En Cataluña hará falta la política que no ha habido

A pesar de las detenciones y de la incautación de material electoral, Puigdemont quiere que el 1 de octubre se vote. Como sea. Quiere referéndum a toda costa. Aunque haya pocas urnas, aunque la participación sea menor que en la del 9-N. ¿Significa eso que está decidido a proclamar la independencia el mismo domingo o el 2 de octubre? No parecería razonable, pero hace tiempo que el president de la Generalitat no se comporta de forma razonable.

Las detenciones de altos cargos practicadas por el titular del juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, le han venido al pelo a Rajoy. La estrategia del presidente del Gobierno no es reducir a cero la consulta, objetivo que es imposible. Urnas aparecerán y votantes habrá. El objetivo de Moncloa ha sido y es, sin recurrir a una suspensión formal de la autonomía, hacer materialmente muy difícil el voto. De modo y manera que no se puedan ofrecer cifras serias de participación, que “la cosa” del 1 de octubre no tenga visos de seriedad y que a todos sea evidente que han ido a depositar su papeleta menos de esos dos millones que se movilizaron en 2014. De ahí el control de las cuentas. Seguramente no va a cerrar todos los colegios o pseudocolegios electorales que se abran el día 1, y hará bien. No tiene sentido que la Guardia Civil persiga urnas de cartón. Pero las detenciones sirven, diez días antes de la fecha señalada, para lanzar un aviso de que el Estado va en serio y para tener controlados a los organizadores del referéndum. La única duda es si la lógica búsqueda de una respuesta proporcional se ha visto sobrepasada por la actuación judicial. Hay un cierto sector de la opinión pública de Madrid que lleva años sin hablar con un catalán y que quiere mano dura, pero Rajoy hace bien en no dar más pretextos al victimismo. Las detenciones se han hecho con mucho tiempo: las protestas en las calles, incluidos los incidentes de violencia contra la Guardia Civil, van a necesitar mucha moral para mantenerse vivas. Solo dentro de unos días sabremos si los arrestos ordenados por el juez y las reacciones de los radicales van a movilizar o disuadir a los independentistas no radicales.

Si no se produce esa movilización masiva, el Gobierno va a conseguir, lo tiene en parte conseguido, que la consulta no tenga entidad. Y habrá vencido. Otra cosa es que consiga convencer. Convencer a los independentistas no radicales de que es un disparate seguir a Puigdemont por el despeñadero. Si Puigdemont se empeña en “subirse al balcón” para proclamar la independencia, después de una consulta convertida en una pantomima y después de una semana larga de actos violentos de la borroka catalana en la calle, será fundamental que los independentistas y nacionalistas con sentido común, que no son pocos, lo abandonen. Porque si hay proclamación de la independencia, entonces sí habrá que aplicar el 155 de la Constitución y suspender la autonomía. Y sería un desastre tener que tomar esa medida con más del 40 por ciento de los catalanes en contra.

Pero haya o no haya declaración de independencia, Rajoy tiene que hacer política. Tiene que poner sobre la mesa una propuesta para que los catalanes voten, por ejemplo, una nueva reforma del Estatuto. No es un disparate una reforma constitucional. El concierto a la vasca no es una solución para Cataluña porque sería brindarle una independencia posible dentro de 15 o 20 años. Pero hace falta la imaginación y el arrojo político que Rajoy no ha tenido en los últimos años para encontrar soluciones que sean más interesantes que la utopía ideológica. ¿Por qué no federalismo asimétrico? ¿Por qué no cierta forma de bilateralidad?