La crisis boliviana

Mundo · Guillermo Lesmes
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17 septiembre 2008
El análisis del tema Bolivia es muy complejo, ya que después del empate catastrófico que tiene en vilo a este país viene lo paradójico (como sucede en casi todos los países latinoamericanos), que en lo económico le va bien, pero en lo político y social tiene muchas contradicciones tremendamente alarmantes, con resultados en todos los casos de lo peor, que sería llegar a una posible confrontación, como una posible guerra civil. Esta posibilidad desembocaría en el fraccionamiento de la nación boliviana como tal, y el posible secesionismo en mini estados, como ha ocurrido en la Yugoslavia, o sea, llegar a la balcanización del territorio boliviano. Pareciera que se agotaron los esfuerzos por encontrar una solución pacifica en este momento, después del referéndum revocatorio.

El actual estado de Bolivia no es reciente, sino más bien permanente, pues Bolivia es un país conformado por muchos grupos étnicos (Quechuas, Aimaras, Guapatecos, Cambas, Koya, Chichas, etc.) que viven en un territorio de accidentada topografía y cuyos intereses son absolutamente diferentes. Su ruralismo excesivo nos hace entender que casi no existe en el sector productivo el concepto empresario / trabajador, sino más bien el de comunidad trabajadora organizada. El centralismo y la falta de la paz, de un compromiso social con las riquezas básicas y su explotación, sumado al movimiento financiado dudosamente, produce la confrontación con sectores productivos reales (Santa Cruz, Tarija, Potosí); estos sectores luchan por separarse del poder central, al que califican de corrupto.

¿Por qué surgió esta crisis en Bolivia?

La posesión de Evo Morales como presidente, en enero del 2006 (es innegable que su ascenso fue tan vertiginoso que no es extraño que su figura todavía esté llena de interrogantes y sobre todo de contradicciones), llevó al enfrentamiento de dos proyectos de país muy distintos: el del Gobierno, que promueve una nueva Constitución de tipo estatista e indigenista que sigue concentrando todos los poderes en La Paz y plantea redistribuir la tierra y nacionalizar sectores clave de la economía; y el de la oposición, que, liderada por la región más poderosa del país, Santa Cruz de la Sierra, exige estatutos de autonomía que permitan a las regiones manejar sus propios recursos y asuntos.

¿Qué es lo que está en el fondo de todo esto?

Detrás de la crisis política y del debate entre centralismo y federalismo hay fuertes intereses económicos, pues las cinco regiones opositoras (son nueve en el país) concentran la mayor parte de las riquezas gasíferas y petroleras, y tienen enormes terrenos. El problema se agravó cuando Morales incluyó en su nueva Constitución (que no ha sido aún aprobada en referendo) un artículo que prohíbe tener una propiedad de más de 10.000 hectáreas. Y en Santa Cruz, por ejemplo, las haciendas doblan y triplican ese número.

¿Por qué la oposición se opone a la nueva Constitución?

Porque fue aprobada por la mayoría progobiernista en la Asamblea Constituyente y en una sesión en la que no se dejó entrar a la oposición. Y porque consagra un modelo estatista y centralista.

Esbozo de la situación actual

El caso de Bolivia es una manifestación palmaria de la fragilidad del "imperio" con que sueña el presidente venezolano, Hugo Chávez.

Los enfrentamientos que se están dando en el interior del país andino lo acercan peligrosamente a una guerra civil. Hoy vemos cómo la población indígena es usada sin pudor alguno como guardia pretoriana por el presidente Evo Morales para enfrentar a sus opositores. Esta estrategia le dio resultado en el pasado, cuando la utilizó para derrocar a los gobiernos elegidos democráticamente, pero ahora lo que está logrando es un enfrentamiento racial en el seno de su país. Cada día que pasa la gobernabilidad del presidente boliviano parece hacerse insostenible. Su permanencia en el poder, tras las revueltas populares, sólo ha sido posible por el respaldo de las fuerzas armadas; de ahí que la ultima intromisión de Chávez al pretender enviar ayuda militar a Bolivia despertó el rechazo de las fuerzas castrenses de ese país.

¿Hay salida a la crisis?

Para algunos, las dos posiciones podrían congeniar gracias a un artículo de la Carta Magna que prevé determinados grados de autonomía. Pero las regiones que han celebrado o convocado referendos autonomistas (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) no parecen satisfechas con esa oferta. La mediación internacional, liderada por la OEA, ha fracasado.

Posición de la UNASUR

La capital de Chile albergó (15 y 16 de septiembre) la reunión de emergencia de UNASUR, cuya agenda tenía un solo punto: la situación en Bolivia.

Los participantes en la reunión extraordinaria consideran que su finalidad principal es el mantenimiento del régimen democrático en el país y la permanencia en el poder del presidente legítimamente elegido, procedente de los indígenas. De entrada se prestó gran atención al establecimiento de un diálogo pacífico entre los partidarios de Evo Morales y sus adversarios del bando conservador. La oposición, tras pensar cierto tiempo, aceptó la idea de las conversaciones de paz. Reviste no poca importancia el que los presidentes de países hermanos, aun antes de llegar a la capital chilena, hayan debatido un tema trascendente como la no intervención desde fuera en los quehaceres de los bolivianos. Muchos lo entendieron como una alusión directa a la política de los EEUU respecto a toda América Latina, aunque cabe mencionar que el presidente venezolano amenazó "con su derecho de intervenir militarmente", medida que los militares bolivianos rechazaron categóricamente.

Después de más de seis horas de intensa discusión, los jefes de Estado y representantes de la Unión de Naciones Suramericanas emitieron una declaración conjunta sobre la crisis política que enfrenta Bolivia y dieron un respaldo pleno al gobierno constitucional del presidente Evo Morales.

Los gobiernos de los 12 países que conforman UNASUR afirmaron que no reconocerán hechos que impliquen un intento de golpe civil, ruptura institucional o que afecten la integridad territorial del país altiplánico.

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