La enseñanza concertada no es cuestión de costes sino de derechos

Como puntal básico de la estructura de un país, la educación es siempre un asunto de debate, y más aún en un año como este en que el ciudadano tiene la oportunidad de hablar en las urnas. Aprovechando la coyuntura, vuelve la siempre interesada confrontación entre enseñanza pública y enseñanza concertada.

¿Qué hay detrás del abierto interés que algunos tienen en la eliminación de los conciertos educativos? Parece que existen “justificaciones económicas” que apuntan a que la enseñanza concertada supone una inversión innecesaria, que además resta recursos a la enseñanza pública y que duplica el gasto soportado por las arcas públicas, dando por hecho que la red pública puede atender la demanda escolar y, por ello, deber ser la única opción gratuita, eso sí, “pagada con los impuestos de todos los contribuyentes”.

A propósito de este argumento, que sin duda es incierto, alguna formación ha publicado un estudio con el que pretende demostrar que el coste del puesto escolar en un centro concertado es mayor que el del mismo puesto en un centro público. La realidad, que está muy lejos de esta interesada afirmación, es que los fondos destinados a la enseñanza pública no recalan en la enseñanza concertada, como se pretende hacer creer, y que detrás de un mensaje tan malintencionado solo podemos pensar que hay un objetivo: la implantación de una escuela de carácter estatal para todos.

La confrontación, que se ve a simple vista, esconde y exige, sin embargo, una reflexión más profunda que, sin duda, no se han planteado aquellos que la promueven y que supone que para hacer efectiva su propuesta sería necesario abordar un cambio de la Constitución, y de varios acuerdos de carácter internacional que el Estado ha suscrito a lo largo de estos años con el fin de garantizar la libertad de elección que hoy por hoy tienen los padres, la pluralidad de escuelas, la gratuidad de la educación desde los 3 hasta los 16 años y la obligación de las administraciones de garantizar todo esto.

Frente a los defensores de la enseñanza pública única, también encontramos a los que están a favor de los conciertos, una buena noticia que se ve empañada cuando el argumento con el que apoyan su postura resulta difícil de compartir: “es bueno que haya centros concertados porque son más baratos que los de la enseñanza pública”. ¿De verdad esto es lo que justifica la necesidad de la enseñanza concertada? Puesto en boca de aquellos que tienen en su mano la gestión de la educación en nuestro país resulta, como mínimo, preocupante pensar que basándonos en esta premisa se están sentando las bases para que en un futuro, si llegara a darse una igualdad de costes entre ambas redes, la enseñanza concertada no tuviera cabida dentro de nuestro sistema educativo.

¿Es eso lo que se quiere? Si la respuesta es sí, es fundamental recordar que “tolerar” la libertad de elección y la pluralidad porque su coste en términos pecuniarios es menor supone un coste en términos éticos demasiado elevado, además de una injusticia y una flagrante negación de un derecho fundamental como es la libertad de enseñanza.

Y yendo a lo concreto de esta afirmación, ¿por qué la concertada es más barata? Pues porque sus docentes, a pesar de que la ley establece la equiparación de salarios con la enseñanza pública, tienen sueldos sustancialmente menores, trabajan más horas lectivas porque el número de profesores en cada centro es notoriamente inferior, los fondos destinados a gastos de funcionamiento de los centros son deficitarios y, además, la construcción, mantenimiento y mejora de las instalaciones corre a cuenta del titular. De hecho, es la propia administración pública la que, para no tener que incrementar el módulo económico para el sostenimiento de los centros concertados, permite, e incluso favorece, las aportaciones voluntarias con las que los padres que los eligen contribuyen para hacerlos viables. Siendo claros, “la concertada nos viene muy bien porque da un gran servicio a la sociedad y encima a precio de chollo”. Mal planteamiento que, desde luego, dista mucho de defender este modelo de enseñanza.

Demos la vuelta a los argumentos y pensemos en otros términos. Los conciertos educativos son, sin duda alguna, el mejor instrumento de control de los fondos públicos asignados a la enseñanza bajo este régimen, aunque no se puede obviar que requieren una modificación y mejora en base a la experiencia acumulada en estos últimos treinta años. Tanto los profesionales del sector como los centros de iniciativa social y los padres demandan una financiación suficiente, que cubra el coste real de la enseñanza, sin negarse a los controles y justificaciones necesarias al tratarse de fondos públicos.

Y dado que la gratuidad es un derecho constitucional que la administración debe garantizar, no se debe olvidar que los conciertos educativos deberían contemplar las cantidades económicas necesarias para hacer realidad ese derecho, subsanando el déficit que sufren desde su implantación. A propósito de esta cuestión nada banal, la LOE que el PSOE aprobaba en 2006 establecía la constitución de una comisión dentro de la Conferencia Sectorial, donde participaron las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la enseñanza privada concertada, para cuantificar los módulos de conciertos y valorar el coste total de la impartición en condiciones de gratuidad. En su seno se realizó un importante trabajo, consensuando los aspectos y conceptos objeto de financiación y pactando que el estudio concreto de su cuantificación, cuyas conclusiones serían elevadas a la Conferencia Sectorial, fuera realizado por instituciones independientes, ajenas a los intereses de las administraciones, partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos.

El cambio de gobierno de 2011 supuso un parón y, a pesar de que la comisión sigue vigente tras la aprobación de la LOMCE, no ha existido ni una sola reunión más, y no por falta de peticiones para reanudar los trabajos. Sin perder la esperanza, de momento solo nos queda lamentar que se haya perdido una legislatura, y que haya desaparecido el interés por conocer el coste real de un puesto escolar en la enseñanza concertada para poder tener los datos sobre la mesa que lleven a poner en marcha una verdadera financiación que lo haga gratuito.

En conclusión, que la enseñanza concertada siga siendo más barata para las arcas del Estado que la pública es una injusticia que atenta contra la libertad de elección de los padres y supone una clara discriminación que afecta a las familias y a los alumnos que apuestan por los centros de este tipo, a los profesionales que desarrollan su carrera en ellos y a los titulares de los mismos, que deben hacerlos viables. Sin olvidar que, además, pone de manifiesto el incumplimiento de las obligaciones legales que tienen las administraciones públicas de garantizar los derechos de los ciudadanos. ¿Aún queremos que el argumento que sustente la necesidad de la enseñanza concertada sea su coste?