo en la Administración no está sólo en los altos cargos: llega hasta más abajo. En muchos de ellos, cuando siendo auxiliares, aprueban una oposición de los Cuerpos y Escalas superiores (algunos también por enchufe) se manifiesta un triunfalismo clasista que deja un sabor de amargura en el resto de los compañeros que llevan toda la vida trabajando y no han conseguido ascender.

Compararse, además, con otros países (véase el documento "En algo estamos equivocados", www.fedeca.es), me parece un "consuelo de tontos". El conjunto de empleados públicos en España podrá ser menor, a simple vista, que en el resto de otros países (se habla de Polonia, Suecia, Turquía, Rumanía, Suiza, Unión Europea), pero nada se dice del grave error histórico de haber copiado el modelo francés de Derecho Administrativo y de Función Pública, que ya se ha desvelado obsoleto. España está, como la Unión Europea, en un nuevo período histórico que nos compele a abandonar definitivamente el modelo del siglo XIX. Porque está en juego algo esencial: una nueva concepción del trabajo y de la vida, en la que no tengamos que ir a fichar todos los días con la cabeza baja y pensando en el viernes. También está en juego el modelo de sociedad, porque querer mantener un sistema de seguridades eternas en las que yo no me tenga que jugar nada es empeorar las cosas. Inexorablemente, muchos puestos (auxiliares, ordenanzas) van a tener que desaparecer y dejar un "núcleo esencial" de funcionarios de carrera. Mientras, la sociedad habrá de ganar protagonismo y tomar la iniciativa para que el Estado sea él mismo y no abarque más de lo que le corresponde. Porque, en el fondo, la solución pasa por la subsidiariedad, que permitiría a la Administración entrar verdaderamente en el siglo XXI.