La educación tiene su sitio en el pacto de Madrid

Tras semanas de conversaciones, finalmente las negociaciones entre el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C’s) en la Comunidad de Madrid han cristalizado en un acuerdo de gobierno que se sustenta en un minucioso documento con más de 70 puntos, de los que seis se refieren específicamente al ámbito de la educación.

El acuerdo, que parece que dará cierta estabilidad política a la Comunidad durante los próximos cuatro años, es de suponer, aun no existiendo ninguna encuesta pública que mida el grado de satisfacción de los ciudadanos en este momento, que será bienvenido. Aun así, será más adelante cuando podremos analizar el papel jugado por Ciudadanos, así como sus distintas posturas en diferentes ejecutivos. Y quizá entonces entenderemos por qué la formación de Albert Rivera ha sido mucho más exigente, dura y cuidadosa con el PP en Madrid que con el PSOE en Andalucía, o cuál es la razón que le ha llevado a exigir en el pacto con el PP en Murcia que se proceda al aplazamiento de la LOMCE.

Centrándonos en la Comunidad de Madrid, y en lo que se refiere a la educación, encontramos aspectos positivos en lo acordado por la nueva presidenta, Cristina Cifuentes, e Ignacio Aguado.

Es digno de mención el hecho de hacer referencia explícita a la educación en un pacto para la gobernabilidad, lo que en sí mismo es, sin duda, una gran noticia. Llama la atención que si bien las cuestiones educativas han sido utilizadas en campaña electoral de forma profusa, su posterior recogida real en los pactos se queda en el mejor de los casos en un mero reflejo, si no desaparece por completo.

De los seis puntos que aquí nos ocupan, curiosamente, y a pesar de lo que parece que marca la actualidad informativa, ninguno hace referencia a la LOMCE. Ni a favor de que se siga implantando, ni a favor de que sea derogada… “nada”. Y si la ley no aparece, tampoco hay “nada” sobre el necesario Pacto por la Educación aunque alguna referencia ha hecho en su discurso de investidura.

Se puede decir que las medidas que se van a adoptar, tal y como están redactadas, afectan a todo el sistema educativo madrileño, incidiendo, como por otra parte es lógico, en los centros sostenidos con fondos públicos, sin distinción entre los públicos y los concertados. Tampoco hay diferencias entre el profesorado y el alumnado atendiendo a su procedencia, lo que nos permite albergar la esperanza de que las medidas contempladas se aplicarán para todos, sin distinguir.

Esto puede acabar con las discriminaciones que afectan a los profesionales y a los alumnos de la enseñanza concertada, que en este momento son claras. Basta con poner un ejemplo como el número de profesores por aula, que ahora es sustancialmente inferior en los centros concertados.

Especial atención reciben en este pacto los alumnos con necesidades educativas específicas, a quienes se dedica dos puntos. Se anuncia la contratación de 500 profesores y se trabajará para garantizar una equilibrada escolarización de este colectivo. Es evidente que si los centros concertados reciben la misma dotación de recursos humanos y económicos que los públicos para este cometido, será posible esa distribución sin más problemas. Sin una financiación adecuada, es complicado que se pueda atender con calidad a un alumnado con necesidades educativas específicas, y la responsabilidad de que actualmente no haya una mejor distribución es de la administración, no de los centros.

Además, se apuesta por la formación del profesorado, que es sin duda un punto a tener en cuenta, no solo para incrementar y mejorar la calidad de las enseñanzas bilingües, sino para fortalecer la calidad de todo el sistema educativo. “La calidad del sistema educativo depende de la calidad de su profesorado”, y hay poco más que añadir a una frase tan contundente como ésta, que, por otra parte, no es solo una sentencia, sino una evidencia contrastada en otros sistemas educativos europeos y mundiales.

Si bien es verdad que a muchos nos hubiera gustado ver cómo Cifuentes recuperaba la defensa de la libertad de enseñanza, tan dañada en la anterior legislatura. No parece haber sido capaz de devolver los conciertos educativos a la formación profesional de grado superior, que fueron retirados de golpe y a traición perjudicando a cientos de alumnos, familias y profesores. No obstante, es plausible en el pacto el planteamiento de ayudas que complementen las actuales becas con objeto de que nadie se quede sin acceder a la FP por razones socioeconómicas.

Como parece lógico y razonable, no se deja en el cajón la intensificación del control de la inspección educativa sobre todos los colegios que están sostenidos con fondos públicos para garantizar que el dinero de los ciudadanos se usa correctamente y genera el beneficio y riqueza social que debe.

Por último, y quizá el punto menos claro, es el referido a favorecer la libertad de enseñanza, puesto que no se propone medida alguna al respecto. Podría pensarse que se toca el tema cuando se afirma que en la planificación de la oferta educativa participarán los centros sostenidos con fondos públicos, pero ¿eso incluye al profesorado y las familias o solo a los directores y titulares? Tendremos que verlo.

Y poniendo una objeción reiterada, nuevamente desconocemos por completo la financiación y la temporalización de las propuestas referidas a educación. Aun así, no negamos una valoración positiva de las medidas, que adolecen de una concreción que esperamos se irá desarrollando en los próximos meses.

Lo que realmente interesa es que sea un acuerdo que dé estabilidad, que las medidas sean eficaces y duraderas en el tiempo, aunque la actual tormenta que amenaza la LOMCE no augura tiempos tranquilos, que en educación son tan necesarios.

Lo que está claro es que se abre la necesidad de pactar, de llegar a acuerdos para garantizar gobiernos, de poner a prueba nuestra capacidad para construir sobre la premisa de la estabilidad en las Comunidades Autónomas, lo que ya es un paso de cara a las próximas generales, y la constitución de un futuro gobierno para el Estado que dé seguridad a los ciudadanos. Quizá este cambio generalizado de ejecutivos monocolores a gobiernos nacidos de los acuerdos nos lleve a conseguir por fin el ansiado Pacto por la Educación. Con medidas como las pactadas en Madrid no debería ser difícil.