´Ésta no es la reforma que necesitamos´

España · José María Gutiérrez Montero
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8 octubre 2013
Páginas digital sigue con las entrevistas sobre la nueva ley de educación: LOMCE. Hoy publicamos la entrevista a Nicolás Fernández Guisado, Presidente nacional de ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza). Señala cuáles son los puntos que a su juicio mejoran la calidad de la enseñanza, las propuestas que ellos, desde ANPE presentan al Ministerio y habla de la falta de consenso para que esta reforma vez la luz. 

¿La reforma educativa que el Gobierno culmina estos días ha abordado las cuestiones de fondo?

Para ANPE la LOMCE, en su redacción actual, no es la reforma global y profunda que necesita el sistema educativo para acabar con el fracaso y el alto índice de abandono escolar y para implicar y motivar al profesorado. Además, el modo en que se ha desarrollado el proceso de elaboración, no nos ha acercado al consenso de mínimos que necesita una medida de tanto calado ha contado el preceptivo proceso negociador en la Mesa Sectorial de Educación.

Existen en el articulado propuesto hasta ahora muchas disfunciones porque se pretende reformar sobre el propio articulado de la LOE, con lo cual en lugar de diseñar una nueva estructura se está manteniendo la anterior, aunque parcheada.

Algunos críticos aseguran que dan demasiadas competencias a las Comunidades Autónomas y que se sustituye el estatalismo de viejo cuño por una nuevo

La distribución de competencias para la concreción del currículo distribuye funciones de manera poco definida a tres instancias diferentes (Administración General del Estado, Administraciones autonómicas y centros educativos), lo cual planteará problemas en la organización de los propios centros y de cara a la movilidad del alumnado y del profesorado. Esta medida podría además afectar incluso a la programación general de la enseñanza y producir asimetrías y desigualdades entre las CCAA y los propios Centros. Por tanto esta propuesta no sirve para buscar una mayor cohesión y vertebración del sistema educativo.

¿Se superan los límites que tenía la libertad de elección de centro por parte de los padres?

Uno de los principales límites de la libertad de elección de centro, que no suele tenerse en cuenta, es que hay muchas zonas geográficas donde la única oferta educativa es la enseñanza pública porque no tienen alicientes para la inversión de empresas privadas. Por tanto, la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, sea cual sea su lugar de residencia, está fundamentada en la enseñanza pública. La libertad de elección de centro solamente tiene sentido cuando la oferta pública y la privada presentan a las familias los mismos índices de calidad. Así cada familia puede elegir libremente el centro que mejor responda a su visión de la educación, de acuerdo con el ideario del centro y su proyecto educativo.  

¿Se mejora sustancialmente en el sistema de conciertos y en la autonomía de los centros?

La mejora de la calidad del sistema educativo pasa porque los centros educativos cuenten con autonomía suficiente, sujeta a evaluación externa, para:

– Elegir el modelo de jornada escolar que responda mejor a los intereses de la comunidad educativa.

– Establecer programas de innovación, especialización en áreas determinadas, firma de convenios con entidades y acceso a recursos destinados a las buenas prácticas educativas y a la formación del profesorado.

– Promover la diversificación de la oferta educativa.

– Disponer de autonomía de elaboración curricular respetando los mínimos legales establecidos, que en este proyecto son manifiestamente insuficientes.

– Abrir a los centros la posibilidad de especializarse en alguna enseñanza concreta, de acuerdo con los proyectos de innovación de sus claustros, compartida con otros centros, incluso entre centros de primaria y de secundaria y asociada a la evaluación externa y a la estabilidad de sus claustros. En estos centros se propone la posibilidad de asegurar la estabilidad voluntaria del profesorado en el marco de sus planes de mejora y proyectos de innovación.

– Asociar la formación permanente del profesorado a las necesidades y características concretas de los centros educativos, retomando la idea de “formación en los centros”.

– Otorgar mayor peso al claustro de profesores en la elección del director del centro.

– Conjugar la necesidad de que los directores de centros sean miembros de los claustros docentes y elegidos por ellos, con su “profesionalización” en forma de preparación específica para hacer frente a su responsabilidad.

– Reducción al mínimo imprescindible la cantidad de tareas burocráticas que llevan a cabo los docentes, en beneficio de la dedicación específica a la docencia.

– Impulso a las competencias técnico- profesionales de los claustros de profesores.

ANPE, que está a favor de aumentar la autonomía de gestión de los centros,  rechaza sin embargo  que dicha autonomía lesione los derechos de movilidad del funcionariado y la garantía de los principios de igualdad, mérito y capacidad del acceso a la función pública. El modelo de autonomía debe tender a un equilibrio entre una mayor capacidad de los centros para regular su actividad pedagógica, su organización y sus medios, y la necesaria coordinación y control que sobre los mismos deben mantener las Administraciones educativas como garantes de unas condiciones mínimas necesarias para que el sistema educativo, en su conjunto, puedagarantizar una formación común para todos los ciudadanos.

Hay quien señala que centrar las reválidas en asignaturas ´experimentales´ no es buena idea. ¿Qué piensa?

Las evaluaciones externas no pueden convertirse en el único elemento vertebrador del sistema educativo, ANPE comparte la necesidad de incorporarlas en las enseñanzas postobligatorias con carácter propiamente evaluador y las de las enseñanzas obligatorias deben responder a evaluaciones de diagnóstico para mejorar el aprendizaje. Además ANPE ha advertido del riesgo que supone convertirlas en el único elemento vertebrador del sistema educativo. En este marco, queremos destacar especialmente que deben señalizarse claramente los objetivos que han de cumplirse al final de cada ciclo y etapa. Las propuestas que presentamos al Ministerio incluían:

– Otorgar la máxima importancia al paso de la primaria a la ESO, y de ésta al bachillerato y la formación profesional, favoreciendo la coordinación entre los equipos docentes de todas las etapas. Los cursos frontera entre las diferentes etapas deben contar con un refuerzo en los mecanismos de orientación y de atención a las necesidades educativas.

– Establecer un sistema de pasarelas flexibles entre todas las modalidades evitando la complejidad para facilitar a los alumnos el conocimiento de todas las posibilidades de actuación pero garantizando el rigor de los procedimientos.

– Impulsar durante la ESO la orientación profesional y la información sobre las posibilidades educativas de la formación profesional, su oferta y sus expectativas de empleo. Debe primarse la colaboración y la interacción entre los institutos y los centros de formación profesional.

– Establecer un sistema de certificaciones que justifiquen los estudios realizados por los alumnos para aumentar la motivación en cuanto a logros conseguidos y las posibilidades de seguir avanzando.

¿Es un problema la amenaza que ha hecho el PSOE de tumbar la ley? ¿Ha faltado consenso?

Sin duda ha faltado consenso, tan difícil en la educación por la tremenda ideologización a que está sometida la misma por todas partes. Para ANPE la reforma ideal hubiera sido aquella que estableciera un marco global y estable, elaborado a partir de un pacto de mínimos entre las fuerzas políticas y sociales, cuyos ejes fueran el alumnado, el profesorado y las familias, y no tanto las administraciones públicas o las patronales. Este marco estable producto de un pacto por la educación contendría – al modo de las leyes educativas de los países con más éxito – las líneas básicas de actuación: modelo pedagógico, estructura de la ordenación académica, pautas básicas de la evaluación y del acompañamiento del alumnado, garantías de aprendizaje y modos de titulación, objetivos mínimos, bases del funcionamiento de los centros y memoria económica. Por otra parte, todo lo relacionado con las condiciones laborales y profesionales de los docentes debería salir de esa norma general y quedar establecido en un marco propio: el Estatuto Docente.

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