Institucionalidad Cero

Ninguno de los senadores que cambiaron su voto resiste un archivo de menos de un mes de datación, ya que se habían pronunciado públicamente en contra del proyecto de ley.

Para colmo, unos pocos días después de sancionada la ley con su votación por parte de la Cámara de Senadores, se conoció que la aprobación previa de los diputados comprendía una "fe de erratas" tardíamente remitida al Senado -de hecho llegó al recinto el mismo día del debate a medianoche-, circunstancia que permaneció ignorada por el propio presidente de la Cámara (el vicepresidente de la nación, que por esas cosas tan difíciles de explicar de la política argentina es opositor y no oficialista), de modo que el texto que se trató sobre tablas no coincide con el formalmente aprobado en 95 de 124 artículos.  De comprobarse la maniobra, dejaría a la ley al borde de la nulidad absoluta, razón por la que se conjetura en estas horas la necesidad de una ley correctiva que debería ser tratada por ambas Cámaras, lo que evidentemente el Gobierno quiere evitar por cuanto significaría reabrir el debate. Toda una desprolijidad deliberadamente intencional, para eludir que el proyecto tuviera que volver a ser discutido en Diputados; en cambio, no habiendo recibido modificaciones en Senadores -que tal vez sí hubieran existido en caso de conocerse la "fe de erratas"-, automáticamente se convirtió en ley tal como pretendía el Gobierno.

Sin embargo, la oposición (siempre fragmentada y en parte siempre dispuesta a negociar alguna ventaja o favor a cambio de su beneplácito parlamentario como se espera ocurra la semana próxima de parte de los legisladores del Tierra del Fuego, que perteneciendo al opositor ARI apoyaron la ley de medios a la espera del próximo tratamiento del proyecto de ley de fabricación de artículos electrónicos en dicha provincia del extremo sur, que incluye importantísimos beneficios fiscales) parece más dispuesta a arremeter contra la novel ley luego de diciembre, cuando quede conformado el nuevo Parlamento con minoría oficialista, que impulsar ahora una cuestión meramente jurídica que invalide la misma.

Se supone que fin de año es el momento de "barajar y dar de nuevo" en el juego político argentino, que cada vez tiene más de juego y menos de compromiso serio con la sociedad.

La sanción de la ley de medios no sólo vino acompañada de festejos por parte de los adeptos al Gobierno: apenas horas después del triunfo parlamentario, el superfuncionario Guillermo Moreno, al frente de la estratégica Secretaría de Comercio, fiel intérprete de la ideología de los Kirchner y autor intelectual y material de la intervención del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) a través de la cual desde hace unos dos años se manipulan descaradamente los índices de la economía argentina, hizo una visita nada protocolar a la empresa Papel Prensa (que como su nombre indica fabrica el papel con el que se editan los periódicos en el país y cuyo directorio comparten el Gobierno y los representantes de Clarín y La Nación por tratarse de una empresa mixta), donde reveló a los directores oficialistas la intención del matrimonio presidencial de expropiar o nacionalizar la empresa, advirtiendo que a quien se opusiera le esperaban los servicios de "sus amigos" especialistas en "romper piernas" y "hacer sacar los ojos para afuera". Uno de los directores no soportó más la presión, denunció a Moreno y renunció a su puesto, y así el "apriete" tomó conocimiento público, revelando que el alcance del embate de los Kirchner no se agota en hacerse de unos cuantos medios sino en controlar a toda la prensa escrita mediante el principal proveedor de dicha industria.

Nuevos episodios violentos tuvieron lugar esta última semana, siempre protagonizados por grupos de protesta vinculados al Gobierno (otro ejemplo del "mundo del revés" argentino, ya que usualmente los grupos de protesta en el mundo son opositores, no oficialistas), grupos que impidieron sendas disertaciones del opositor Morales y de la embajadora de los EEUU.

El Gobierno hace gala de las peores prácticas políticas y alienta tanto en el marco institucional -en el complejo marco que ofrece una constitución federal para un país política y económicamente unitario- como en el espacio público, un fascismo retrógrado, un estilo de conducción siempre confrontativo, por el cual quien piensa diferente es lisa y llanamente un enemigo. Declama democracia, pero su conducta destila autoritarismo.

Lo que está en juego es el concepto mismo del poder. Cualquier semejanza con el postulado evangélico por el cual "los gobernantes de las naciones hacen sentir su poder y tiranizan y oprimen a los pueblos" no es mera coincidencia, es genial descripción divina del más antiguo pecado social humano, y que en la Argentina de hoy es plenamente vigente dos mil años después de ser pronunciada.

La idolatría no es, sin embargo, patrimonio exclusivo del oficialismo. Ninguna garantía existe aún de que en el arco opositor haya alguien que no se doblegue ante el poder y no le rinda culto, un sujeto que asuma la política como un acto de amor y servicio a la gente.

El desprecio por la institucionalidad se corresponde con una concepción del poder que se resume en el instante violento de su posesión, y que como un monstruo se alimenta devorándolo todo al mismo tiempo que se consume a sí mismo, incesantemente.

Y, como sabemos por sabia advertencia, "el poder egoísta odia al pueblo".