La eólica en la encrucijada

Si hay un sector industrial en nuestro país que se haya desarrollado en 10 años hasta colocarnos como una potencia mundial, éste es el sector eólico. España es el tercer mercado mundial en potencia eólica instalada, tras Alemania, y desde hace un año, tras Estados Unidos. Exportamos en energía eólica más que en vino, y se han generado gracias a este sector unos 50.000 puestos de trabajo en España.

Todo esto ha sido posible gracias a un marco legislativo estable, que con las leyes de 2004 y 2007 ha permitido una seguridad jurídica para un sector que necesita de una gran inversión de capital. Además de esta seguridad, por qué no decirlo, las leyes han permitido unos atractivos beneficios que han permitido el florecimiento de empresas que en este momento exportan por todo el mundo. El revés de la moneda es que el modelo ha permitido la especulación con las licencias de construcción de parques, corruptelas de los ayuntamientos y enriquecimientos rápidos de gente que no ha contribuido a la construcción de este sector. Con sus luces y sus sombras, podemos, de todos modos, concluir que el experimento ha salido bien.

Si tenemos entonces un sector puntero, que genera trabajo, proporciona energía verde y reduce la dependencia de combustibles (como el gas o el petróleo) que tenemos que importar; ¿por qué se castiga a todo el sector con una ceremonia de la confusión tan notable como la que tuvimos ocasión de contemplar hace dos semanas? ¿Por qué una industria que podría ser el mascarón de proa del nuevo modelo económico preconizado por Zapatero se paraliza con una falta de criterio tan notable en la redacción de la nueva ley?

Recapitulemos: en sólo unos meses se ha sacado un decreto para regular las tarifas de las renovables para los próximos 10 años. El Real Decreto de mayo lo detallaba todo menos, eso sí, las tarifas. Hace un mes, en su tramitación en el Senado, se derogan algunos artículos del decreto gracias a los votos de CiU y del PSOE. Finalmente, hace dos semanas, los mismos artículos derogados se restituyen en el Congreso gracias a la mayoría del PSOE. Entretanto, las nuevas tarifas ni están, ni se las espera.

Este sector venía de unos años en los que los bancos financiaban cualquier parque eólico en cuanto estuviera la licencia. No en vano, el negocio de las renovables era de los pocos negocios en los que las ventas estaban aseguradas: el Estado está obligado a comprar la energía que se genere en un parque, una vez que se conecta a la red. Esto generó un boom de demanda de turbinas eólicas tal que las fábricas de componentes durante 2007 y 2008 no daban abasto con los pedidos. Como el precio de venta del MW era generoso, la venta segura y la financiación de los proyectos venía sola, el crecimiento de la industria en estos años ha sido espectacular.

El año 2009 ha sido el despertar del sueño. Con la ley anterior agotada, y la nueva sin salir, con los nuevos precios por MW sin concretar y la crisis crediticia, el sector se ha paralizado. Se estima que el 40% de los puestos de trabajo se han perdido, al menos momentáneamente. Hay inventarios de turbinas sin instalar para abastecer a España por un año, y la promoción de nuevos parques está parada.

De todos modos, el sector eólico tiene argumentos para salir adelante. Hoy por hoy, el MW eólico se paga al mismo precio que el de ciclo combinado, y se estima que con precios del crudo de 100 dólares por barril, la energía eólica empieza a ser competitiva. Si a esto le sumamos que la generación de energía eólica no emite CO₂, y que es de las energías que más mano de obra requieren, el resultado es que este sector tiene ganado por derecho propio un hueco en el mix energético español.

Esta industria tiene, de todos modos, grandes oportunidades de mejora: la tecnología ha aumentado el rendimiento de las turbinas, las técnicas de mantenimiento y operación de parques han abaratado los costes y las empresas -que han crecido de forma desordenada en los últimos años- necesitan racionalizarse y hacerse más eficientes. La forma de capitalizar -y de forzar- esta mejora es a través de una reducción de la prima, a cambio, eso sí, de una estabilidad que permita que el sector pueda acudir a fuentes de financiación.

Si la solución es tan sencilla, ¿por qué no sucede? El consumo total de electricidad está bajando a causa de la crisis, y todos habían hecho unas previsiones de consumo para los próximos años tremendamente optimistas. Ahora todos los sectores implicados quieren mantener su trozo del pastel, pero éste no da para todos: el carbón nacional quiere mantener sus puestos de trabajo; el sector del gas está en apuros, porque ha cerrado compromisos de compra de gas con Argelia, y ahora no hay forma de consumir ese gas, la fotovoltaica ha instalado 10 veces más capacidad de la que se había estimado, y la eólica pide seguir creciendo para mantener el liderazgo mundial y conservar los puestos de trabajo. A esto se añade que cada compañía eléctrica, según el tipo de energía que produzca mayoritariamente, presiona al Ministerio de Industria en un sentido distinto.

La estrategia energética de un país debería ser asunto de Estado, acordado por los partidos mayoritarios, ya que decisiones de hoy condicionan nuestro futuro por décadas. Sólo un marco legislativo estable que permita a las empresas conocer las reglas del juego hará que el sector de la energía salga del impasse en el que se encuentra.

No decidir es la peor de las opciones.