Es el momento de acabar con la incertidumbre en la enseñanza concertada

Mundo · Jesús Pueyo
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9 febrero 2017
Es el momento, el momento de la renovación de forma generalizada de los conciertos educativos suscritos entre distintas administraciones públicas y centros educativos de iniciativa social. Es el momento, y de las decisiones de las Consejerías de Educación dependerá que los conciertos continúen, lo que va unido a cierta inquietud y preocupación en aquellos territorios que están a la espera de lo que suceda.

Es el momento, el momento de la renovación de forma generalizada de los conciertos educativos suscritos entre distintas administraciones públicas y centros educativos de iniciativa social. Es el momento, y de las decisiones de las Consejerías de Educación dependerá que los conciertos continúen, lo que va unido a cierta inquietud y preocupación en aquellos territorios que están a la espera de lo que suceda.

Para no caer en la exageración, en la inmensa mayoría de los casos se cumplirá con el procedimiento administrativo y todo continuará igual. Pero esto no quita para que, como consecuencia de la escasez de alumnado, habrá unidades, tanto de la red pública como de la concertada, que no podrán seguir abiertas. Por eso hay que trabajar para que esta reducción sea mínima, pensando en que lo ideal sería poder dar un tratamiento individualizado a los alumnos –sí reduciendo el número de ellos por aula, no reduciendo aulas– lo que, si duda, contribuiría a atajar las altas tasas de abandono y fracaso escolar que tanto lastran nuestro sistema escolar.

Y en este momento, ¿por qué hay inquietud en los centros concertados, en los profesionales o en las familias? Partiendo de la premisa de que el derecho de los padres a la libre elección del tipo de educación que desean para sus hijos no es absoluto, tal y como deja claro reiterada jurisprudencia, las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar que todos los ciudadanos tengan una plaza escolar, para lo que deben respetar ese derecho de elección realizando para ello una programación de la oferta educativa teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, la demanda social. Es por esta razón por la que en sus manos está tomar decisiones o adoptar medidas que puedan favorecer este derecho o, por el contrario, dificulten su ejercicio.

Dicho esto, ahora podemos entender la inquietud por parte de un amplio sector de la comunidad educativa en aquellas comunidades donde los responsables políticos ya han deslizado mensajes que anuncian la aplicación del falaz principio de subsidiariedad de la enseñanza concertada respecto de la enseñanza pública, a pesar de la ilegalidad de este enunciado, tal y como sentenció recientemente la justicia de nuestro país.

Y lo peor no es el mensaje, sino la ejecución del mismo, que se está traduciendo no solo en la negativa a incrementar las aulas concertadas en aquellos centros que están acreditando un exceso de demanda, sino que se están cerrando unidades y se están denegando los conciertos a centros que hoy ya tienen suficiente número de alumnos, a los que, en contra de los deseos de sus familias, se les está derivando a centros públicos que tienen plazas vacantes, lo que a todas luces es un ataque directo al derecho de los padres a elegir libremente, derecho que una administración responsable debe proteger y que, sin embargo, queda supeditado a la imposición de un centro educativo que no han elegido.

Es el momento, el momento de recordar que el Tribunal Supremo, el pasado 25 de mayo, como consecuencia de un procedimiento iniciado por el sindicato FSIE frente a una decisión administrativa que atacaba frontalmente la libertad de enseñanza, dictó una importante sentencia que anulaba tal decisión. Dicha administración aplicaba el citado principio de subsidiariedad de la enseñanza concertada con respecto a la enseñanza pública para justificar el cierre de un aula concertada con suficiente número de alumnos para trasvasarlos a un aula de un centro público que estaba prácticamente vacío.

Aprovecha el Alto Tribunal la sentencia para analizar este “principio” asegurando (para aquellos que puedan tener dudas) que «no resulta de aplicación el principio de subsidiariedad en relación con la enseñanza concertada (…). Esa afirmación no puede compartirse porque es contraria a la letra y al espíritu de la Constitución y de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación».

Además, se puede leer que «la Ley reguladora del Derecho a la Educación de 1985 y la Ley Orgánica de Educación de 2006 establecen un régimen dual para la prestación del servicio educativo, en lo relativo a la enseñanza obligatoria y gratuita. Es decir, el sistema pivota sobre dos ejes, la enseñanza privada concertada y la enseñanza pública».

En conclusión, el Supremo descarta claramente el papel subsidiario que algunos quieren atribuir a la enseñanza concertada y dictamina que «no se otorga, en dicha regulación legal, a los centros privados concertados un carácter secundario o accesorio respecto de los centros públicos, para llegar únicamente donde no lleguen estos últimos, es decir, para suplir las carencias de la enseñanza pública».

Y como es el momento, desenmascaremos lo que se esconde tras esta polémica de claro marcado carácter político que ya dura más de 30 años. Digamos que la derecha y la izquierda se adueñan de la defensa de los modelos educativos y se empeñan en presentarlos como antagónicos cuando estamos ante dos opciones complementarias. Por tanto, eliminar o reducir la pluralidad de centros existente es acabar con las libertades reconocidas en la Constitución. Tanto la libertad de enseñanza como la de elección de centro se recogen en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, por lo que no cabe discusión sobre que la educación, entendida como servicio de interés público, puede ser impartida, y deber serlo, tanto por centros de titularidad pública como por los que no lo son, en aras de garantizar esas libertades.

Nadie puede negar que existen cuestiones relativas a las condiciones en las que se suscriben los conciertos que se pueden mejorar. No olvidemos que la normativa vigente es de 1985 y la experiencia acumulada aconseja algunas modificaciones que en ningún caso suponen cuestionar un modelo eficaz en su transparencia y control del uso de fondos públicos, y que garantiza la libertad de elección.

Aun así, es el momento de actualizar y adecuar a la realidad actual los derechos y obligaciones de aquellos centros que suscriben un concierto educativo. Además, yendo más lejos, y pensando el global, si de verdad aspiramos como país a alcanzar un Pacto Educativo, cuyo objetivo esencial sea alejar la educación de los intereses partidistas y cortoplacistas de la política, es el momento de tener presente la necesidad de armonizar dentro del pacto las redes que hoy forman el sistema educativo: la enseñanza sostenida con fondos públicos, que se hace efectiva a través de centros públicos y privados concertados, y la enseñanza privada.

Es el momento, el momento de esperar que las administraciones públicas tomen las decisiones acertadas en este proceso de renovación de conciertos y en pocos meses sabremos si se impone la cordura o si se nos obliga a acudir de nuevo a los tribunales para frenar nuevos atropellos injustificados.

¡Ojalá pronto desaparezca la preocupación que hoy se cierne sobre el sector y las familias! Ya es el momento.

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