La batalla es la subsidiariedad, no el recorte

España · M. Medina
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29 septiembre 2011
En una sociedad, como la española, desconcertada por la prolongación de la crisis, los términos con los que ha comenzado la pre-campaña electoral son un despropósito. Tras la vuelta del verano había la secreta esperanza de que se pudieran sorprender algunos signos de reactivación. Pero los datos han sido contundentes. En el segundo trimestre el incremento del PIB fue sólo de un 0,2 por ciento y para el tercer trimestre el Banco de España espera que la cosa siga igual o que empeore. Lo malo no son sólo los datos sino una especie de falta de energía social o de fatalismo frente a un curso que se prevé peor que el anterior.

La mayoría de las empresas han realizado ya severos ajustes y lo que falta es negocio. Junto a la perplejidad en la vida empresarial y social se produce un debate político que parece desarrollarse en otra esfera. La semana empezaba con el anuncio de que no se va a reducir en Cataluña la paga extra de Navidad en el sector público sanitario y con la noticia de que no se va a pagar, de momento, a las residencias de mayores concertadas. Las medidas de Artur Mas no van a impedir que la Comunidad Autónoma que preside supere con creces el déficit permitido. La herencia de los anteriores gobiernos autonómicos del PSOE hace insostenible el sistema del bienestar.

El miércoles Rubalcaba puso a todos sus barones a hacer campaña criticando los recortes que traen los populares. Es un discurso que está fuera de la realidad: el modelo se ha acabado. Pero no el modelo creado por el zapaterismo. Lo que se ha acabado es el codearse entre los países ricos, un espejismo que empezó mucho antes de que llegara Zapatero. Se inició cuando desde Europa y desde Estados Unidos, al final de los años 70, se apoyó a los gobiernos socialdemócratas de Felipe González para evitar el triunfo de la izquierda comunista. En los años 80 llegó el dinero a España a raudales vía Europa para propiciar una modernización que sirviera de dique político. Creímos que teníamos derecho a un Estado del Bienestar a la sueca sin contar con una capacidad productiva adecuada. El espejismo de los 80 se prolongó y nuestro pertinaz estatalismo nos ha hecho creer que habíamos conquistado algunos derechos. La sanidad pública, la educación pública, las infraestructuras y un largo etcétera de todas las cosas que disfrutamos son prestaciones y no derechos. Los disfrutamos a través de un sector público desmedido y poco funcional, descoordinado en 17 Comunidades Autónomas.

El colmo es que la sociedad civil y el mundo empresarial, que son los que han llevado la peor parte en la crisis, asuma como propia la idea de que se están recortando derechos. Buena parte de las prestaciones que recibimos directamente del sector público estarían mejor gestionadas si estuvieran en manos de la iniciativa social. El servicio público, por lo general, funciona mejor y es más barato cuando se gestiona a través de concesiones y de conciertos. Pagamos impuestos, podemos exigir racionalidad en los servicios públicos y capacidad para elegir quién nos los presta. Es la batalla por la subsidiariedad. Necesaria más que nunca ahora que sabemos que somos pobres.

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