La dictadura del botarateriado

LA DICTADURA DEL BOTARATERIADO

Querido lector, ya que has tenido la amabilidad de dedicar parte de tu tiempo a leer este artículo, permíteme que empiece pidiéndote disculpas por inventar una palabra algo complicada de pronunciar, y encima ponerla en el título. Ahora, para mejor enmarcar el sentido de estas reflexiones, déjame que haga, acudiendo a autoridades del máximo rango en sus respectivos ámbitos, dos precisiones antes de continuar.

La Real Academia Española, en su diccionario, define “botarate”, en su primera acepción, que es la que me ha sugerido el título, como «persona alborotada y de poco juicio». En la segunda utiliza la siguiente descripción, no muy alejada del sentido de este texto: «persona derrochadora, manirrota»; siempre con los impuestos de los ciudadanos, no piensen que ese derroche es con fondos propios o del partido. Volviendo a la primera, precisaremos el sentido de «persona alborotada» acudiendo también al Diccionario de la Lengua Española, que define «alborotado» como aquel que por demasiada viveza obra precipitadamente y sin reflexión. Para atar todos los cabos, finalmente veremos que «viveza» es una acción poco considerada, una palabra que se suelta sin reflexión. Con esto hacemos una descripción, un poco cruda pero fidedigna, de algunos de los gestores de la cosa pública, esos que manejan con liberalidad el dinero público –que no es de nadie, alguien dixit-.

La segunda autoridad a la que acudo podríamos denominarla, genéricamente, “Derecho” (leyes y sentencias). Derecho al que todos nos debemos, gestores y ciudadanos. En nuestras normas, los gestores tienen, entre otros muchos, un «deber de neutralidad ideológica». Esos gestores tienen obviamente su ideología, y con su cobertura y banderas concurren a las elecciones, pero en el ejercicio del cargo deberían atenerse al deber mencionado. Para no cansar al lector, solo citaremos tres muestras. El artículo 18.1 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación –ley socialista de 1985-, establece: «Todos los centros públicos desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución.»

La Sentencia 5/1981 del Tribunal Constitucional señala, en su FJ 9, que «en un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales.» También el Supremo, en sentencia 340/20019, de 11/02/2009, se pronunció al respecto: «… no autoriza a la Administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas. Ello es consecuencia del pluralismo, consagrado como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, y del deber de neutralidad ideológica del Estado.» Este deber incumbe a todas las administraciones públicas, a todos los poderes.

A la vista de todo lo anterior, hay que ser muy botarate para abrir un expediente sancionador a El Corte Inglés por utilizar en su publicidad algo que todos sabemos: que las madres son mujeres abnegadas, dispuestas a la entrega y al sacrificio por sus hijos y su familia, sin quejas. Lo hemos visto, lo hemos vivido, y algunos –literalmente- viven gracias a ello. Y esto no es vejatorio, ni discriminatorio, ni un «estereotipo». Es la pura realidad. Realidad que no pueden percibir los botarates que todo lo ven con sus anteojeras ideológicas, llenas de prejuicios y lastradas por su ansia de ver todo como fruto del perverso heteropatriarcado.

Hay que ser muy botarate para pensar que un desnudo –gratuito, por innecesario en lo argumental pero no en lo crematístico- en la vía pública, por muy espacios universitarios que sean los que han sufrido la performance, es “arte”, “crítica”, “cultura”. “Lo inevitable” podía haberse evitado con un poco de seriedad, rigor y, sobre todo, buen gusto. Y también cerrando el grifo de las subvenciones, pues por mucha identificación con la causa no lo hubieran hecho gratis et amore.

Hay que ser muy botarate para publicar los nombramientos de altos cargos de la administración como se está haciendo en la mayoría de los casos. Cierto es, aunque no vaya en su descargo, que padecemos estas semanas una hiperinflación de nombramientos, que en la misma medida que esquilman las arcas públicas llenan los bolsillos de algunos, premiando fidelidades, saldando compromisos y retribuyendo favores. Hecho este inciso sobre el fondo –sobreabundancia de cargos públicos, que son cargas para el erario- volvemos a la forma. Sabido es que la nueva jerga políticamente correcta no respeta las normas de la RAE, pero llegar hasta el ridículo es demasiado incluso para ellos. Pase, en ese uso incorrecto, que en una convocatoria se hable de modo neutro o genérico, pues no se sabe quién va a obtener la plaza, pero cuando se nombra a una persona concreta –él, ella, él que antes era ella o viceversa- ya se sabe quién y qué es: se nombra un Director o Directora General, Subsecretario o Subsecretaria, pero no «una persona titular de».

Hay que ser muy botarate para “pasar” los cuentos clásicos por la inquisición de género.

De la mano de Suárez, hubo una época en que se elevó a la categoría política de normal lo que a nivel de calle era simplemente normal. Ahora parecen algunos gestores empeñados en desandar ese camino.

Este artículo se publicó en el diario Las Provincias el 1 de agosto de 2019. Agradecemos su amabilidad al diario decano de la Comunidad Valenciana.