El Sudoku autonómico sigue sin resolverse

La próxima semana, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno presentará el nuevo modelo de financiación. Esta semana varias Comunidades Autónomas han amenazado con no firmar el acuerdo. Baleares ha advertido que no puede por el momento aceptar la propuesta que hay sobre la mesa y ha pedido el mismo trato que para la media de las autonomías. Extremadura ha afirmado que no aceptará un modelo que contemple el esfuerzo fiscal. Galicia y Madrid han denunciado el silencio del Gobierno. El consejero madrileño de Economía advertía estos días que el modelo debería mantener en el tiempo la suficiencia financiera, un punto desconocido en el borrador con el que cuentan las CCAA. El ministro Chaves respondía a las críticas de estas regiones y aseguraba que las comunidades ya saben qué cantidad les corresponde en el nuevo sistema de financiación -unas declaraciones respondidas enseguida por las regiones afectadas.

Este viernes el consejero catalán Antoni Castells presenta a sus socios en la Generalitat el acuerdo in extremis alcanzado con la ministra Salgado. Un acuerdo que mejoraría las cifras que recibiría Cataluña y también su posición en el ranking de recursos por habitante. El Gobierno se ha visto obligado de nuevo a negociar de forma bilateral con Cataluña para poder salvar el primer escollo en el nuevo modelo. Y es que la aprobación del Estatuto de Cataluña en la primera legislatura de Zapatero anticipó el trato preferencial que le otorgó a esta región respecto al resto de los territorios autonómicos.

Se hace cada vez más necesario el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el texto estatutario catalán en preceptos como el que regula el sistema de financiación. Hasta entonces seguiremos escuchando voces como la de Artur Mas, quien dice que lo establecido en el Estatut será para cumplirse aunque pueda "importunar" a otras comunidades. De momento no vendría mal que alguien del Gobierno comentase la propuesta que este jueves le ha hecho la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Cospedal ha exigido la conveniencia de un pacto de Estado para garantizar la estabilidad del sistema de financiación. Un sistema que, como les recordó en varias ocasiones Solbes a los partidos catalanes, debe ser único para todas las comunidades autónomas.