Idas y venidas de la ley de construcción de iglesias en Egipto

Desde hace más de dos meses, los coptos egipcios esperan que una nueva ley sobre la regulación de la construcción de lugares de culto pueda poner fin a la discriminación de su comunidad. La nueva legislación debería superar el llamado “escrito imperial”, en vigor desde 1856, que ponía la edificación de iglesias bajo jurisdicción del gobernante, más las diez condiciones que en 1934 añadió el ministerio egipcio de Interior, convirtiendo la construcción de iglesias en una cuestión burocrática larga y espinosa.

El pasado 25 de agosto, tras meses de tensión entre la Iglesia copta y el gobierno, el Sínodo de la Iglesia copta anunció haber alcanzado un acuerdo de compromiso con las autoridades, pocos días después de haber atacado las propuestas de enmienda propuestas por el Parlamento a este proyecto de ley tan esperado. Ahora la ley tendrá que ser enviada al gobierno para su aprobación, antes de ser ratificada por el Parlamento. Los retrasos de esta norma han suscitado una creciente preocupación en el Papa Tawadros, patriarca de la Iglesia ortodoxa copta, que recientemente ha publicado un artículo en la prensa egipcia donde resume las dificultades que los coptos encuentran para ejercer su culto desde el siglo VII, lo cual agudiza las tensiones y los desencuentros confesionales entre cristianos y musulmanes en Egipto, donde los coptos representan el 10% de una población de casi 90 millones de habitantes.

Los coptos, que vivieron con aprensión, por no decir terror, la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes en 2012, han pasado del miedo –traducido en numerosas salidas hacia otros países– a la esperanza. No solo millones de personas se manifestaron contra los islamistas el 30 de junio de 2013, sino que inesperadamente Egipto eligió al presidente más filo-copto de su historia reciente. Un presidente que multiplicaba sus llamamientos a llevar a cabo una “revolución religiosa”, renovando los discursos de los doctores del islam, y los gestos simbólicos, participando en la misa de navidad y felicitando a los fieles, una novedad total en la historia de este país. Los progresos siguieron creciendo. El Parlamento nunca ha tenido tantos diputados coptos, nunca ha habido tantos llamamientos a la fraternidad y tan sinceros, nunca el espectro del fundamentalismo salafita o ligado a la Hermandad había estado lejos durante tanto tiempo. La institución militar ha animado a reflexionar sobre un concepto de ciudadanía que implica igualdad. Los incidentes confesionales se hicieron más esporádicos.

Pero la primavera pasada, el Papa Tawadros volvió a empezar a preocuparse. El presidente empezó a hablar solo de “rectificación” del discurso religioso, cada vez menos a menudo. Los organismos de seguridad retomaron las negociaciones con los Hermanos Musulmanes y el nuevo liderazgo en el poder de Arabia Saudí se fue haciendo menos anti-islamista y más implicado en la política de Al-Azhar que en tiempos del difunto rey Abdalá. La ley sobre lugares de culto, reclamada por la Iglesia, se quedó parada en fase de estudio.

En mayo, los enfrentamientos confesionales tuvieron un aumento muy brusco, con una frecuencia inédita en los incendios de iglesias, y ataques a negocios y viviendas de cristianos. Las causas, siempre las mismas: coptos que construyen o son acusados de construir lugares de culto sin autorización, historias de amor entre personas de comunidades distintas que suscitan la ira de terceros, a menudo –aunque no siempre– salafitas. Estos incidentes se “gestionan” de la misma manera que antes. La ley no se aplica, los oficiales locales niegan la existencia del incidente o lo minimizan, y consejos de conciliación tradicionales llegan a una pseudo-solución sin castigar a los culpables. O peor aún, los ataques contra la comunidad ya no resultan ser solo la reacción de una multitud encolerizada y manipulada, son que aumentan las acusaciones de complicidad contra las administraciones locales.

El clero, los políticos, los intelectuales y militantes coptos, apoyados por laicos y musulmanes no islamistas, se han movilizado, tomando la palabra con vehemencia y reclamando la aplicación de la ley, la detención de los alborotadores y la protección del ejército y de las fuerzas del orden (los incidentes están localizados geográficamente en la gobernación de Minia, al sur del país, principal escenario de los enfrentamientos).

La principal tesis de los portavoces de la comunidad y de sus aliados musulmanes es que se está produciendo un retorno a los métodos del régimen del ex presidente Hosni Mubarak, deseoso sobre todo de acabar cuanto antes con las tensiones. Pero hay una diferencia importante, y es que el presidente, los altos cargos y una parte conspicua de musulmanes piensan que el recrudecimiento de los incidentes es una maniobra islamista y requiere urgentemente una “guerra cultural” contra los “enemigos del concepto de ciudadanía”, pero temen que los islamistas recurran a uno de sus argumentos preferidos, capaz de minar la imagen del poder: “este régimen declara la guerra a los musulmanes auténticos a cuenta de los cruzados”. En otras palabras, a diferencia de Mubarak, el presidente Sisi no sigue la línea de “sepultar el problema y fingir que no existe”. Pero sostiene que la cuestión se resolverá de manera progresiva (lo cual ya es un paso adelante respecto a la negación de Mubarak) y considera que la coyuntura económica, política, de seguridad y de Al-Azhar (la venerable institución islámica suní, escenario actual de conflictos internos y problemas con la comunidad intelectual) no permite abordarla de momento.

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