La concertada puede dar el primer paso

El nuevo Gobierno echa a andar en España. Las dos tareas más urgentes: aprobar unos presupuestos que permitan reducir el déficit al 3 por ciento (lo que supone un ajuste de 5.500 millones de euros) y el Pacto de Educación prometido para los próximos seis meses. La minoría parlamentaria de Rajoy no le va a impedir sacar adelante las cuentas públicas. A sus 137 diputados añadirá, sin dificultad, los de Ciudadanos (32), los del nacionalismo vasco (5) y el voto canario (1). Solo le haría falta un diputado más y es posible que los socialistas (84) acaben absteniéndose.

El presidente del Gobierno tiene el viento a favor. De vez en cuando, para ganar más fuerza, recuerda que puede convocar unas nuevas elecciones de las que él y su partido saldrían ganando. Y al final la economía se ha convertido en un terreno más o menos neutro en la que el acuerdo es fácil. Hay que subir impuestos y eso lo haría cualquier partido de la oposición constitucional.

Otra cosa bien diferente es el Pacto de Educación. La enseñanza es el mejor ejemplo de una política ideologizada en la que se enfrentan dos modos de entender el Estado, la sociedad y la persona, sin posibilidades aparentes de encontrar un terreno común. Desde que volvió la democracia a España hasta 2014, salvo un breve período, las leyes que han regido el sistema educativo han sido socialistas. En parte porque al centro-derecha le interesó poco la cuestión (Aznar solo impulsó un cambio cuando estaba a punto de finalizar sus ocho años de mandato) en parte porque los socialistas derogaron inmediatamente y con mucho sectarismo esa reforma. La actual ley de educación, la LOMCE (2014), promulgada por el PP, se ha encontrado con una oposición férrea. Es una norma que con timidez quiere corregir el modelo comprensivo puesto en marcha a mitad del siglo XX en el Reino Unido, vigente todavía en España, a pesar de sus malos resultados. La comprensividad, en nombre de la igualdad, da a todos los alumnos la misma enseñanza, sin distinguir entre resultados, aptitudes o inclinaciones. La LOMCE establecía reválidas externas para garantizar la calidad y fomentar la competencia entre los colegios. Y implantación de esas reválidas ha sido el caballo de batalla de toda la oposición. El Gobierno sufrió la semana pasada una derrota en el Parlamento porque hasta sus socios reclamaron que no las pusiera en marcha y derogara la LOMCE. La derrota ha sido más simbólica que real porque Rajoy había prometido ya que las suspendería, como así hizo el viernes.

La negociación para un Pacto de Educación fracasará si se centra en los presupuestos ideológicos. Es muy difícil localizar puntos de encuentro sobre la asignatura de Religión, el régimen de conciertos (que permite una alta tasa de subsidiariedad educativa) o la mayor o menor comprensividad necesaria. La izquierda entiende la laicidad a la francesa, es muy reacia a introducir criterios de competencia y quiere dar protagonismo a los centros de gestión pública. El PP, no por convencimiento propio sino porque tiene detrás a muchos votantes con esa sensibilidad, está inclinado a dar un mejor trato al sistema de conciertos. Se debate sobre un marco general, porque luego cada Comunidad Autónoma es la competente.

Sería más conveniente arrancar de las necesidades compartidas y de las experiencias hechas. El modelo vigente ha dado malos resultados. España es el país de la UE con más tasa de fracaso escolar (20 por ciento). Es evidente que gran parte del futuro del país depende de que haya cada vez más jóvenes que cursen Formación Profesional. Solo lo hacen el 30 por ciento cuando en Alemania son ya el 70 por ciento. El mundo de la enseñanza y el mundo de la empresa siguen siendo mundos incomunicados. Prueba de ello es que la implantación de la Formación Profesional Dual (la que combina prácticas en una empresa con estudio) solo alcanza al 2 por ciento de los estudiantes. Los profesores no tienen la formación adecuada, la tasa de paro juvenil –motivada por la escasa formación– ronda el 50 por ciento, el conocimiento medio en matemáticas y en comprensión lectora está muy por debajo de la media europea. Con estos datos el maximalismo ideológico es poco recomendable.

El debate en torno al sistema de conciertos ilustra bien cómo de necesario es superar la dialéctica de muros. Este sistema, puesto en marcha por los socialistas en 1985, ha permitido un alto grado de subsidiariedad educativa en España. Solo Francia, Bélgica y Holanda se encuentran por delante en centros de iniciativa social financiados con dinero público. Entre un 25 y un 30 por ciento de los alumnos están escolarizados en colegios concertados. Sus plazas, según algunas estimaciones, cuestan la mitad que las plazas de los alumnos escolarizados en centros de titularidad pública.

La izquierda siempre ha considerado el concierto como una forma de privatización y ha defendido la necesidad de planificar plazas en colegios de titularidad pública para garantizar la igualdad en el derecho a la educación. Para desbloquear la situación no parece que lo mejor sea seguir repitiendo únicamente que los padres tienen derecho a elegir la educación que les parezca más conveniente. La conveniencia de la subsidiariedad no se defiende enfrentándose al Estado. Es necesario hacer ver que se está prestando un servicio público, especialmente donde más se necesita (inmigrantes, personas con escasos recursos). Es necesario diferenciarse claramente de la oferta privada, cumplir exhaustivamente los criterios de inspección, liderar la solución de problemas que afectan a todos, buscar vías de financiación alternativas y complementarias… la lista es larga.

La educación de iniciativa social haría un gran servicio en este momento si ofreciera al Gobierno soluciones imaginativas para desbloquear el atasco ideológico. Es la más dotada para dar el primer paso.