Estima mutua

Esta semana hemos tenido en España una buena muestra del clásico y creciente conflicto propio de las sociedades plurales. Conflicto entre libertad de expresión y derecho a que la propia identidad no sea ofendida. Por partida doble. El contenido de los dos casos es bien diferente pero los dos supuestos tienen puntos en común y nos ayudan a entender el gran reto que tenemos por delante.

Un autobús ha recorrido Madrid con afirmaciones sobre la identidad sexual que el colectivo LGTB ha percibido como ofensivas y contrarias a su dignidad. Horas antes, en una gala que ponía fin al Carnaval de Las Palmas, uno de los concursantes utilizaba la figura de la Virgen y de Cristo para hacer una parodia que los cristianos perciben como ofensiva y contraria a su dignidad.

Insisto que un análisis sobre el contenido de los dos gestos seguramente nos llevaría a concluir que no son de la misma naturaleza. Pero está claro que estamos en los dos supuestos ante la colisión entre dos derechos fronterizos (libertad de expresión/identidad). Nuestras sociedades democráticas y plurales han evolución de un modo muy rápido. Las evidencias compartidas que no había que discutir han ido desapareciendo y el espacio de lo que pacíficamente y objetivamente se reconoce como un bien es cada vez más reducido. Por eso las fronteras entre derechos son cada vez más ásperas.

El artículo 10.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos (1950) establecía que la libertad de expresión tiene el límite de la moral. Una expresión que 60 años después exigiría un debate sobre qué afirmaciones morales son compartidas. Sobre todo porque la moral no es derecho y siempre pasa a través de la libertad. A buen seguro que el caso Handyside versus Reino Unido sobre el Libro Rojo del Cole (colisión libertad de expresión/tutela de la infancia) no provocaría hoy la misma sentencia que en los años 70.

El Tribunal Supremo en España se ha pronunciado recientemente delimitando qué puede ser considerado delito de odio en los casos de enaltecimiento del terrorismo. Pero en otros supuestos no está tan claro cómo definir las fronteras. El delito del hate speech se introduce en el Código Penal en la reforma de 1995. Se define como el hecho de promover “odio, hostilidad, discriminación o violencia (…) por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”. La jurisprudencia es zigzagueante al aplicar el tipo penal porque estamos ante el problema de evaluar un sentimiento y no una conducta. El mismo problema generan los delitos por ofensa a los sentimientos religiosos.

La “perplejidad jurídica” que plantean estas situaciones nos tendrá atareados mucho tiempo. Los tribunales deberán hacer su trabajo, al menos en las situaciones límites. Pero buena parte de la solución es metajurídica. Todos tendremos que aprender a cumplir con la vieja regla médica: ante todo, si es posible, no hagas daño. Porque el bien común, en esta sociedad plural en la que muchas certezas se diluyen, sigue existiendo y se fundamenta en la estima por el otro. El conocimiento de la sensibilidad y la experiencia del otro, que puede estar en las antípodas de la propia experiencia, engrasa y hace más fecunda la vida democrática.

La estima por el bien común y el respeto e interés por la sensibilidad del otro parecen dimensiones esenciales de una presencia cristiana original. Una presencia así ayuda a todos a leer mejor la positividad que hay en la experiencia de todos.