´Es positivo que la reforma del aborto sea ideológica´

José María Ruiz Soroa es abogado, defendió al capitán del Prestige, y ensayista (“Esencialismo democrático”). Columnista habitual de El País  publicó hace unos días un artículo titulado “¿Y cómo se hacen las leyes?”, en el que desmontaba la acusación de “ideológico” que se ha hecho al proyecto de ley del aborto. Ruiz Soroa defiende que en una democracia plural las identidades religiosas se expresen sin renunciar a lo que les es más propio.

Usted ha dado la bienvenida al debate de ideas que ha provocado el anteproyecto de ley del aborto. ¿Por qué hay que reivindicar ese debate? ¿Por qué se silencia?

El debate es el ambiente necesario de una democracia seria, y para ser tal debe incorporar ideas tanto como intereses. En nuestro país padecemos de una ausencia lamentable de debate público, substituido por unas trifulcas ramplonas protagonizadas por los medios y un reduccionismo generalizado de los argumentos que se utilizan por los partidos, empeñados en una lucha cainita casi nihilista. Es decir, la esfera pública de nuestra democracia es pobrísima, lo cual es congruente con una sociedad civil esclerótica (por razones históricas y culturales muy largas de contar) y con unos partidos que han inundado y colonizado todas las instituciones públicas diseñadas en democracia para producir reflexión. Es en este sentido en el que me ´extraño´ de que pueda llegar a acusarse a un proyecto de ley de ´ideológico´, como si tal cosa fuera negativa, cuando es bastante obvio que cualquier debate previo a una futura ley debe incluir necesariamente la explicitación de la ideología desde la que se propone o se combate.

¿Es legítimo que la cuestión del aborto suscite un debate de índole moral en una sociedad democrática y plural? ¿El debate moral no es una anomalía?

Creo que hay un equívoco en la pregunta, pues parece contraponer la ´moral´ con la ´democracia´, como si se tratase de ámbitos incompatibles. Y no es así. Entendida la moral como conjunto de valores y reglas de conducta que orientan la acción humana, es claro que en el ámbito de una democracia pluralista se confrontan visiones morales diferentes sobre muchos temas, y así debe ser legítimamente. La izquierda tiene sus visiones morales, como la derecha, y no veo por qué hay que evitar ese término, como si ´moral´ fuera un ámbito conectado a ´religioso´ o similar. Los seres humanos somos constitutivamente seres morales, todos. El debate social sobre una ley es el momento democrático adecuado para que los participantes presenten sus puntos de vista morales sobre su contenido, junto con otros puntos de vista pragmáticos o técnicos, y esos puntos de vista puedan ser sometidos a contraste. El debate moral no es una anomalía, sino lo más normal en una sociedad, sobre todo cuando se trata de una cuestión con implicaciones ´de vida o muerte´. Otra cosa distinta es que alguien pretenda convertir directamente sus reglas morales en reglas jurídicas obligatorias para todos, sin pasar por la legitimación democrática de sus ideas. No creo que estemos en esa situación.

¿Por qué critica usted la actitud de la izquierda en esta cuestión?

En el caso concreto del artículo que publiqué, criticaba a la izquierda española por practicar un reduccionismo simplón de lo que significa ´moral´, asimilando este término a ´religioso´ o ´eclesiástico´.

¿Es legítimo que los que tienen una identidad religiosa intervengan en un debate público desde esa identidad? ¿Cómo puede ser esa intervención desde la identidad religiosa sin recurrir a principios de “autoridad”, respetando la racionalidad crítica que exige la vida democrática?

No es que sea legítimo, es que es obligado. ¿Desde dónde si no van a articular sus puntos de vista quienes los sustentan en una creencia religiosa? ¿Van a ´poner entre paréntesis´ lo que más fuertemente les motiva a pensar de una forma determinada cuando opinan públicamente sobre esa cuestión? Tal cosa sería impracticable e inexigible. Otra cosa es que quienes se inspiran en creencias religiosas o de otro tipo particular deban hacer el esfuerzo de proponer sus argumentos de una manera o con una explicación antropológica común al resto de los ciudadanos: en otros términos, no sustentar su postura en argumentos de autoridad particulares a su propia institución (´es pecado´, ´lo dice el libro´, etc) sino hacer el esfuerzo de traducirlos a un lenguaje antropológico común que sea debatible por todos.

Se apela mucho estos días al consenso. ¿Es una regla absoluta?

El consenso es el fundamento de las reglas básicas de la democracia, pero no tiene que serlo de los contenidos concretos que produce en forma de leyes particulares. Creo que reclamar sistemáticamente el consenso como método de actuación política democrática no es correcto, porque no deja lugar para el ciudadano que, aun acatando el resultado de una deliberación democrática como obligatorio, se sigue manifestando disconforme con ese resultado. Es decir, el lema del consenso por sistema acaba expulsando de la democracia al que disiente, y la democracia es más un sistema para disentir civilizadamente que al revés. Por ejemplo, en una materia como la del aborto es patente que nunca llegará a existir un verdadero consenso, por tratarse de un asunto que toca de cerca visiones del mundo demasiado distanciadas y pugnantes. Una sociedad democrática deberá aspirar a una regla que resuelva el conflicto de una manera razonable, pero sabiendo que esa regla no resolverá nunca la disensión moral sobre el asunto. Y ello no es negativo, no es una deliberación frustrada y democráticamente fracasada, sino una riqueza.

¿Qué  entiende usted por “esencialismo democrático”?

El ´esencialismo democrático´ es un término técnico que utilicé en una obra general para caracterizar la posición de una parte de la teoría política contemporánea, la que (dicho en términos muy generales) entiende que la democracia como sistema es sobre todo y ante todo el gobierno del pueblo por el pueblo y, por ello, reclama ´más democracia´ ante los fallos e insuficiencias del sistema actual. Yo me inclino por pensar, como lo hace otro sector de la teoría, que la democracia constitucional actual es un conjunto de reglas e instituciones de origen y función mucho más compleja, y que una parte importante de ellas no se inspira en la voluntad popular directa sino que más bien tiende a restringir esta voluntad estableciendo ´cotos vedados´ o ´ámbitos insusceptibles de decisión´ o instituciones cuyo valor es precisamente el de no estar al alcance directo de la voluntad democrática, sino protegidos de ella (´contramayoritarias´). Precisamente uno de los motivos de degeneración del sistema español es la colonización de las instituciones contramayoritarias por los representantes de la voluntad popular. Por poner un ejemplo, el Tribunal Constitucional o el CGPJ no precisan de ´más democracia´ sino de ´más independencia´ para cumplir bien su función.