La centralización del poder en Venezuela

A los gobernadores y alcaldes electos por la oposición los despojó de las facultades que les atribuyen las leyes, transfiriéndolas al poder central. Lo hizo desde que se produjo la elección, antes de la fecha en que deberían tomar posesión, como campanada de lo que vendría. Un caso emblemático ha sido la Alcaldía Metropolitana de Caracas. La ciudad tiene cuatro alcaldes municipales, tres de los cuales fueron ganados por los candidatos opositores. El alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, en cumplimiento de una norma legal, convocó a los cuatro para coordinar y planificar el trabajo. El chavista, electo en el municipio Libertador, se negó a comparecer y anunció su propio plan de gobierno, Chávez lo respaldó y anunció que ese alcalde sería la autoridad que recibiría los recursos necesarios para la mejor administración de la ciudad. El Palacio Municipal, sede de la Alcaldía Metropolitana, fue ocupado por una turba de rojo rojitos, apoyados por la policía. Los ocupantes se apropiaron de bienes y archivos, causando daños a pinturas de valor histórico. Ledezma ha tenido que despachar desde unas improvisadas oficinas, pues sigue impedido de ocupar la sede de la alcaldía.

La estrategia del Gobierno es no trabajar con los gobiernos locales ganados por la oposición. Para decirlo en lenguaje vulgar -escribe un columnista de El Nacional– en Caracas la conducta oficial consiste en no lavar ni prestar la batea. La ciudad ha estado sin norte ni futuro coordinado y sin un plan que oriente las acciones comunes y programas conjuntos para atacar sus grandes problemas y ahora, cuando la alternativa democrática tiene en sus manos el gobierno metropolitano, intenta cumplir con las funciones coordinadoras que las leyes asigna, y el alcalde Ledezma expresa su disposición a trabajar en conjunto con el Gobierno central, el polo oficial no sólo se niega a participar, sino que sabotea abiertamente la gestión de la Alcaldía Metropolitana, como lo ha hecho, incluso por la violencia, el secuestro de funcionarios, la invasión de oficinas y la destrucción de bienes públicos por las brigadas de choque camisas rojas.

El régimen insiste en no escuchar a los cinco millones de ciudadanos que sistemáticamente se oponen al proyecto de Chávez, y a los tres millones que se abstienen sistemáticamente. Es la negativa a tratar con respeto al 60% de la población, lo cual es irresponsable y criminal, porque quienes pagan el precio del sectarismo son los ciudadanos, incluyendo a los seguidores de Chávez. Los grandes problemas urbanos no se pueden resolver desde un municipio en particular sino desde la ciudad en su conjunto. Ofrecer recursos abundantes al municipio gobernado por el oficialismo y negárselo al resto es un acto de sectarismo, ventajismo e inconstitucionalidad que en cualquier país democrático sería motivo de sanción.

La respuesta del régimen es liquidar de un plumazo las facultades de gobernadores y alcaldes. Ordenó a la Asamblea Nacional aprobar una ley, conforme a la cual ninguna instancia de gobierno regional o local puede desconocer el plan socialista. El presidente queda facultado para dividir el territorio nacional en regiones y para designar funcionarios que en cada región ejercerán las funciones de gobierno. Portavoces oficiales han informado de que los nuevos virreyes serán oficiales de las Fuerzas Armadas y que eventualmente Chávez los puede designar vicepresidentes. De esta manera el país estaría gobernado por Chávez y un militar que él designará para cada región.

Chávez ha sido calificado como un gobernante autócrata, autoritario. Es una calificación acertada, veraz, pero el Chávez de las últimas semanas da la impresión de que está asustado y oculta sus temores acudiendo a una retórica incendiara, amenazante, y a medidas absurdas, muchas de las cuales no podrá hacer cumplir. El viejo cuento del que silba cuando en la noche pasa frente a un cementerio.