La ayuda estatal no es un delito

Después de haber entendido que no serán las finanzas las que garanticen la suerte y la progresión, otro mantra, normalizado además en la Unión Europea, está invadiendo la conciencia de políticos, funcionarios, altos dirigentes e incansables opinadores: “no a las ayudas estatales, la economía debe estar en manos privadas”. Hasta los economistas de izquierda, keynesianos o marxistas, se han convertido al liberalismo más puro: una verdadera economía de mercado no puede prever ayudas estatales, el mercado no puede contaminarse, distorsionar la libre competencia perjudica al consumidor y hace que alguien se beneficie injustamente.

¿Cómo están las cosas?

Al otro lado del océano, donde se encuentra la economía de mercado más importante, en 2008, para rescatar a los bancos del mayor colapso de los mercados de siempre, no se dudó en poner en marcha la mayor ayuda estatal de la historia. De hecho, se retiraron 700.000 millones de dólares de los contribuyentes para limpiar los balances de títulos tóxicos, incluso a costa de perder por primera vez la triple A del rating soberano estadounidense, o cerrar durante unos días la administración federal porque el presupuesto se había inflado hasta los límites constitucionales.

¿Acaso no fueron también una “intervención pública” las enormes inyecciones de liquidez realizadas por la FED a la economía durante el largo “quantitative easing”? El estímulo para la recuperación con abundantes créditos abonados, dólares competitivos y medidas de seguridad para el sistema bancario, ¿no fue “política económica”? La política expansiva, hasta las “tasas cero” que la FED se resiste a abandonar, ¿acaso no pilotó las medidas macro? ¿Fue “libre mercado” o más bien “gobierno fuerte”?

Pasando a nuestra Unión Europea, la fractura sobre las ayudas públicas, que están en la base del glorioso inicio de su unidad, corre el riesgo de abrirse hasta los fundamentos de la UE. Desde la CECA de 1951 hasta la UE-28 de 2015, Europa se ha convertido en un mix paritario de solidaridad y competitividad, y de cooperación como “ayuda recíproca” literalmente. La Europa que renace después de las guerras mundiales es historia de economía mixta. La historia cambia cuando, en épocas más recientes, el Tratado europeo aclara que las ayudas estatales de un determinado país no deben ser competitivas para los demás países miembros. ¿Pero es verdad que este principio, tan solemnemente proclamado, lo cumplen los mismos que lo propugnan? No. Hay dos pesos y dos medidas.

Un caso muy significativo fue el del estrés bancario en Europa. Una constante en las calificaciones publicadas progresivamente por el BCE. Es el voto ultra-negativo contra los bancos italianos y la casi ausencia de los bancos alemanes entre caídas y prórrogas. Aunque los Landesbanken y Sparkassen alemanes protagonizaron permanentemente las noticias tras la caída de Wall Street, por su fuerte exposición a las finanzas derivadas, mucho más elevada que la de los bancos italianos.

¿Qué ha pasado? Por un lado, “los criterios de discrecionalidad nacional utilizados en los test de estrés fueron 103”, según Ignazio Angeloni, dirigente italiano del BCE desde su fundación y miembro del Consejo de vigilancia de Frankfurt, la cabina de control de la nueva Unión bancaria. Se refería sobre todo a la banca alemana que en 2015 sigue siendo todavía “pública”, ya sea en términos de propiedad o de garantía.

No por ello la nueva comisaria Antitrust, Margrette Verstagger, ha cambiado su agenda. De hecho, está verificando nuevamente si el papel de las fundaciones bancarias italianas es realmente “de mercado” y no cubre sombras “de estado” en los bancos, con un desprecio total a la sentencia del Tribunal constitucional, que especifica la función social privada de las fundaciones, y olvidando que si estos bancos pertenecieran a fondos de inversión y bancos de negocios ya habrían quedado sepultados por sus derivados.

Por si no fuera suficiente, Bruselas está resistiendo al proyecto de “banco malo”: un mecanismo para limpiar los balances de los bancos nacionales mediante instrumentos de mercado, con la garantía pública de última instancia. En cambio en Alemania, Commerzbank ha sido parcialmente nacionalizado (25%) desde 2009, año en que el estado británico aligeró el peso de sus gigantes: Londres controla aún la mayoría absoluta del Royal Bank of Scotland.

Mientras tanto, las fundaciones bancarias italianas cuentan con un régimen fiscal cada vez más riguroso, justo lo contrario de lo que sucede en otros países europeos (como Francia o Gran Bretaña) y sobre todo en Estados Unidos, donde las fundaciones están programáticamente liberadas a nivel tributario (a menudo al 100%) en razón de su compromiso con el bienestar subsidiario. A finales de 2015, el cobro agregado a las 88 fundaciones italianas superará los 360 millones; eran 100 hace cinco años. Una auténtica “no ayuda estatal”.

Pero en este goteo de decisiones “ad nationem” también llama la atención el cuándo y el cómo. En días pasados, los focos se encendieron de repente sobre Fiat por un caso de 20 millones de euros ligados a decisiones de fiscalidad empresarial tomadas en un país miembro de la UE como Luxemburgo. Menos de tres meses después se le exigió a Francia la recuperación de 70 veces más ese dinero.

Negar la ayuda estatal, que es muy distinto del asistencialismo estatal, puede llevar a negar el proyecto europeo en cuanto tal. Puede llevar a los mismos desastres producidos por el equívoco entre “libre mercado” y “mercado privado”. Podríamos evitar otro motivo por el que Europa puede llegar a ser –y con razón– odiada una vez más por sus ciudadanos.