El proceso catalán y la educación. Preguntas en el aire

Pasó ya el 27-S. Ya pasó lo que para unos era una cita plebiscitaria, para otros, la elección de un parlamento autonómico, y para la gran mayoría, tanto de los llamados a las urnas como de los que hemos estado siguiendo el proceso como meros espectadores, una convocatoria electoral cuyo resultado deja “la cuestión” en los mismos términos que estaba antes de las votaciones.

¿Habrá independencia ya? ¡Qué pregunta! Es evidente que por mucho que este nuevo Gobierno autonómico declarase unilateralmente su independencia del Estado español, su iniciativa no dejaría de ser una simple declaración de intenciones, sin efecto jurídico ni legitimidad alguna. Y si lo que se pretende es conseguir la secesión por la vía de los hechos consumados, mediante la puesta en marcha de una estructura de “nuevo Estado”, supliendo la ya existente, habrá que ver cuál es la reacción del Gobierno central, de los Ejecutivos autonómicos, de los partidos políticos contrarios a la independencia y de la Unión Europea.

Es obvio que el denominado “problema catalán” sigue estando ahí, que el 27-S ha sido un episodio más y que queda mucho camino por recorrer. Lo deseable sería un profundo y serio diálogo sobre este asunto, sin perder de vista el conjunto de la configuración del Estado autonómico que tenemos. Se hace necesaria una negociación de altura política equiparable a la que dio lugar a nuestra Constitución. Hay que ponerse en el lugar del otro, hay que identificar lo que es justo que se reclame y solucionarlo y, al mismo tiempo, para no romper el Estado, hay que tener firmeza para desechar las exigencias que no se ajusten a las leyes y fomenten privilegios, diferencias y agravios no fundamentados entre las autonomías.

En estas intensas semanas se ha dicho y escrito mucho sobre las consecuencias que podría tener para Cataluña y España una posible independencia catalana. Y si hacemos una revisión de todo, podremos concluir que no ha existido claridad ni objetividad en la exposición de esta cuestión, lo que sin duda ha mermado la calidad de la información que los ciudadanos han manejado para decidir su voto y para el conocimiento de la situación. Ni los que estaban a favor, ni los que estaban en contra de la tan traída y llevada independencia han sido lo suficientemente claros y prueba de ello es que hoy seguimos con muchas cuestiones sin resolver.

Hablando de educación, la situación de Cataluña en estos últimos años no representa un caso singular ni especial. La descentralización de competencias en esta materia ha servido, en la mayoría de los territorios, para remarcar, profundizar y aumentar las diferencias entre las autonomías. Cataluña no ha sido una excepción, aunque quizá haya tenido un tinte especial por el asunto de la lengua.

Si el nuevo Gobierno catalán insiste en su “proceso secesionista”, sería lógico que entre sus primeras medidas aprobara una ley de Educación paralela a la vigente en el resto del Estado. Si, por el contrario, el desafío no es tan fuerte como se quiere hacer ver, seguirá poniendo palos a las ruedas de las leyes del Estado, aunque tarde o temprano acabe cumpliendo con ellas.

Puede que la educación sea un problema para del nuevo Ejecutivo de esta extraña coalición “Junts Pel Sí”. Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ahora ya sin Unió, siempre ha defendido la enseñanza concertada. De hecho, Cataluña es una de las autonomías que más centros concertados tiene. Sin embargo sus compañeros de viaje, Esquerra Republicana (ERC), y probablemente Candidatura d’Unitat Popular (CUP), contemplen imponer un modelo de escuela única, pública y laica, y acabar con los conciertos educativos y con la libertad de enseñanza. Veremos si Convergència sigue siendo la parte fuerte de este Gobierno o se ha entregado a la izquierda radical.

Ya en el terreno de lo pragmático, es curioso que durante estas últimas semanas no hemos leído, ni escuchado tampoco, hablar sobre las consecuencias que podría tener para los alumnos y profesores la hipotética independencia de Cataluña si no es reconocida ni por España ni por el resto de la Unión Europea.

¿Alguien se ha preguntado qué pasaría con los funcionarios públicos que tienen aprobada su oposición y trabajan en Cataluña? Y sobre todo, y lo que parece más preocupante aún, ¿alguien sabe decirnos qué pasaría en este caso con los títulos académicos? ¿Cuál sería la validez de un título expedido por un supuesto Gobierno no reconocido por otros países? ¿Y qué pasaría con los alumnos de enseñanza no universitaria que quisieran trasladarse a otras autonomías y tuvieran problemas si no se les reconocen los años cursados en Cataluña? ¿O qué sucedería con los universitarios que quisieran acceder al mercado laboral fuera de Cataluña y vieran cómo sus títulos universitarios no tienen validez alguna?

No son sólo preguntas, son cuestiones que habría que dejar bien claras para evitar jugar con el futuro de cientos de miles de personas. Alguien debe explicar claramente, sin demagogia y desde el punto de vista estrictamente legal, lo que pasaría, y debe ser cuanto antes.

Parece claro que no es bueno enseñar que las leyes se cumplen si benefician a mis intereses y si no, se pueden y deben incumplir. Entrar en esa dinámica rompe el juego democrático que, siendo imperfecto, es el mejor que tenemos. La escuela está para educar a ciudadanos libres, pero también comprometidos con el respeto de las normas que nos rigen. Las aulas deben ser viveros de ciudadanos libres, pero respetuosos con el pensamiento del otro. Ciudadanos libres, pero sabiendo que para vivir en sociedad hay que buscar de forma permanente el encuentro y el acuerdo con los diferentes.

Sin duda, el sistema educativo debe dar respuesta a las necesidades de los alumnos y las familias en cada territorio, pero nunca debe usarse para enfrentar y separar. Los grandes partidos estatales, Partido Popular (PP) y Partido Socialista (PSOE), no han estado acertados hasta ahora y tampoco lo ha estado la ya escindida CiU. No olvidemos que la educación debe ser un instrumento muy importante en la solución de problemas como éste. Desde la escuela se puede contribuir de forma decisiva para crear espacios de encuentro y acuerdo, cosa diferente es la voluntad política de quien legisla y su disposición para que sea una realidad.