El país de la extorsión y el saqueo

Mundo · Horacio Morel (Buenos Aires)
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20 diciembre 2013
Todo comenzó en la provincia de Córdoba. La policía provincial se autoacuarteló reclamando un aumento de salarios. En una acción bien calculada, los agentes del orden abandonaron la custodia de las calles y lugares públicos de la ciudad mediterránea en ausencia del gobernador –que veraneaba en el exterior-, previo aparente aviso a la población de los barrios más humildes de que habría vía libre para cualquier conducta antisocial.

Todo comenzó en la provincia de Córdoba. La policía provincial se autoacuarteló reclamando un aumento de salarios. En una acción bien calculada, los agentes del orden abandonaron la custodia de las calles y lugares públicos de la ciudad mediterránea en ausencia del gobernador –que veraneaba en el exterior-, previo aparente aviso a la población de los barrios más humildes de que habría vía libre para cualquier conducta antisocial. En pocas horas se desató el caos de los saqueos a los comercios, liderados por los dealers de la droga montados en motocicletas, seguidos por cientos de “delincuentes por un día” que dieron rienda suelta a un consumismo no oneroso llevándose a su casa comida, pero también bebidas alcohólicas, ropa, calzado y electrodomésticos. Las imágenes de comerciantes defendiendo sus negocios a punta de escopeta y vecinos indignados intentando evitar los saqueos, nos trajeron por un rato a la más descarnada realidad imágenes propias de las películas del Lejano Oeste.

Como reguero de pólvora, el reclamo policial se expandió rápidamente a veinte de las veinticuatro provincias argentinas, en la mayoría de las cuales se repitieron los episodios con un lamentable saldo de heridos y muertos. En todos los casos, la extorsión policial consiguió en apenas 48 horas un aumento que a los sindicatos legalmente organizados y constituidos les lleva no menos de dos o tres años de negociación salarial en largas y tediosas paritarias con las asociaciones patronales.

No hace falta imaginar una hipótesis conspirativa para explicar lo sucedido: simplemente resultó muy sencillo para las policías provinciales hacer sentir las consecuencias de su inacción y así obtener lo que reclamaban. El resto lo hicieron parte de los casi 900 mil jóvenes entre 16 y 30 años que no estudian ni trabajan.

Es cierto que el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, es un peronista opositor que está enfrentado con el gobierno central en un juicio multimillonario que se ventila en la Corte Suprema, pero no ha habido ninguna acción orquestada desde gobierno nacional detrás de los tristes episodios de la semana pasada: si alguna responsabilidad le cabe al kirchnerismo, es la consolidación de ese ejército de excluidos que han sido incorporados al Estado mediante planes sociales de asistencia, pero no a la sociedad.

Son muchachos jóvenes que han abandonado la escuela, muchos de los cuales no saben ni quieren trabajar, y que con los subsidios gubernamentales sobreviven sin grandes aspiraciones en una sociedad en la que el mercado y la publicidad les agita un deseo desenfrenado por consumir. Los menos intentan aprender un oficio, la mayoría matan el tiempo, cumplen con su deber de concurrencia a actos oficiales, algunos se involucran en la militancia social o política, otros hacen carrera en las organizaciones del narcotráfico o en las barras bravas del fútbol: querer voltear un gobernador opositor pareciera ser un pecado menos grave…

La otra responsabilidad oficial es haber favorecido durante todos estos años “K” la cultura del “apriete”, término vulgar de la extorsión: lo hizo hasta el hartazgo para disciplinar intendentes y gobernadores a través del reparto discriminado de fondos federales para obras públicas; lo admitió cuando su principal aliado sindical –ahora opositor- recurrió sistemáticamente al bloqueo de empresas para conseguir el reencuadramiento sindical de los empleados en favor de su gremio del transporte, pretensión luego siempre convalidada por el Ministerio de Trabajo.

El gobierno de Cristina, cuyo rostro visible ahora es el nuevo Jefe de Gabinete Jorge Capitanich –uno de los pocos oficialistas triunfantes en las últimas elecciones, gobernador de la Provincia del Chaco con licencia-, salió rápidamente a despegarse de los conflictos policiales declarando que se trataba de cuestiones provinciales en las que el gobierno federal no debía inmiscuirse, excepto que el gobernador extorsionado por su policía reclamara la asistencia de las fuerzas de seguridad nacionales para garantizar el orden.  Ignorando un fenómeno que puede arrollarlo como ya ha ocurrido en el pasado, el gobierno nacional repite lo que mejor sabe hacer ante los graves problemas sociales que sacuden al país: tira la pelota afuera, desentendiéndose de la situación.

Recientemente, el Episcopado a través de una minuciosa y valiente declaración ha puesto en consideración de la opinión pública el flagelo cada vez mayor que el narcotráfico significa para la Argentina, que ha pasado de ser un territorio de simple tránsito de droga para convertirse en un espacio geográfico propicio para la elaboración, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. La penosa respuesta del gobierno fue la designación de un sacerdote de Santa Cruz, con alguna experiencia acreditada en la recuperación de adictos, al frente del organismo federal que además de atender la drogadicción debe combatir el narcotráfico. Al igual que con los reclamos de las policías provinciales, la actitud del gobierno kirchnerista parece ser devolver el problema a quien lo trae para que lo resuelva.

En las redes sociales circulan convocatorias anónimas que incitan a nuevos saqueos para el 20 de diciembre. Mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos esperan que se trate de una falsa alarma para poder festejar la Navidad en familia y en paz, habrá de esperar cuál será en su caso la actitud del gobierno nacional y de las fuerzas del orden ante una nueva amenaza a la tranquilidad y a la propiedad de los argentinos.

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