EPC: El camino es la depuración de los contenidos

Si el TSJ asturiano decía que no podía valorar si la asignatura lesionaba o no derechos fundamentales, al desconocer su contenido, el TSJ andaluz, a la vista del contenido, inicia un camino que me parece el más adecuado: la depuración del contenido de los Decretos para hacerlos conformes con la Constitución.

La asignatura EpC, en sí misma, por su solo título, es evidente que no entra en conflicto con la Carta Magna. Pero su desarrollo sí puede entrar, en la medida en que no respete los derechos de los padres para elegir la educación de sus hijos, y para decidir sobre su formación religiosa y moral. El alcance de lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Constitución va más allá del ámbito de la educación religiosa. Y supone, además, que ése es un espacio vedado a la acción de los poderes públicos, de modo que corresponde a los padres decidir acerca de la educación moral de sus hijos menores. El Estado no puede tomar partido en debates morales y políticos, cuyo terreno debe ser la sociedad.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado, en su Sentencia de 29 de junio de 2007 que "es en el cumplimiento de un deber natural hacia los hijos -respecto de los cuales los padres son los primeros responsables en su ‘educación y enseñanza'- donde los padres pueden exigir al Estado el respeto a sus convicciones religiosas y filosóficas. Su derecho se corresponde con una responsabilidad estrechamente ligada al disfrute del ejercicio del derecho a la educación".

El planteamiento de la objeción puede ser un buen instrumento que, ante la negativa a aceptarla por parte de los poderes públicos, permita el acceso a los tribunales alegando la violación de un derecho fundamental. En la medida en que en esos recursos se detallen los contenidos que se consideran inconstitucionales, se estará facilitando la tarea a los tribunales. Éste es el camino que parece haberse iniciado, y que puede acabar "depurando" la asignatura.

Carlos Vidal Prado es vicerrector adjunto de Espacio Europeo de la UNED y profesor titular de Derecho Constitucional