Honduras, ¿un Estado fallido?

Mundo · Luis Amilcar
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2 septiembre 2010
Hemos cumplido un poco más de un año desde de la expulsión del poder del ex presidente José Manuel Zelaya Rosales, pero también hemos cumplido treinta años desde el retorno a la vida democrática. Sin embargo, luego de treinta años de gobiernos constitucionales, los hondureños seguimos añorando vivir en esa "sociedad política, económica y socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común" de que nos habla el preámbulo de nuestra constitución.

Desde el 25 de julio de 1980, día en que la Asamblea Nacional Constituyente eligiera como Presidente Constitucional Provisional de la República de Honduras al General Policarpo Paz García, se han sucedido en la silla presidencial diez mandatarios, la sociedad civil ha incrementado su participación no sólo como auditora social del Gobierno, sino también como nominadora de los candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República, se han creado instituciones y leyes para combatir todas las formas de corrupción, sin resultados tangibles, se han hecho grandes pactos sociales, que no se han respetado, se han diseñado estrategias para reducir la pobreza, que han fracasado, y Honduras se ha enlazado en la economía mundial mediante acuerdos y tratados comerciales.

Luego de los acontecimientos del 28 de junio del año pasado, en lo político el país continúa sin escenarios claros. El Partido Nacional en el poder, quien recién un par de años atrás cambió su ideología liberal por una "humanista cristiana", tiene el gran problema de que la mayoría de sus partidarios y dirigentes, más allá de la repetición del discurso, no entienden, ni les interesa entender y peor aún aplicar, los conceptos políticos del humanismo cristiano. Sumado a ello, un sector importante de sus bases tiene un gran malestar con la dirigencia nacionalista, pues en un país en donde el desempleo reina y el clientelismo político es tradición, a la hora de repartir los puestos gubernamentales los dejaron fuera, ya que en aras de la reconciliación nacional esos puestos se asignaron a seguidores de los partidos políticos de oposición. Por otro lado, el Partido Liberal, el más importante de la oposición, se encuentra fraccionado, confundido, dividido, enfrentado internamente, carente de un proyecto político y sin un liderazgo claro. Los restantes tres partidos opositores, incluyendo al izquierdista Unificación Democrática, electoralmente han tenido resultados mediocres e internamente viven divisiones y luchas de poder. Finalmente, ese segmento importante de la población que apoya el proyecto político del ex presidente Zelaya y que se hace llamar "la resistencia" es una masa ideológicamente heterogénea, con grupos antagónicos unidos alrededor de un factor ocasional, incapaz actualmente de convertirse en partido político.

Sindicatos y ONG de la izquierda hondureña y latinoamericana, así como gobiernos afines al Socialismo del Siglo XXI, en su objetivo de blindar en Honduras con un escudo de inmunidad jurídica total al Sr. Zelaya que le permita a él continuar libremente con su lucha por una constituyente, contribuyen muy poco a facilitar la reconciliación y la estabilidad política nacional, aunque en sus discursos siempre justifican sus acciones diciendo que lo que persiguen lograr con ellas es el bienestar de ese mismo pueblo al que están causando daño. A diferencia de Caifás, a quien los Evangelios atribuyen la frase "conviene que muera uno sólo por el pueblo y no perezca toda la nación", éstos grupos con sus maniobras diplomáticas, gremiales y políticas siguen la consigna de que con tal de lograr el bienestar del ex presidente Zelaya es admisible perjudicar a todo el pueblo hondureño.

Treinta años después del retorno a la vida democrática, se vive en un país donde la impunidad es la madre de todos los males, donde el corrupto y el delincuente son premiados y la clase política está coludida entre sí. Treinta años después, sin importar la tendencia o partido político al que pertenezca el corrupto o el delincuente, éste no será castigado, ni por el contrario político, ni por la autoridad, ni por nadie, pues quienes tienen el deber y la autoridad para hacerlo también tienen techos de cristal. Treinta años después tenemos el Índice de Oportunidad Humana (IOH) más bajo de América Latina y un gremio magisterial que pasa más días en huelga que en las aulas. Treinta años después los desastres naturales dejaron de ser ocasionales para convertirse en permanentes gracias a la negligencia política y a las inversiones dolosas en materia de prevención.

Treinta años después, en un país geopolíticamente estratégico no sólo a nivel regional sino también global, bañado por dos océanos, con fértiles valles y agua abundante, bellezas naturales con gran potencial de explotación turística, lleno de bosques maderables, abundante en minerales y con potencial de explotación de hidrocarburos, con una población joven y en edad productiva, una mano de obra que ha demostrado que cuando es capacitada es altamente productiva; treinta años después seguimos sumidos en pobreza, delincuencia, desempleo y exclusión.

Es por ello que surge la pregunta, si gracias a la impunidad que cobija todas las diferentes modalidades de corrupción y delincuencia, luego de estos treinta años de retorno a la vía democrática y 189 desde que proclamamos la independencia patria, los hondureños, al igual que varios otros pueblos latinoamericanos, con nuestras acciones y omisiones hemos contribuido a crear un Estado fallido, o si por el contrario aún tenemos la oportunidad de construir y vivir en una sociedad en que sea posible alcanzar "la plena realización del hombre, como persona humana".

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