La educación y el pacto para un ´gobierno de progreso´ de PSOE y Ciudadanos

Y de la educación, ¿qué se sabe? Esta es la pregunta que desde la comunidad educativa nos hacemos al respecto del acuerdo alcanzado por Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos para “un gobierno reformista y de progreso”. Advirtiendo de que escribo estas líneas sin entrar a valorar la efectividad final de dicho acuerdo, lo que sí se puede extraer del texto firmado por ambas formaciones políticas son algunas cuestiones importantes en lo que se refiere a la educación no universitaria.

Empezando por lo positivo, destacamos que se hable de “paralización” de la LOMCE y no de derogación de la ley. Como ya he expuesto en Páginas Digital anteriormente, derogar la LOMCE, además de la complejidad legal ligada a una decisión de ese tipo, supondría un perjuicio mayor que cualquiera de los que se le puedan atribuir a esta norma. Lo que hay que hacer, y así lo proponen PSOE y Ciudadanos, es alcanzar un pacto educativo político y social, y partiendo de esta importante base, sí derogar la LOMCE y cambiarla por aquella que “entre todos” se haya acordado, alejando de esta forma la educación de la política. Visto desde esta perspectiva, se entiende que se plantee paralizar la entrada de las modificaciones que la LOMCE dicta en relación a 4º de la ESO, las pruebas externas y el Bachillerato. En este punto conviene reseñar que si se convocan nuevas elecciones para el mes de junio, de no haberse paralizado el calendario de aplicación de la ley, las administraciones, los centros, los profesionales y las familias deberán adoptar todas sus decisiones en función de lo establecido en la LOMCE. Y no hablamos entonces de cuestiones baladíes, sino de un serio problema al que alguien tiene que dar una solución.

Y si no se puede tildar sino de “buena decisión” la de alcanzar previamente un pacto político y social con la comunidad educativa antes de promulgar una nueva ley, la iniciativa se ve oscurecida al hablar de plazos, porque los seis meses propuestos para alcanzarlo solo muestran o un profundo desconocimiento del esfuerzo que requiere un consenso sobre cuestiones tan vitales como la educación, o una encubierta creencia de que no se podrá lograr tal acuerdo, por lo que el tiempo comprometido no es más que parte del brindis al sol que supondría tal empresa.

Volviendo a lo positivo, es bueno leer que se revisarán los Acuerdos con la Santa Sede, claramente ligados a la asignatura de Religión y la enseñanza de carácter confesional que se ofrece en los centros concertados, y que se hable de “buscar un nuevo marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica”, lo que de facto supone una revisión y no una derogación de dicho Acuerdo. Conviene recordar que las propuestas que determinados partidos han venido haciendo en sus campañas electorales sobre este aspecto son demagógicas en su planteamiento porque, aunque su fin sea acabar con la libertad religiosa y la libertad de los padres de elegir la formación religiosa que en función de sus convicciones quieren para sus hijos (ambos derechos constitucionales), derogar un acuerdo entre dos Estados no es tan fácil como quieren hacer creer. Sin embargo, y atendiendo a lo que recoge el acuerdo que nos ocupa, hablar de “revisión” no solo es factible sino deseable, pues ciertamente todo ha cambiado y todo ha de ser adaptado a las circunstancias actuales. Acuerdos como los suscritos con la Santa Sede o la misma Carta Magna son textos que deben revisarse y adecuarse a los nuevos tiempos, y para ello hace falta diálogo y un alto grado de consenso.

Lo que nos llama la atención es la calculada ambigüedad de estos dos partidos en otros asuntos. Ambos se definen como constitucionalistas, pero sin embargo no hacen ninguna referencia al artículo 27 de la Constitución, que establece el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de centro, lo que produce cierta intranquilidad, si pensamos, y para eso estamos, que puedan plantear una ley o un Pacto Educativo que no se fundamente en este artículo. La misma ambigüedad descubrimos ante la ausencia de referencia alguna a la enseñanza concertada. Ni una sola palabra que permita conocer con claridad qué proponen a este respecto, si se va a respetar, como debería ser, el derecho a elegir de los padres, o van a imponer una escuela estatal que acabe con la libertad de enseñanza. Ante un tema de tal calado, no se justifican las tibiezas y menos estas ausencias.

No menos preocupante nos parece que se proponga universalizar las plazas públicas en el tramo educativo de 0-3 años con la justificación de “cubrir toda la demanda”. Este compromiso no ofrece lugar a la duda: se pretende acabar con todos los centros de educación infantil privados o subvencionados que ahora mismo, y desde hace décadas, vienen atendiendo esta necesidad de las familias. Se trata así de eliminar la iniciativa privada y la iniciativa social para imponer una única oferta pública.

Y no queda aquí la cosa, cuando hablan de un Estatuto del Personal Docente y de un sistema MIR de selección y preparación, ocultando si esto será para todos los profesionales de la educación o solo quedarán afectados los funcionarios docentes, es sin duda una indefinición que solamente puede responder a que no están pensando en todos los profesionales. Craso error y falso punto de partida, porque la profesión docente no puede ligarse a la condición del centro en el que se decida desarrollarla. No hay docentes de primera y de segunda.

En conclusión, y atendiendo a lo que se puede leer en los escasos puntos dedicados a la educación no universitaria que recoge el acuerdo, la sensación de incertidumbre y la preocupación ante la falta de claridad con la que se abordan algunos temas cobran protagonismo y sustentan que, a falta de propuestas concretas, podamos afirmar que el pacto entre PSOE y Ciudadanos no es la solución a los problemas de los que adolece nuestro sistema educativo o que variará sustancialmente las circunstancias actuales para permitir alcanzar un Pacto Educativo.

¿Cómo podemos confiar si ninguno de los firmantes ha sido capaz de posicionarse y decir abiertamente que se va a respetar la Constitución en algo tan fundamental como la libertad de las familias para elegir la educación que consideren más adecuada para sus hijos? Difícil, ¿no creen?