La amenaza narco sobrevuela la política argentina

La muerte violenta viaja en moto. Llega hasta los bosques de Palermo –tradicional pulmón verde de Buenos Aires– o hasta una esquina cualquiera de Rosario. Silenciadores, huidas y doble apellidos de origen colombiano son las señas que caracterizan a un personaje delictivo hasta hace poco tiempo desconocido y exclusivo de las series de TV: el sicario.

El narcotráfico, con todo el despliegue de su poder mafioso, está entre nosotros. Hace ya unos años la Argentina empezó a funcionar como `cocina` de drogas, es decir no sólo como un lugar de simple tránsito de estupefacientes provenientes de Colombia o Bolivia principalmente como puerto de salida a EEUU o Europa, sino como emplazamiento de laboratorios clandestinos de procesamiento de drogas. Lo revela en detalle Gustavo Sierra, prestigioso periodista de investigación y ex corresponsal de guerra, quien acaba de publicar `Sinaloa-Medellín-Rosario` (Ed. Planeta), donde explica el proceso de desembarco de las bandas narco de origen mexicano y colombiano en el país.

Relata Sierra que en septiembre de 2008 el embajador argentino en México, Jorge Yoma, fue alertado por el vicecanciller mexicano Gerónimo Gutiérrez del avance del Cartel de Sinaloa hacia la Argentina: ´No dejen que entren. Una vez que están adentro, no se los sacan más´. Sin embargo, la advertencia personal del embajador a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no mereció ninguna respuesta ni medida concreta de parte del gobierno argentino.

Tampoco recibió el gobierno al ministro de justicia de México, Eduardo Medina Mora Icaza, quien viajó especialmente a Buenos Aires para hablar del tema: sólo fue recibido protocolarmente por algunos jueces de la Corte Suprema, pero por ninguna autoridad política como exigía el caso.

La elección de la Argentina como base operacional narco habría tenido que ver con la oportuna cancelación, por parte del presidente mexicano Calderón en 2006, de la importación de efedrina y pseudoefedrina, precursores químicos utilizados para la elaboración de cocaína y drogas sintéticas, que podían ser comprados aquí a precio incluso mucho menor al que se pagaba en el norte. Cuenta Sierra que fue entonces cuando llegaron 35.000 kilos ilegales de efedrina al puerto de Manzanillo a bordo de un buque de la naviera Maruba, manejada por el sindicato de obreros marítimos argentinos al mando del `Caballo` Suárez, sindicalista afín al gobierno kirchnerista. En el 2011 otro barco de la misma empresa fue sorprendido en el mismo puerto, siendo decomisadas 60 toneladas de precursores químicos, y en el 2012 otro barco de Maruba proveniente del puerto argentino de Rosario fue abordado por la policía de Valencia, España, con un cargamento de cocaína.

La trama doméstica del asunto está todavía por revelarse, pero ya hay algunos indicios. En agosto de 2008, es decir, un mes antes de la advertencia oficial mexicana, aparecieron asesinados a 60 kilómetros de Buenos Aires los amigos y socios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Detrás del asesinato, se descubrió una red de tráfico de precursores químicos en los que estaban involucrados laboratorios y droguerías locales, y también aportes dinerarios a la campaña electoral del partido de gobierno, cuando Cristina Fernández de Kirchner fue elegida para su primer mandato presidencial.

Según Alberto Föhrig, doctor en Ciencia Política y profesor en la Universidad de San Andrés, entrevistado por el diario La Nación la semana pasada, las cuentas de las campañas electorales en la Argentina ´no cierran´. Está convencido de que el dinero sucio, mayormente proveniente del narcotráfico, consagrará concejales, intendentes, legisladores y, posiblemente, al próximo presidente de la Argentina. Asegura que habrá ´mucho dinero del narcotráfico´ en distintas campañas de 2015 y que ´el crecimiento exponencial del narcotráfico produce mayor dinero negro para financiar a los políticos´.

Se trata de un verdadero escándalo cuya falta de mayor resonancia sólo se explica por la anestesia que sufre la sociedad argentina, o sencillamente al hecho de que como consecuencia de tantos casos de corrupción opere una suerte de lamentable acostumbramiento: quien fuera el mandamás de la agencia gubernamental de lucha contra la drogadicción y el narcotráfico, José Ramón Granero, fue recientemente procesado por tráfico de efedrina, lo que significa que judicialmente existe semiplena prueba de su responsabilidad penal en el delito investigado. La pesquisa de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría consigna que durante once años –entre 1999 y 2010– se importaron 55.900 kilos de efedrina, cuando en realidad bastan 156 kilos por año para atender la producción farmacéutica local de gotitas para los ojos o remedios para la gripe. En ese período, esa enorme cantidad de droga fue traída al país por sólo cinco empresas, entre ellas Unifarma, que también aparece como aportante de fondos para la campaña electoral kirchnerista de 2007 que llevó a Cristina F. de Kirchner al poder. Era propiedad de Ariel Vilán, socio de las víctimas del Triple Crimen de General Rodríguez, que apareció también muerto en un aparente suicidio.

El procesamiento de Granero implicó asimismo a Máximo Rito Zacarías, un empleado estatal y hermano de dos funcionarios de gobierno, uno enrolado en la agencia antinarco y mano derecha de Granero, y el otro en la mismísima Casa Rosada. La investigación, pues, roza al poder político en su más alto nivel, lo que podría justificar el desinterés por las advertencias del embajador Yoma y del ministro de justicia de ese país, `ninguneados` por Cristina K.

La efedrina o las drogas sintéticas ´cocinadas´ en la Argentina eran enviadas de contrabando a México, donde se había prohibido la importación de efedrina. El negocio prosperó, al punto que se instaló en la Argentina Jesús Martínez Espinoza, que fue condenado junto con Mario Segovia, el llamado ´rey de la efedrina´, a 14 años de cárcel por desviar 9.800 kilos de efedrina a México.

Hoy Rosario, llamada la ´Chicago argentina´, es una ciudad tomada por bandas de narcotraficantes y sufre una secuela de violencia y miedo. Según un estudio de la Universidad Nacional de Rosario, en 2004 los asesinatos en la ciudad habían sido sólo 70, pero en la década transcurrida posteriormente superan los 1.370, y el 90 por ciento de las víctimas sólo tenían entre 18 y 25 años.

Hace años ya que la Iglesia viene denunciando esta situación límite relacionada con el tráfico de drogas, y sus conexiones con la política y los organismos de seguridad, pero no ha cosechado del poder más que irritación o indiferencia, según el estado de ánimo presidencial.

´El narcotráfico y la trata de personas son actividades delictivas llevadas adelante por mafias del crimen organizado que van copando territorios e infectan con aprietes y sobornos diversas estructuras de la sociedad y el Estado´, expresó la semana pasada Monseñor Jorge Lozano, titular de Pastoral Social y obispo de Gualeguaychú, en una entrevista con la agencia de noticias DyN.

El riesgo, pues, es que el crimen organizado –además de amedrentar a la sociedad y arruinar a la juventud– termine por colonizar al Estado.