El régimen ataca violentamente

Mundo · A.C. Democracia y Desarrollo
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18 diciembre 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en comunicado de prensa, condenó el asesinato de Óscar Barrios, beneficiario de medidas provisionales ordenadas por  la Corte. Es el quinto miembro de esta familia asesinado por funcionarios policiales. Bajo la vigencia de las medidas de protección de la Corte, también fue asesinado, presuntamente por policías, Rigoberto Barrios, de 15 años de edad.

La CIDH considera de suma gravedad que Venezuela no haya adoptado las medidas para proteger la vida de Óscar Barrios, teniendo en cuenta los asesinatos anteriores de otros miembros de la familia, las amenazas y hostigamiento de que fue objeto, y las medidas de protección ordenadas por la Corte. Ésta pidió también que se determine el paradero y suerte de Eduardo Natera, quien estaba detenido y guardias nacionales lo sacaron del centro de reclusión y lo condujeron violentamente hasta un vehículo. Desapareció.

En el caso de Francisco Usón, la Corte declaró culpable a Venezuela por gravísimas violaciones al estado de derecho. Es la décima vez que la Corte hace un pronunciamiento similar. Eligio Cedeño, un preso personal de Chávez, según se comenta en los tribunales, ha estado detenido durante tres años, sin condena ni audiencia preliminar, acto en que se decide el delito por el cual sería enjuiciado. Solicitó revisión del arresto preventivo que le fue impuesto en febrero de 2007, lo cual acordó la juez por considerarlo procedente. Inmediatamente la juez fue destituida y encarcelada.

En las páginas de la prensa nacional son frecuentes las noticias sobre asesinatos de estudiantes por funcionarios policiales o milicianos (paramilitares). El último ha estremecido al país pues fue filmado por cámaras de televisión y apareció en los noticieros, mostrando a los pistoleros disparando contra Jesús Eduardo Ramírez. El rector de la UNET informó que el asesinato del estudiante se había producido en una manifestación pacífica. Es una triste consecuencia -dijo- de haber dividido al país en dos pedazos, los que están con el Gobierno, envenenados por el odio, y los que disienten del régimen, dispuestos a defender, a cualquier precio, el derecho a manifestar exigiendo respeto a los derechos humanos.

Grupos estudiantiles se mantuvieron en huelga de hambre frente a las oficinas de la OEA durante nueve días, exigiendo que el Gobierno autorice la visita de la CIDH. El régimen afirmó que era un "show mediático" y que la visita no tendría lugar mientras hubiese enemigos de la revolución en la Comisión. El coraje con que los estudiantes asumieron la huelga quedó demostrado con la decisión de los médicos de hospitalizar a varios de ellos, en terapia intensiva, por presentar delicadas complicaciones de salud.

Insulza les pidió que levantaran la huelga, a lo cual se negaron. La OEA tuvo que enviar una comisión para dialogar con los estudiantes y ofrecer una visita oficial del secretario general para principios del año. Sólo así pusieron fin al mecanismo de protesta, por estimar que habían logrado su objetivo. El estudiantado se ha constituido en vanguardia de la lucha cívica contra el régimen chavista. Su bandera es la defensa de los derechos humanos. La huelga de hambre, como instrumento de protesta y reclamo de derechos, ha motivado a seguir el ejemplo a obreros a quienes se les niega el pago de salarios y prestaciones, productores agropecuarios despojados de sus fincas y otros grupos que se declaran víctimas de atropellos.

Un caso que ha impresionado notablemente a la opinión pública es el del productor agropecuario Franklin Brito, que se declaró en huelga de hambre por haber sido despojado del pequeño fundo de su propiedad. Luego de numerosos días, los médicos encontraron su estado de salud tan deteriorado que suponía riesgo de muerte. Fue secuestrado por policías que lo condujeron violentamente al Hospital Militar con propósito de alimentarlo. Brito se negó a recibir tratamiento y afirmó que sólo pondría fin a la huelga si le era devuelta la propiedad de la que fue despojado ilegalmente.

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