Huelga de transportistas: falta sociedad

Superada la pasividad policial del Ejecutivo, negligente o culpable, lo fundamental parece resuelto. Los sufridores ciudadanos, después de horas de retenciones, de colas en gasolineras y supermercados, se sienten aliviados con que el Estado cumpla una de sus atribuciones básicas y haga uso del monopolio de la fuerza. Pero la violencia que hemos visto estos días y que, por desgracia, se repite en nuestro país con demasiada frecuencia, tiene mucho que ver con un desorden más profundo que no se resuelve con policía.

Una crisis como la que tenemos encima pone de manifiesto la pobreza de una sociedad en la que no se ha construido un tejido social intermedio de solidaridad y subsidiariedad que sea capaz de ofrecer alternativas en los tiempos difíciles. Los términos en los que se desarrolla la negociación entre transportistas y Gobierno reflejan bien un modelo económico estatalista, alentado también por empresarios. Los transportistas, que en su mayoría son titulares de pequeñas y medianas compañías, se ven encerrados en un callejón sin salida porque la subida del precio del carburante les deja sin margen. Y reclaman del Estado intervención directa, soluciones casi mágicas: precio mínimo garantizado -una locura con la inflación que tenemos- y menos impuestos.

No hay creatividad para pedir otras alternativas, no hay un tejido empresarial que haya trabajado con tiempo en otras posibilidades. Y si el Estado no responde, violencia. Desde el Gobierno, el mismo esquema. No ha habido capacidad para anticiparse a las dificultades y cuando se presentan no se ofrece más solución que la subvención. Como las cuentas de la Seguridad Social son las que van bien, bonificaciones. Y reconversión a base de prejubilaciones: camioneros en casa colgando del presupuesto, la productividad, y probablemente la vida, arruinadas por el subsidio. Lo que ha sucedido en los últimos días pone de manifiesto el desorden de un país en el que falta sociedad,  en el que sólo queda el Estado y los individuos.