La era de la secesión

España · María Teresa Compte Grau (Fundación Pablo VI)
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18 octubre 2012
El pasado día 20 de septiembre el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Generalitat mantuvieron una entrevista en el Palacio de la Moncloa que se cerró con un no al pacto fiscal entre el Estado central y la comunidad autónoma de Cataluña. El desenlace de la citada reunión, en el contexto de la manifestación que con motivo de la Diada Nacional de Catalunya convocó la Asamblea nacional catalana, ha servido para demostrar, siempre en palabras del presidente Mas, la imposibilidad de Catalunya para cubrir los objetivos a los que aspira como nación y como pueblo (20-9-2012). 

Dadoque Catalunya no puede obcecarse en un camino cerrado (20-9-2012), ha llegadola hora de ejercer el derecho de autodeterminación (25-9-2012) a través de unaconsulta convocada de acuerdo a la normativa que emane del Parlamento constituidotras las elecciones del próximo 25 de noviembre (16-10-2012). Ni en una solaocasión, el presidente Mas ha utilizado los términos independencia -el presidenteMas sabe que Catalunya no es una colonia-, ni secesión. Sí ha hablado, encambio, de voluntad democrática y de derecho a decidir. Con estas expresiones,aparentemente menos radicales, el discurso de CiU ha dado un salto cualitativoal hacer de la voluntad el fundamento último del orden político que, enpalabras del presidente Mas, el pueblo catalán tiene derecho a darse.

Estadoctrina plantea una cuestión análoga a la inaugurada por el ex presidenteZapatero en materia de derechos civiles (Clavesde razón práctica 161, abril de 2006), al tiempo que desvela la primacíadel imperativo de la voluntad o la mal llamada legalidad democrática, enpalabras del Consejero de Interior del Gobierno de la Generalitat (18-10-2012),sobre el imperio de la ley. Nunca jamás CiU había renegado explícitamente,hasta el día de hoy, de la tradición constitucionalista de la que emergen losEstados democráticos y de derecho del mundo libre. ¿No habrá nadie en lacoalición de Gobierno catalán que sea capaz de denunciar la deriva arbitrariade planteamientos de esta naturaleza?

Seequivocan, por lo tanto, quienes banalizan la postura del Gobierno de laGeneralitat esgrimiendo cortinas de humo que tratan de esconder errores degestión. Se equivocan quienes creen conjurar el avance del proceso soberanistarecurriendo al federalismo o al Estado federal. Ni siquiera hoy, la verdaderacuestión de fondo es el significado y alcance del concepto de nación o lospostulados del credo nacionalista. La clave del discurso soberanista que hoydomina en Catalunya es la apelación constante al derecho del pueblo a disponerde sí mismo. Aunque el presidente Mas evite el uso del término secesión, sudefensa del derecho de autodeterminación en los términos planteados hacenecesaria la existencia de un Estado propio para Catalunya. Fuera cual fuera elresultado final de este proceso: una confederación, modelo que a día de hoy noexiste en ningún lugar del mundo, o un estado libre asociado, que de aplicarsesegún el modelo puertorriqueño acabaría convirtiendo a Catalunya en unacolonia, el paso intermedio sería la secesión. Asimismo, se reconozca o no, lasreivindicaciones soberanistas que hoy se dejan oír en Catalunya no sonindependientes del desarrollo histórico-doctrinal del pensamiento nacionalista quetranscurre entre la Revolución francesa y las Refoluciones del Este de Europa.

Esteproceso, cargado de matices, ha desembocado hoy en lo que algunos expertosllaman la era de la secesión. Sus protagonistas son minorías intensas, élitesdefensoras del viejo ideal ilustrado de autodeterminación que creen en lasoberanía de la voluntad y niegan que la naturaleza humana sea un dato objetivode la realidad, así como grupos que reivindican la necesidad de que el poderpolítico convierta en derechos cualquier aspiración particular al margen de latradición moral, filosófica o religiosa que ha configurado la cultura y lahistoria de los pueblos. La secesión es, para estos grupos, la única respuestaposible ante la frustración de sus aspiraciones. La democracia, reducida aregla de la mayoría o expresión del querer de la parte mayoritaria de lasociedad, se convierte en la legitimación última de sus anhelos. Su concepciónde la vida en común se reduce a simple yuxtaposición de intereses de parte, cuandono se entiende como una coartada para la satisfacción de los mismos. Laantropología que subyace a esta visión absolutiza la lógica de los derechos, enfranca oposición, por ejemplo, a la concepción personalista del hombre y lasrelaciones humanas. Hoy, quienes militan en las tesis secesionistas, apelan alderecho a disponer de sí mismos, ya sean personas o comunidades, como expresiónde una voluntad que no puede ser reprimida puesto que se trata de un derecho realy originario o, lo que es lo mismo, de un derecho absoluto, imprescriptible,irrenunciable y que nace con el sujeto. Pero ¿es estoasí?

Losderechos humanos, ya sean en su dimensión individual o comunitaria ¿sonabsolutos? Si así fuera, de su ejercicio se derivarían consecuencias negativashasta el punto que los derechos de unos acabarían dejando sin efecto losderechos de otros. El personalismo al que aludíamos anteriormente entiende quela lógica de los derechos está sometida a criterios morales de legitimación desu ejercicio práctico por la simple razón de que estos derechos afectan alcarácter comunicable de todos los bienes temporales, incluido, por ejemplo, elterritorio. No existe, pues, un derecho universal a desgajarse unilateralmente deuna unidad o comunidad previa. Lo que no excluiría la secesión como reparacióno último recurso cuando el ejercicio de los derechos que son expresión de ladignidad humana no pueden ejercerse en plano de igualdad ¿Es ésta la situaciónen la que se encuentran los ciudadanos catalanes? ¿Alguien se atrevería hoy asostener que los ciudadanos catalanes se ven privados de sus derechos ylibertades fundamentales? ¿Qué podría legitimar, por lo tanto, el ejercicio delderecho de un determinado grupo o comunidad a desgajarse de otros grupos ocomunidades con los que ha convivido históricamente? ¿Cuál es la razón última paradejar sin efecto las relaciones de reciprocidad que en forma de derechos ydeberes se han ido formalizando al compás de la historia entre ciudadanos, grupossociales, instituciones sociales, religiosas y educativas, culturasparticulares y comunidades lingüísticas? ¿Quiénes son los beneficiarios delejercicio de ese supuesto derecho de los pueblos a disponer de sí mismos? ¿Cuáles la naturaleza del orden jurídico político en el que quiere hacerse efectivala secesión? Porque, no nos engañemos, nada tiene que ver la resistencialegítima frente a un régimen tiránico, que la defensa de aspiracionesparticulares ante un régimen en el que rige la seguridad jurídica y el imperiode la ley Y, dado que una decisión de tipo secesionista no sólo afecta a lascomunidades o sujetos que reivindican su derecho a desgajarse, sino a los queresultan desgajados, habría que preguntarse: ¿Cuáles son las consecuenciasmateriales derivadas del ejercicio de la secesión? ¿Cómo se protegen y quiéngarantiza los derechos de aquellos que sin quererlo quedan atrapados en el senode una unidad que se desgaja?

Estaspreguntas merecen respuesta porque cualquier decisión humana tieneconsecuencias y porque el sujeto de la vida política es la persona. Razón porla que la pregunta moral por el secesionismo exige una respuesta doble: quiénes el auténtico beneficiario del ejercicio de la secesión y en qué medida elproyecto secesionista sirve a un bien mayor para los ciudadanos según unapolítica del bien común.

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