Honduras

Cultura · José F. Guijarro
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1 julio 2009
Muy señor mío:Soy ciudadano español de nacimiento, residente en Honduras, y he leído atentamente el artículo publicado el pasado 29 de junio en Páginas Digital.

Me permito hacer unas precisiones desde la inmediatez a los hechos que me da el encontrarme aquí. El golpe de Estado se remonta a varios días atrás, cuando no ha merecido ser noticia en el mundo de la información, mientras no han intervenido militares. Se trata de una situación difícilmente comprensible para los españoles actuales, en que, por el sistema político instaurado por la Constitución Española, en la práctica, el poder legislativo y el Ejecutivo se han venido identificando, por estar compuestos mayoritaria y exclusivamente, según los casos, por miembros de un mismo partido, tanto cuando fue presidente del Gobierno Adolfo Suárez, como el difunto Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, sin que haya previsiones razonables de que vaya a cambiar sustancialmente el sistema en un futuro próximo.

En Honduras el sistema es diferente, ya que en unas mismas elecciones, celebradas el último domingo de noviembre de cada cuatro años, se vota en tres urnas diferentes para elegir al jefe del Estado (presidente de la República, que lo es al mismo tiempo del poder Ejecutivo); al Congreso Nacional Soberano (que es lo que nosotros llamaríamos el Parlamento Unicameral) y a los alcaldes de cada uno de los municipios.

De acuerdo con la Constitución de la República de Honduras (que, en algunos artículos copia al pie de la letra la Constitución Española actualmente vigente), los tres poderes son independientes entre sí, y el presidente Zelaya, en su condición de jefe del Ejecutivo, ha usurpado públicamente poderes que constitucionalmente no le corresponden, y ha desautorizado a la Corte Suprema de Justicia, equivalente de nuestro Tribunal Supremo. De ahí que haya sido el Poder Judicial el que ha ordenado al Ejército que le saque del país, y ha salido en pijama (según le ha exhibido la televisión de Costa Rica) y sin un rasguño. Que podría haber sido mucho peor.

A la mañana siguiente, el Parlamento ha hecho uso de sus atribuciones y, entre otras cosas, ha ordenado el repliegue de todo el Ejército, con lo cual no se ve a un solo soldado por la calle. Y la Junta Electoral Central (que aquí se llama Tribunal Supremo Electoral, aunque depende del legislativo y no, como en España, del judicial, a pesar del nombre) ha asegurado que las elecciones se celebrarán el último domingo de noviembre.

Desde que llegué a Honduras, no he visto por las calles un solo tanque, ni militares con arma larga. Sí es frecuente, en cambio, ver armados con rifles a los agentes de la Policía y a los agentes de seguridad privada que custodian grandes almacenes y otros establecimientos comerciales, lo cual, al menos hasta que yo salí de España, nunca se había visto, y espero que siga sin verse durante mucho tiempo.

La prensa dio la noticia de que, al descargar las cajas venidas en aviones venezolanos para la encuesta no vinculante que se estaba comenzando a celebrar, por iniciativa del Gobierno (habiendo sido declarada ilegal y anticonstitucional por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, simultáneamente), alguna de las cajas de cartón que se rompió venía llena de papeletas en las que ya venía marcado el "sí" desde la otra orilla del Caribe. Y, al parecer, ya estaba elaborado el Decreto del presidente de la República en el que, como consecuencia de la encuesta aún no celebrada, quedaba disuelto el Parlamento. Les invito a descargarse de internet la Constitución de la República de Honduras, y verá que no está reconocida entre las atribuciones del jefe del Estado tal disolución del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo, cosa que, sin embargo, sí se puede hacer en España, aunque formalmente lo tenga que firmar Su Majestad el Rey, pero siempre a instancias, exclusivamente, del presidente del Gobierno.

Cuando, en medio de las intervenciones de Hugo Chávez y de Óscar Arias por la CNN en español, logró que le dejaran hablar la vicepresidenta del Parlamento de Honduras y el equivalente del Defensor del Pueblo (que aquí se llama el Comisionado para los Derechos Humanos, y es designado, como en España, por el Poder Legislativo), éste solicitó que viniera a Honduras un enviado especial más objetivo y respetuoso con la verdad, desde Atlanta, le cortaron inmediatamente. Quizá encuentren ustedes quien le pueda proporcionar la grabación en video de la entrevista.

Esto nos viene a demostrar cómo, en nuestra sociedad pretendidamente democrática occidental, no sólo Montesquieu está más muerto y sepultado que lo quisiera dejar aquel célebre vicepresidente del Gobierno de España, sino que el verdadero poder es el "cuarto", y que a nadie le importa cómo sean las cosas, sino que lo que vale, aun en derecho internacional, es cómo se cuentan.

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