Pronunciamiento del Tribunal Constitucional

Inquietud e incertidumbre

España · Eugenio Nasarre
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30 junio 2010
Sólo conocemos el fallo de la sentencia. Pero en una sentencia de carácter básicamente interpretativo, conocer los fundamentos jurídicos resulta esencial. También lo es conocer los votos particulares de los magistrados discrepantes y sus argumentos. Por eso, cualquier juicio que ahora se haga es necesariamente provisional y debe revestir las máximas cautelas.

Con todo, mis primeras impresiones son de incertidumbre y de máxima preocupación. Decir lo contrario sería tanto como instalarse en la mentira. Y, aunque esto es lo que está prevaleciendo por ahora en el panorama nacional, habrá que afrontar la sentencia con espíritu de verdad.

Con ese espíritu, veo en la sentencia algunos síntomas graves: una crisis del Derecho,  una devaluación de la Constitución, un debilitamiento del Estado y una formidable mutación de nuestro sistema constitucional, sin que podamos calibrar a dónde nos conduce.

La fractura del Tribunal Constitucional en casi dos mitades revela la crisis de un Derecho llamado a proporcionar certeza. Esta crisis conduce inevitablemente a la devaluación de la Constitución como "norma jurídica", conforme a la concepción que defendió con lucidez el maestro García de Enterría. Me temo que esta sentencia entierra la concepción normativa de nuestra Constitución. Y alumbra una situación inédita con graves incertidumbres y riesgos de conflictos permanentes.

Pocos han recordado el verdadero significado jurídico y político de una sentencia del Tribunal Constitucional, máximo guardián jurídico de nuestra Carta Magna. Un pronunciamiento negativo del Alto Tribunal no impide que la pretensión declarada inconstitucional pueda prosperar. Lo que indica es que debe hacerse por los cauces previstos en la Constitución misma, es decir, reformando la Constitución, si así lo desea el pueblo español. Pero la misión del Tribunal es impedir que esa eventual reforma de la Constitución se haga por la puerta falsa.

Eso es lo que precisamente se pretendía hacer con el Estatuto de Cataluña: proceder a una colosal modificación de la estructura del Estado burlando el diseño constitucional. El Alto Tribunal, a mi juicio, no ha cumplido debidamente su misión. Tras casi cuatro años agónicos se ha mostrado incapaz de actuar en derecho. Claro está que, ante el formidable desafío que el Estatut representaba, era una tarea de titanes. Y los titanes no han existido. El panorama que se abre tras la sentencia no puede ser más sombrío.

El nacionalismo catalán  ha puesto el grito en el cielo, instalándose de nuevo en el victimismo, lo que demuestra dos cosas: su pretensión de una transformación encubierta de la Constitución, que no han logrado en su totalidad; y su voluntad de romper el "pacto constitucional" que se logró en la Transición. Ésta es la verdadera naturaleza del problema que todas las fuerzas políticas deben afrontar, sin engaños, sin la política del avestruz, sin jugar al corto plazo.

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