Global Compact en tiempos de migraciones

La conferencia de Marrakech del 10 y 11 de diciembre ha supuesto la última tesela en un proyecto que dio inicio en septiembre de 2016 con la “Declaración de Nueva York”, cuando los 193 países miembros de Naciones Unidas firmaron un acuerdo sobre la gestión del fenómeno migratorio. De hecho, en la ciudad marroquí se ha ratificado el llamado “Global compact para una migración segura, ordenada y regular”.

Este texto destaca la responsabilidad común de la gestión de un fenómeno transnacional como es la migración. No es vinculante pero ofrece una dirección compartida para abordar el problema. En el artículo 16 se indican 23 líneas-guía a seguir para coordinar el trabajo, desde la creación de medidas basadas en datos al reconocimiento en el lugar de entrada y una serie de iniciativas para contrastar comportamientos criminales.

Han suscitado perplejidad en algunos estados ciertos puntos que animan a una mayor inclusión en el tejido social y a la participación en la vida pública del país de destino. Después de Estados Unidos y Australia, también Austria y los llamados países del llamado grupo de Visegrado (Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría) se retiraron con este punto de perplejidad. Y si bien en Bélgica el Gobierno discute sobre el Global Compact, Italia, Suiza, Israel, Estonia, Eslovenia y Bulgaria han dejado la firma en suspenso.

El punto de partida de esta medida es que la migración forma parte de la experiencia humana desde siempre. Si el movimiento del ser humano es, de hecho, una característica suya por naturaleza, que lo distingue desde sus orígenes, las migraciones a las que estamos asistiendo se realizan más bien sobre tableros fraccionados, estratificados y divididos. Por tanto, la problemática migratoria se vuelve crítica y digna de atención solo en el momento en que “la línea que se atraviesa geográfica y administrativamente se convierte en una construcción social y política”.

La declaración de Marrakech se encuentra así con la necesidad de conciliar la cooperación internacional y la responsabilidad de la protección con límites jurisdiccionales y la soberanía territorial propia de cada país. Pero no es la primera vez que el debate entre soberanía interna e intervención externa es objeto de discusión. ¿Hasta cuándo puede un estado ejercer el control de sus propias fronteras? ¿Cuándo adquiere la comunidad internacional el derecho, o incluso el deber, de intervenir? La ONU se ha tenido que confrontar muchas veces con estas preguntas, como demuestran los casos de Bosnia y Ruanda.

La situación en Siria y Afganistán

Si nos centramos en las personas que se han visto obligadas a emigrar, en 2017 los datos hablan de más de 65 millones de personas, de ellos el 30% de África y el 40% de Oriente Medio. En Afganistán se registran casi 2,6 millones de personas obligadas a dejar su país, donde la seguridad y las garantías políticas brillan por su ausencia. Recientemente han sido noticia los votos no válidos de la sección de Kabul durante las últimas elecciones, a causa de la mala gestión de la comisión encargada de supervisar las votaciones y los fraudes que han minado la credibilidad del voto.

Pero Siria es el país más golpeados en términos de refugiados. La Primavera Árabe, un conflicto que se ha internacionalizado progresivamente, la presencia del autodenominado Estados Islámico, la fragmentación étnica y religiosa, la multiplicación de actores paraestatales, y todo ello dentro del gran conflicto medioriental, han llevado a la república alauita al borde del abismo, obligando a casi 6,3 millones de personas a abandonar el país. De ellas, un millón y medio han encontrado refugio en el Líbano y Jordania, pero la mayoría, casi cinco millones, se ha instalado en Turquía, sobre todo después del acuerdo con la UE firmado en 2015.

Según ACNUR, se prevé que en 2019, a pesar de ciertos obstáculos, 250.000 sirios podrán volver a casa. Un número que es más del doble respecto a los 117.000 que según la agencia de la ONU ya habrían regresado en el último año. A pesar de estas primeras débiles señales de distensión, el conflicto, que habría registrado casi 560.000 muertos, está lejos de resolverse, como se ve en las recientes declaraciones del presidente Erdogan. De hecho, parece que el líder turco tiene intención de atacar a los guerrilleros de las YPG, las milicias kurdas que luchan en primera línea contra el ISIS y son cercanas al partido de la Unión Democrática (PYD). Aparte de razones geográficas, ideológicas y estratégicas, las hostilidades por parte turca dependen también de la cercanía del PYD con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), enemigo histórico de Ankara.

Yemen: entre la inmigración y la emigración

Pero uno de los casos más interesantes respecto a los fenómenos migratorios lo representa Yemen, donde un conflicto extenuante presenta la hipótesis de una masiva emigración forzosa. Pero una guerra desestabilizadora debilita aún más cualquier posible control de fronteras, favoreciendo por tanto una inmigración incontrolada. Los 23.500 yemeníes forzados a huir del país y los 24.600 solicitantes de asilo procedentes de Yemen este año se han visto ampliamente superados por los que han entrado en Yemen. Obviamente, los flujos de inmigrantes no tienen a este país como último destino, pues sería solo una etapa dentro de una ruta migratoria hacia otros países de la región. Según la OIM, 170.000 personas transitan por Yemen desde África subsahariana para llegar al norte de la Península Arábiga.

La ruta afro-árabe constituye una de las principales vías migratorias contemporáneas, precisamente a causa del conflicto, que no permite asegurar sus fronteras. Las negociaciones suecas para intentar poner fin al conflicto tampoco han obtenido grandes resultados. Por un lado, el gobierno central apoyado por Arabia Saudí y los rebeldes hutíes han acordado un intercambio de casi 15.000 prisioneros y la reapertura del aeropuerto de Saná; por otro, la zona de la ciudad costera de Hodeidah todavía se debate. La ONU ha pedido la retirada de tropas y de las fuerzas rebeldes, pues esta ciudad portuaria es la puerta principal para más del 70% de la ayuda humanitaria que llega al país. En los últimos tres meses han muerto 1.500 civiles, la mayoría víctimas de ataques de la coalición filo-saudí. A pesar de que la ONU y la UE han decretado contra Yemen un embargo unilateral de venta de armas, los flujos de armamento hacia el país continúan.

Al mismo tiempo, sería engañoso no considerar las atrocidades cometidas por el otro bando, los hutíes. Un reciente y largo reportaje de Associated Press muestra el acoso y violencia que los rebeldes del norte cometen contra la población civil, simplemente por ser sospechosa de cercanía al gobierno de Saná.

En todo caso, por muy relevantes que sean las negociaciones y discursos de paz bajo la égida de la ONU, el papel de Estados Unidos en el Golfo sigue siendo central. En consecuencia, la decisión del Senado americano de proponer una resolución para retirar apoyos a la coalición saudita en Yemen puede ser un primer paso hacia la normalización. Pero dependerá mucho de la postura que asuma el presidente Trump y también Jared Kushner, principal promotor del príncipe saudita Muhammad Bin Salman, en esta que Michael Singh ha llamado “era post-Khashoggi”.

Oasis